Investigación
La UCO registra por orden del Supremo la casa de Ábalos en Valencia y varias constructoras
Los agentes, que inspeccionaron la vivienda del exministro durante casi nueve horas, también han acudido a distintas empresas para obtener información sobre contratos de obra pública

Nuevo varapalo para Ábalos: el Tribunal Supremo ordena a la UCO registrar su casa en Valencia / Europa Press
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que investiga al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas y en adjudicaciones de obra pública, ha ordenado este martes el registro del domicilio del ahora diputado del Grupo Mixto en Valencia, para proceder a intervenir la documentación relacionada con una pieza secreta, confirmaron fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO.
Además de la inspección de la vivienda de Ábalos, diputado del grupo mixto por Valencia, los agentes de la UCO también han registrado empresas en diferentes partes de España en busca de documentación, según las fuentes consultadas por esta redacción.

Así ha sido el registro en el domicilio de Ábalos en Valencia / Europa Press
Según estas fuentes, los agentes del instituto armado buscan documentación sobre adjudicaciones de contratos de obra civil, unas diligencias que se enmarcan en una pieza secreta de la investigación que dirige Puente. Esta documentación estaría relacionada con algunas de las supuestas comisiones a las que aludió el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. El considerado nexo corruptor de la trama Koldo cifró en 128 los contratos públicos que se habrían adjudicado a constructoras próximas a Koldo García por un importe total de 54 millones de euros entre 2018 y 2021.
Según la versión de Aldama, la mayoría de estos contratos fueron a tres empresas: Obras Públicas y Regadíos SA, Áridos Anfersa SL y Levantina, Ingeniería y Construcción SL. En un escrito confesó haber ingresado dos "comisiones" de casi 100.000 euros, de las empresas Levantina Ingeniería y Construcción y Grupo Azvi. Aldama dijo que estos pagos se habrían realizado gracias a su intermediación para que estas firmas obtuvieran adjudicaciones millonarias del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos.
Las diligencias, que han sido declaradas secretas por el magistrado, se están desarrollado en el domicilio donde reside el exministro en Valencia, pero no afecta a otros inmuebles de su propiedad. Los agentes no han entendido necesario proceder al arresto de Ábalos mientras se producen los registros, aunque sí le han requisado los terminales electrónicos, como teléfonos móviles, tabletas u ordenadores, según las mismas fuentes.
Fuentes cercanas a Ábalos explican a esta redacción que los agentes de la UCO está procediendo al "volcado" del contenido de los teléfonos y el resto de terminales del exministro de Transportes. En el entorno del que fuera secretario de Organización del PSOE consideran que esta actuación "no tiene ningún sentido. Cuatro meses después de haber sido imputado, y sabiendo que en febrero pasado cambió de teléfono e incluso de terminal".

Archivo - El exministro José Luis Ábalos durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el pasado diciembre. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
Las citadas fuentes del entorno de Ábalos sostienen que los agentes de la UCO abrieron todas las cajas y compartimentos de la vivienda en busca de más pruebas. También registraron el garaje y el bajo en el que el exministro guarda "varias cajas" con documentación.
Desde su defensa se ha mostrado asombro por el momento en que se ha procedido la operación, meses después de que la causa en su contra fuera abierta a principios del pasado mes de noviembre en el alto tribunal, tras ser remitida por la Audiencia Nacional, después de que aparecieran indicios contra el exministro en el caso Koldo en la causa en la que está investigado en la Audiencia Nacional.
Es la primera vez que la UCO registra una propiedad del también exdirigente socialista, investigado en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias o cohecho en la causa que comenzó en torno a supuestas comisiones en contratos de mascarillas en plena pandemia, pero que se extiende también a posibles irregularidades en otras adjudicaciones públicas.
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