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Tribunales

La justicia reabre la causa por el ahorcamiento del muñeco de Sánchez en la protesta de Nochevieja en Ferraz

Rechaza la petición del presidente para que el asunto pase a la Audiencia Nacional

Ordenan reabrir la causa por el apaleamiento de un muñeco de Sánchez por posibles amenazas

Ordenan reabrir la causa por el apaleamiento de un muñeco de Sánchez por posibles amenazas / EPE

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la causa abierta a raíz de los hechos ocurridos en la pasada Nochevieja junto a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz, cuando se ahorcó y apaleó un muñeco identificado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El asunto había sido sobreseído el pasado febrero por la jueza de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, que encuadró el incidente en la mera "crítica política" y dio cerrojazo al procedimiento.

La Sección número 30 de la Audiencia Provincial, en un auto que tiene fecha del pasado 30 de junio, estima el recurso de la Fiscalía y de forma parcial los presentados por el propio Sánchez y por el PSOE, rechazando no obstante su petición de que el asunto sea derivado a la Audiencia nacional por delito de injurias y amenazas al Gobierno. Para los jueces de la Audiencia los hechos deben investigarse simplemente como amenazas.

Los magistrados no comparten, sin embargo, lo dicho por la jueza Jerez, que afirmó que apaleamiento al muñeco del presidente en Nochevieja se enmarcó "dentro de un ambiente festivo propio de ese día y probablemente después del consumo de bebidas alcohólicas". Añadía la instructora que además desconocía la "ideología de los asistentes" y por ello no los vinculó a un ataque a ningún grupo en concreto, rechazando también que la figura representada en la "piñata" golpeada se pareciera al presidente Sánchez.

Violencia y brutalidad

Pero la sala de apelación indica en su resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que "la violencia de las imágenes del hecho, en que la figura es colgada de una soga y golpeada con brutalidad, además de sufrir otras vejaciones simbólicas", "unida a la profusión de amenazas contra el destinatario y referidas a la sede del PSOE --'colgadlo de los pies', 'hay que quemar Ferraz', 'a por Sánchez oé'--, (...) configuran un cuadro intimidante de suficiente intensidad como para, provisionalmente, hablar de amenazas graves".

"No puede apreciarse en este momento que tales amenazas tengan justificación suficiente en el libre ejercicio de la libertad de expresión, por más que se produjeran dentro de una manifestación de protesta cuya legitimidad, a priori, no parece discutible, independientemente de la ideología política que se encuentre detrás de su organización", agregan. Y ello es porque "no vienen contextualizadas en una crítica de carácter político que las justifique y son expresivas de la intención de causar temor a los adversarios políticos a quienes se dirige, en general a los militantes incluso empleados del partido cuya sede estaba próxima".

El pretexto de la libertad

Para la Audiencia de Madrid, "no es admisible que, bajo el pretexto de la libertad de expresión y manifestación se realicen conductas potencialmente susceptibles de alterar la paz social y la convivencia democrática y estas pueden calificarse como amenazas". Los magistrados tampoco asumen el criterio de la jueza instructora en cuanto a que, "consistiendo el acto más violento en el linchamiento y apaleamiento de un muñeco, no tenga que ver con el denunciante", y añaden "la mayor o menor fidelidad con su apariencia física no impide apreciar, por el contexto del suceso y las expresiones proferidas, que con toda evidencia dicho muñeco representaba al presidente del Gobierno".

No admiten, en cambio, que lo ocurrido esa noche en Ferraz pueda encajar en calumnias, injurias o amenazas graves al Gobierno, delitos de los que sería competente la Audiencia Nacional, pues para ello los concentrados deberían haberse dirigido "expresamente contra tales instituciones como órganos colegiados en el desempeño de sus funciones". "Los hechos personalizan las injurias y amenazas, principalmente, en Pedro Sánchez, que evidentemente además de secretario general del PSOE es el presidente del Gobierno y, sin duda, en relación con el desempeño de dicho cargo, así como contra el PSOE y por extensión a sus dirigentes y militantes, pero no contra el Gobierno de la Nación en su conjunto", precisan.

La Audiencia Provincial también ve "problemático" que los hechos puedan encajar en el delito de odio, "dado que por más que los actos que se describen entrañan una animadversión visceral" hacia Sánchez "en el contexto de manifestaciones organizadas o coordinadas por personas ligadas a partidos u organizaciones de extrema derecha o próximas a ella", es necesario que "vayan dirigidas contra un grupo o parte de él por motivos racistas" u otros como la ideología, las creencias, la nacionalidad o la identidad sexual.

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