El juez se plantea eliminar del caso los datos personales de llamadas de García Ortiz, pero pregunta antes a las partes

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado por una presunta revelación de secretos de la causa por fraude a Hacienda abierta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se plantea poder eliminar de este procedimiento el resultado de parte de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los dispositivos telefónicos de Álvaro García Ortiz. Se trata de información que incluye datos personales y que ha sido difundida en varios medios de comunicación.

No obstante, y antes de tomar esta decisión pregunta a todas las partes personadas en este asunto si su eliminación puede afectar a la tutela judicial efectiva, esto es, si puede influir de forma negativa en las investigaciones.

Hurtado plantea esta cuestión tras poner en conocimiento de las demás partes la queja formulada por el fiscal general del Estado por la difusión de estos datos, aunque considera a priori que deberían formar parte de la investigación. Y lo hace después de que García Ortiz haya presentado una queja en el Consejo del Poder Judicial tras la incorporación a la causa de un listado de las conexiones de su teléfono móvil durante diez meses.

Es su providencia, dictada este mismo jueves, el instructor traslada la queja para que, en su caso, las diferentes defensas y acusaciones "formulen alegaciones, en la medida que pueda verse afectado su derecho a la tutela judicial efectiva, caso de tales datos que se han de incorporar al sumario, en virtud de lo acordado en una resolución jurisdiccional, fueran omitidos".

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Además, recuerda, "una vez más, a las partes el deber de reserva que (...) incumbe a todas ellas, así como las reiteradas ocasiones en que ha venido insistiendo en él este magistrado, en evitación de difusión pública, fuera de la causa, de datos e información que durante la instrucción vayan siendo incorporados a las actuaciones, de exclusivo uso para ellas".

Queja ante el Consejo

La queja que García Ortiz presentó a principios de esta semana ante el órgano de Gobierno de los jueces fue ampliada este mismo miercoles, y en esta segunda ocasión el fiscal general acusa directamente a los investigadores de la Guardia Civil de ir más allá del límite temporal fijado por el juez Hurtado para la indagación en sus dispositivos, que incialmente se fijó entre el 8 al 14 de marzo de 2024 --fechas de la supuesta filtración de datos de la causa por fraude abierta al empresario Alberto González Amador--.

El motivo de la queja apunta son los documentos adjuntados al último informe entregado por la UCO al instructor, relativo al tráfico de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por el fiscal general del Estado. En ellos se contienen datos personales --números de teléfono, direcciones postales y DNI-- tanto del fiscal general del Estado como de un escolta, así como de otro fiscal, un abogado y un periodista, entre otras personas. Además, se aporta según el fiscal de forma injustificada un listado con la actividad en tiempo real de su dispositivo a lo largo de diez meses que el fiscal considera un minutaje desmesurado de su vida, incluso estando imputado.

Precisa que en una de las líneas se cubre toda la actividad desde el día 7 de marzo de 2024 a las 23.23 horas hasta el día 15 de marzo de 2024 a las 00.01 horas, lo que supone 7.105 anotaciones; mientras que de la otra se aportan los tiempos de conexión desde el 5 de diciembre de 2023 a las 9.59 hasta el 24 de octubre de 2024 a las 00.00 --más de 10 meses--, unas 8.000 anotaciones.

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García Ortiz pone en conocimiento del Consejo del Poder Judicial que desde el Supremo se ha dado traslado a las partes de unas 240.000 anotaciones relativas a su actividad diaria y profesional desde que se iniciaron las pesquisas --el pasado 16 de octubre--, una información que, a su juicio, incluye multitud de datos relevantes para su intimidad y vida familiar que, en cambio, son innecesarios para la investigación. Añade que ha llegado a recibir llamadas y correos electrónicos ofensivos, por lo que explica que ha tenido que cambiar de línea telefónica y cerrar cuentas personales de 'email' que estaban operativas hasta hace menos de un mes.

Por su parte, el Consejo del Poder Judicial ya ha iniciado actuaciones previas para estudiar las reclamaciones realizadas tanto por García Ortiz como por su antecesora inmediata, Dolores Delgado, ya que su número de teléfono es uno de los que consta en el informe de la UCO.