Miguel Ángel Rodríguez reconoce que filtró el 'mail' en el que el fiscal respondía a la propuesta de acuerdo del novio de Ayuso sin saber del correo previo

La mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, ha admitido este miércoles ante el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que él difundió a varios medios de comunicación el correo en el que el fiscal del caso que investigaba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso contestaba a la propuesta de acuerdo que le había mandado la defensa del empresario para evitar llegar a juicio. La difusión de datos personales del mensaje previo, en el que el abogado Carlos Neira ofrecía el pacto a la Fiscalía, es el que ha originado la causa que se instruye en el alto tribunal contra el fiscal general del Estado. Rodríguez ha asegurado que "desconocía" ese primer e-mail y lo ha justificado en que el propio fiscal del caso, Julián Salto, tampoco lo mencionaba en su respuesta. No tuvo acceso al mismo, según su versión, hasta después de que fuera publicado de forma íntegra por El Plural.

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Fuentes presentes en la declaración han señalado que Rodríguez ha puntualizado que disponía del correo que difundió --el del fiscal Salto--desde el mismo día en que este se envió, el 12 de marzo del pasado año, a través de la propia pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, si bien no lo utilizó hasta unas 38 horas después. Lo envió a un grupo de unos 55 periodistas que tiene en una lista de difusión de mensajes telefónicos. A las puertas del Supremo aseguró a los medios que él no se lo remitió a El Mundo y que si lo difundió a periodistas fue "en respuesta" a La Sexta, que en ese momento creía que "mentía", porque no conocía el mensaje previo que demostraba que el pacto había partido de la defensa, como ocurre en cualquier procedimiento.

Las mismas fuentes han señalado que durante la comparecencia la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa, propuso volcar el teléfono de Miguel Ángel Rodríguez, a lo que se han opuesto las acusaciones populares por considerarlo invasivo. Finalmente el jefe de gabinete tuvo que volver al Supremo para entregar a la letrada de la Administración de Justicia una impresión del pantallazo del mensaje en el que difundió el correo del fiscal Salto a ese medio centenar de periodistas. Según sus explicaciones, lo hizo después de que La Sexta informara de que la iniciativa partía de la defensa.

El jefe de Gabinete de la presidenta madrileña ha declarado por espacio de tres cuartos de hora como testigo a petición de la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del fiscal general. Los Servicios jurídicos del Estado le apuntan como responsable de una primera filtración, la del correo electrónico en el que la Fiscalía de Madrid respondía a la propuesta del empresario Alberto González Amador para llegar a un pacto que evitara llegar a juicio, junto a un comentario relativo a que al fiscal del caso, Julián Salto, le habrían prohibido "desde arriba" cerrar el pacto para perjudicar a la pareja de la presidenta.

El político, que hace tiempo no comparece directamente ante los medios, no ha dejado pasar la oportunidad que le ofrecían los que aguardaban a conocer su declaración en el Supremo para asegurar delante de las cámaras que "con independencia" de su declaración, "el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado, tiene que ser condenado de manera ejemplar para que a nadie se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español" y más para utilizarlo políticamente contra su pareja, extremo del que responsabilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que llamó "creador de la trama de corrupción que le rodea".

En este sentido, ahondó en la línea mantenida por la propia presidenta madrileña y consideró "evidente que si González Amador no fuera el novio de Ayuso hacía tiempo que este asunto lo habría resuelto Hacienda". "Por eso digo que el presidente del Gobierno ha diseñado una operación política contra un rival político y eso no puede tolerarse en democracia", insistió antes de explicar que su comparecencia se había prolongado más porque las defensas y la fiscal del caso le preguntaron reiteradamente sobre los mismos extremos. Y no dudó en calificar de "idiotez" la denuncia del PSOE por supuestamente haber difundido datos de periodistas de El País, porque, dijo, que sus nombres se conocen con solo leer el periódico.

A su llegada al alto tribunal, unos veinte minutos antes de la hora a la que había sido citado, Rodríguez se permitió atender a los periodistas que le aguardaban. Ha explicado que comparece "como testigo, sin asistencia legal y obligado a decir la verdad a todo lo que pregunten", y ha asegurado que "no ha hablado" con la presidenta madrileña antes de acudir a la citación. "La verdad siempre pa'lante", ha manifestado para concluir que no teme resultar imputado tras la denuncia que le interpuso este martes el PSOE por difundir datos personales de dos periodistas que investigaban el caso de fraude de la pareja de Díaz Ayuso, y de la que aún no ha sido oficialmente notificado, por lo que ha dicho ignorar sus extremos.

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Declaración de los periodistas

Además de Rodríguez también han prestado declaración como testigos el periodista Esteban Urreiztieta (El Mundo), que fue el primero en informar del pacto, pero atribuyendo su iniciativa al fiscal del caso, Julián Salto, en vez de a la defensa, que fue de quien en realidad partió, y cuya declaración ante el juez se ha extendido durante unos 40 minutos. A su juicio, según fuentes jurídicas, nunca se difundió ningún bulo y de la lectura del correo suscrito por el fiscal Salto se entendía un ofrecimiento para llegar a un acuerdo que evitase a González Amador llegar a juicio, a lo que se sumaban otras informaciones de las que él disponía previamente, como era el depósito de 400.000 euros por parte del empresario y un reconocimiento en la vía administrativa-tributaria.

Después, por espacio de un cuarto de hora, ha comparecido Alfonso Pérez Medina (La Sexta), que fue uno de los informadores que dio cuenta horas después del comunicado original que el abogado del empresario remitió a una dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, en el que reconocía dos delitos contra Hacienda y ofrecía la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Los periodistas, que se han acogido al secreto profesional para no revelar sus fuentes, han sido interrogados por los abogados del Estado que defienden a la fiscal general, Álvaro García Ortiz, y a la jefa provincial Pilar Rodríguez y la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, número dos del Ministerio Público. Ninguna acusación formuló preguntas.

El juez Hurtado les ha llamado a declarar antes de escuchar en los próximos días, también como testigos, a la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, que se opuso a informar con tanto detalle del intento de acuerdo, y el fiscal del caso, así como los responsables de comunicación de fiscalía que tuvieron relación con la nota de prensa que se difundió. El magistrado considera que escuchar a los testigos es imprescindible antes de llamar a declarar a los propios investigados: el fiscal general y la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

La nota de prensa que se emitió para contrarrestar lo que desde Fiscalía General se consideró un "bulo" contenía datos extractados del correo electrónico en el que el abogado Carlos Neira proponía el acuerdo, lo que dio lugar a una gran polémica política y originó la interposición de querellas contra la responsable de la Fiscalía Provincial y el fiscal Salto tanto por parte de Alberto González Amador como por el Colegio de la Abogacía de Madrid, que vio en lo ocurrido un ataque al derecho de defensa.

Finalmente, y tras encontrar indicios de que el fiscal general podría haber participado en la revelación a la prensa del intercambio de correos entre el abogado del empresario y la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevó una exposición razonada al Supremo, que abrió contra él un procedimiento penal.

Tras su declaración en el Supremo, Rodríguez se incorporará al retiro en el que se encuentra Ayuso con todo su Gobierno. Hoy se reúne Ayuso con todos los consejeros del Gobierno regional, como hacen cada año en el inicio de curso, en la Residencia Santillana de Manzanares El Real para analizar las líneas de actuación y trabajo del ejecutivo autonómico para este 2025, informa Elena Marín.