El TC cumple sus plazos y admite a trámite todos los recursos contra la amnistía

El Tribunal Constitucional ha cumplido los plazos que se había marcado y ha comenzado el pleno de esta semana admitiendo a trámite todos los recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, así como dos de las cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Para resolver la tercera, que incluía también una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se ha pedido informe al fiscal. De esta forma, a la vuelta de navidades, los magistrados podrán empezar a resolver el primer recurso interpuesto, el del PP, para lo que antes de nada deberán pronunciarse sobre la imparcialidad de su ponente, José María Macías, cuestionada por la fiscalía.

Después de que en el pleno anterior, el Constitucional declarara que las comunidades autónomas tenían legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad, al admitir a trámite el de las Cortes de Aragón, en el de esta semana ha hecho lo propio con los del Gobierno de Aragón, Cantabria, Madrid, el Gobierno y la Asamblea de la Región de Murcia, Galicia, Andalucía, Comunitat Valenciana, Castilla y León, La Rioja, Cantabria, Extremadura, Illes Balears y Castilla-La Mancha, así como con dos de las tres cuestiones de inconstitucionalidad que elevó el TSJC. A ellos hay que sumar el recurso del PP, admitido a trámite a principios de noviembre, y la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Supremo y que se admitió a trámite en septiembre.

El alto tribunal catalán tuvo un criterio diferente al del Supremo y remitió tres cuestiones, mientras que el alto tribunal consideró que al elevar la relativa a los desórdenes públicos y los delitos de atentado era suficiente, porque lo que en ella se resuelva tendrá validez para el resto de asuntos, lo que le llevó a no enviar ninguna más. Eso sí paralizó todos los asuntos relativos a la amnistía hasta que el Constitucional se pronuncie sobre la ley cuya constitucionalidad pone en duda.

De esa forma, los 12 magistrados que componen el tribunal llegarán a las navidades con los deberes hechos para a la vuelta de Reyes poder ya pronunciarse sobre el primer recurso sobre la amnistía, que será el presentado por el PP, con el que fijarán el criterio que marcará el destino de todas las demás impugnaciones.

Pero para ello primero deberá lidiar con el asunto que puede dividirles más: resolver la recusación interpuesta por el fiscal general contra el magistrado José María Macías, a la que se dio trámite, porque es la única de la cincuentena presentada con posibilidades de prosperar. Ello se debe a que su caso es inédito en el Constitucional, al ser el primer juez que lo alcanza directamente desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que ha supuesto que ahora deba pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley en cuya tramitación participó, al haber informado en contra de ella, a propuesta del Senado.

Sin embargo, a diferencia del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, Macías considera que ello no es obstáculo para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, lo que obliga a tramitar la recusación, con el consiguiente retraso en la resolución del recurso del PP, del que por sorteo fue designado ponente.