El retraso en la formación de gobierno opaca a Sánchez la presidencia de turno de la UE

El segundo semestre de 2023 se marcó en rojo en el calendario de la legislatura desde que Pedro Sánchez tomó posesión en enero de 2020. La presidencia de turno del Consejo la UE, sobre la que Sánchez ya preguntó nada más llegar a Moncloa después de la moción de censura contra Mariano Rajoy, en junio de 2018, según recuerdan algunos de sus colaboradores. Una prioridad y una trabajada carpeta por la que se llegó a justificar que, pese a las desavenencias en el seno de la coalición, se consumarían los cuatro años de legislatura. El resultado de las municipales con una marea azul trastocaron los planes, empujando a Sánchez a jugarse las generales al todo o nada mediante un adelanto. También a sacrificar el esperado semestre europeo. Al menos en parte, al no producirse un vuelco electoral, pero el retraso en la formación del Gobierno ha acabado por opacar el semestre europeo. Al menos, el protagonismo buscado desde Ejecutivo socialista.

Moncloa deja ahora en el aire la comparecencia del presidente en la Eurocámara para presentar la agenda y las prioridades del semestre europeo. Una intervención por parte del jefe de Gobierno del país que asume la presidencia, que protocolariamente se produce en el primer pleno, pero que se pospuso el pasado mes de julio por el adelanto electoral. La cita coincidía en la recta final de la campaña. Tras confirmar la renuncia, se pospuso para el pasado mes de septiembre. Nuevamente, la intervención prevista se canceló por coincidir con el proceso de investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Desde el Gobierno se limitan a confirmar que la fecha “no está fijada”, a la espera de resolver el puzle de la investidura. Aunque se desencallasen las negociaciones con Junts y se formase gobierno la próxima semana, España entraría ya en la recta final de su presidencia de turno y el discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo perdería parte de su sentido, al tratarse de presentar las prioridades de la agenda. De realizarse, solo podría concebirse a modo de balance.

El Ejecutivo siempre ha querido remarcar que, pese a encontrarse en funciones, el liderazgo de España no estaría en cuestión porque los equipos nunca han dejado de trabajar. Sin embargo, el papel de Pedro Sánchez como coordinador de los debates e impulsor del cierre de acuerdos, ha quedado en un segundo plano. Como con el discurso ante la Eurocámara, las prioridades de agenda se centraron primero en la campaña electoral y, ahora, en la formación de gobierno.

Desde Moncloa se pone el foco en los “logros” por las tres cumbres celebradas hasta la fecha. La de la UE y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), que fue la primera en ocho años, y las paralelas de Granada, el pasado mes de octubre, al celebrarse la Cumbre de la Comunidad Política Europea y el Consejo Europeo informal. De estas últimas, el gran acto del semestre europeo, se destaca sobre todo la participación del presidente de Ucrania. La foto con Volodímir Zelensky fue el mensaje, aunque políticamente apenas se produjeron avances. Como publicó El Periódico de España, la cumbre estuvo ensombrecida por plantones, citas paralelas y exabruptos sobre inmigración.

El ambiente de diálogo que España quería propiciar se vio opacado por la cuestión migratoria, con enfados de Hungría y Polonia y un nuevo frente duro entre Italia y Reino Unido. Asimismo, la ausencia de Azerbaiyán y Turquía impidió que saliese adelante el único acuerdo sustancial que se esperaba anunciar en la cumbre: conversaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán.

Balance triunfalista de Exteriores

Pese a todo, el informe sobre la presidencia española presentado hace tres semanas en el Consejo de Ministros por parte del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, hace una lectura triunfalista. Más allá de la celebración de las cumbres, en materias concretas se cita como avances el Acuerdo de Libre Comercio con Nueva Zelanda, los pasos dados en la directiva para el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, la Ley de Datos, el desbloqueo del pacto sobre migración o los dos nuevos escaños con los que contará España en las próximas elecciones europeas.

Los avances y, sobre todo, la visibilidad pública del semestre europeo, han quedado enterrados por el adelanto electoral y los 108 días que Sánchez lleva en funciones tratando de formar gobierno. La presidencia de turno que se había preparado concienzudamente para exhibir la figura de Sánchez en la arena europea no está siendo el escaparate esperado. Ni para el presidente del Gobierno en funciones, ni tampoco para los ministros a los que se había reservado un papel destacado.

El foco de la ley de amnistía

Las negociaciones para la investidura absorben todo el foco y condicionan también la agenda del Ejecutivo en funciones, replegado en la política doméstica y el objetivo primordial de conseguir formar gobierno. De la proyección internacional se ha pasado a los pormenores de una ley de amnistía y los acuerdos con los partidos soberanistas que siguen encallados en el caso de Junts. Un escenario que además está elevando al máximo la presión ambiental. Tanto en las calles, con protestas que se extienden por las sedes del PSOE en contra de la amnistía, y cada vez con un cariz más violento, como a nivel institucional, con una confrontación nada soterrada entre los poderes judicial y ejecutivo.

Muestra de ello es la declaración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la amnistía. El texto, impulsado por el sector conservador, pone de manifiesto con gran dureza y de forma extensa la "intensa preocupación y desolación" del órgano por la ley de amnistía que el PSOE está ultimando con ERC y Junts, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno. Asimismo, se cita expresamente a Pedro Sánchez, al señalar que "confundir el interés de España con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política".

La respuesta del Gobierno se ha centrado en deslegitimar al CGPJ por tener el mandato caducado hace cinco años. "Una situación totalmente anómala”, según arremetía este martes la portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, desde la sala de prensa del Consejo de Ministros. Asimismo, cargaba contra la declaración por pronunciarse sobre “una norma que no existe y de la que desconocen su contenido”. Este miércoles, además, el comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, enviaba una carta al ministro de la presidencia en funciones, Félix Bolaños, y a la ministra de justicia, Pilar Llop, pidiendo “más información detallada” sobre la nueva ley y en particular “sobre el alcance personal, material y temporal” de la misma.

La presidencia de turno por la que Sánchez se interesó nada más llegar a Moncloa y en la que se trabajó durante toda la legislatura, siguiendo el ánimo de potenciar el perfil internacional del presidente socialista y la influencia en política de exterior de España, se acerca a su final sin apenas foco ni presencia en la agenda.