Las villas frente a Doñana venden golf y lagos junto a cultivos que mueren de sed

¿Golf o remolacha? Las villas de lujo que la promotora Costa Guadalquivir S.L. quiere construir en el municipio de Trebujena (Cádiz), con vistas privilegiadas al Parque Nacional de Doñana, donde mirarán los balcones de esta urbanización, han desatado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de la nación, que califica de "locura" el proyecto, al que la Junta de Andalucía ha dado su declaración ambiental favorable. Pero no es la única pugna abierta en un pueblo, incardinado en la Costa Noroeste de Cádiz, junto a Sanlúcar, Chipiona o Rota, cuyos agricultores sufren ya severas restricciones para el riego. La cuenca del Guadalquivir se encuentra al 24,18% de su capacidad.

La oposición del actual alcalde del municipio, Ramón Galán (IU), que tomó el bastón de mando hace un año, tiene mucho que ver con la situación actual de sequía y el rechazo que despierta en un pueblo agrícola que sufre ya el drama de la falta de agua. Su antecesor en el cargo, Jorge Rodríguez, también de IU, sí apoyó durante años el faraónico desarrollo urbanístico y ahora preside el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, responsable de abastecer de agua a 15 municipios con 800.000 habitantes. Los responsables municipales de la zona no descartan restricciones más allá de la agricultura, para el consumo humano, si tras el verano sigue la sequía.

Dos veces el pueblo

La urbanización diseñada es dos veces más grande que el pueblo que lo alberga, consume más agua que el municipio y está a cinco kilómetros del mismo. El proyecto urbanístico señala que consumiría 850.000 metros cúbicos de agua, incluyendo el campo de golf, las zonas regables ajardinadas y la propia urbanización, con 300 villas y un hotel. La maqueta muestra lagos artificiales de agua dulce y un frondoso campo de golf a apenas dos kilómetros de fincas de cultivo que sufren restricciones de agua. El complejo urbanístico gastaría más agua que todo el pueblo que lo alberga, Trebujena, con un consumo de 800.000 metros cúbicos y con una población de 7.010 personas.

Los promotores aseguran que la mayoría del agua no será potable sino procedente de agua de lluvias y reutilizada. El problema es que Trebujena, el municipio con menos precipitaciones -según la Aemet- de toda la provincia de Cádiz, ni siquiera tiene depuradora. La declaración ambiental favorable firmada por la Junta de Andalucía señala con claridad que habría que construir esa depuradora como alternativa. Se plantea regar el campo de golf con agua reutilizada de una depuradora que no existe. Ese agua saneada se podría devolver también al canal de riego y beneficiar a los cultivos de la zona que sufren la sequía, advierten los agricultores.

Informe "sin criterio suficiente"

El informe emitido por la Junta de Andalucía admite la complejidad del “entramado” de competencias en materia hidráulica divididas entre la Junta de Andalucía y Confederación la Hidrográfica del Guadalquivir. “En la zona de actuación conviven canales y acuíferos (…) competencia de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y por otro lado el Dominio Público Marítimo Terrestre y Dominio Público Hidráulico competencia de la Junta de Andalucía”, explica el documento. Para dar una respuesta coordinada, el Gobierno andaluz asegura que le requirió su pronunciamiento a la Confederación del Guadalquivir en dos ocasiones, el 3 de febrero de 2020 y 28 de junio de 2021, “sin recibir respuesta”. “El 9 de septiembre de 2022 hicimos un tercer intento de consulta sin respuesta hasta la fecha”, concluye.

Sí que da la respuesta de la Junta de Andalucía, en concreto del Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad Aguas que manifiesta que le falta información del ayuntamiento y no tiene “criterio suficiente” para emitir un informe. “No obstante lo anterior, el departamento de Dominio Público Hidráulico ha realizado un esfuerzo importante para determinar aquello en lo que es competente a pesar del silencio del órgano de cuenca y emite el informe de fecha 9 de marzo de 2023”, recoge el documento. "Teniendo en cuenta que la demanda para el horizonte 2027 se encuentra por debajo de las estimaciones de la Planificación Hidrológica y que la dotación del consumo actual y del crecimiento no superan los 250 litros por habitante y día asignados por la planificación hidrológica para el municipio de Trebujena, se informa la disponibilidad de recursos hídricos en los términos planteados”. La Junta asegura que sí hay agua para el complejo urbanístico.

Riesgo en suelo inundable

El otro asunto que más llama la atención en ese documento de declaración ambiental favorable que emite la Junta de Andalucía es que alertan de “la inundabilidad y la viabilidad del movimiento de tierras”, admitiendo el “riesgo” y que “se puede poner en juego tanto la integridad de las personas como la del medio ambiente”. De ahí que determine que el sí de la Junta queda condicionado a lo que diga la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Lo que dice el órgano de aguas y el Ministerio para la Transición Ecológica es público. Se ve con claridad en la cartografía de suelos inundables, que es pública, y que no deja dudas de que todo el terreno donde se programan las villas de lujo está directamente amenazado por la subida del nivel del mar al estar en unas marismas desecadas. El Ministerio de Teresa Ribera insistió en que la CHG dejará claro este dato que es público en un informe que es preceptivo pero no vinculante. La Junta podría seguir adelante.

La urbanización se empezó a tramitar en 2003. Entonces el ayuntamiento de Trebujena firmó un convenio con un conocido promotor urbanístico, Bernard Devos, por el que éste se comprometía a abonar 5.598.427 euros a cambio de recalificar estos terrenos. El PGOU, con la macrourbanización pactada, se aprobó en 2007. Después la crisis del ladrillo paró todo el plan.

En 2019, con nuevos promotores al frente, el ayuntamiento promovió una modificación del plan general para incluir 300 viviendas, lo que supone aumentar los suelos urbanizables del municipio en un 255 %. Ya hubo una fuerte polémica. En plena precampaña de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, el alcalde tuvo que suspender un pleno ante las protestas para que no se diera el visto bueno al proyecto. No se frenó, se envió a la Junta de Andalucía sin pasar por el pleno municipal ni tener en cuenta las 800 alegaciones que habían presentado las organizaciones ecologistas.

El Gobierno andaluz señala que este proyecto entró en la Junta cuando gobernaba el PSOE y que hasta hace cuatro meses el anterior alcalde de IU pedía su tramitación. La Declaración Ambiental estratégica es favorable, insiste el Gobierno, “porque hay cinco informe técnicos favorables” y aseguran que “no era posible seguir dilatando la tramitación”.