La trama del caso Montoro maniobró para burlar el control de Bruselas a sus cambios legislativos

La trama del 'caso Montoro' maniobró para burlar el control de la Comisión Europea de Bruselas para evitar "problemas" ante la reforma legislativa sobre el impuesto especial sobre la electricidad, una de las normas investigadas por el juez de Tarragona, Rubén Rus, según los correos electrónicos sobre altos cargos del Ministerio de Hacienda incluidos en la causa sobre la presunta red corrupta a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya.

En la causa figuran, por ahora, 29 investigados, entre ellos el que fuera ministro del PP Cristóbal Montoro, así como ejecutivos de cinco empresas y del despacho Equipo Económico, fundado por el exdirigente popular. El magistrado indaga el presunto tráfico de influencias canalizado a través de ese bufete para supuestamente favorecer compañía gasistas con la modificación de leyes relacionadas con el pago de tributos y que les supuso un ahorro importante.

"Probablemente, tendremos problemas con Bruselas". Así de claro se expresó, el 13 de noviembre de 2014, en un correo electrónico Diego Martín-Abril, que ocupó el cargo de director general de Tributos entre enero de 2012 y diciembre de 2016, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en relación con la exención del 85% para empresas de consumo eléctrico intensivo en el pago de impuestos. El problema era incluir en la norma ese beneficio fiscal a las industrias cuyas compras de electricidad representaran el 5% del valor de la producción, en vez del 6%. El alto cargo añadió: "al margen de que "algunos" (sic) estarán muy contentos, no sé para qué nos piden informes cuatro veces".

Al cabo de un minuto, el entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, otro de los imputados en la causa, respondió: "Lo del 5% ha sido de última hora por decisión de nuestro ministro [Cristóbal Montoro] a petición de los diputados del PP de Aragón. En fin, así es la vida....".

Nivel de ayudas "en millones"

Esos posibles problemas con Bruselas habían sido advertidos por el subdirector general de Política Tributaria el 12 de noviembre de 2012, en un correo electrónico sobre la directiva europea dirigido una asesora de Montoro y que tenía en copia a Felipe Martínez Rico, entonces subsecretario de Hacienda y hermano de Ricardo Martínez Rico, directivo de Equipo Económico, además de a Rogelio Méndez, asesor del gabinete del ministro. "Para que el beneficio fiscal no necesite una modificación a Bruselas y sea una mera comunicación, no debemos sobrepasar un determinado nivel de ayudas en "millones"; cuantos más sectores incluyamos [se habla también de papeleras], lógicamente más nos acercaremos a ese límite y, por tanto, podríamos incumplir lo preceptuado en la norma comunitaria". Además, alertó de que si se bajaba al 5% se beneficiaría "a los más ineficientes energéticamente, es decir, a aquellas empresas de estos sectores que consumen más electricidad, al haber realizado un menor esfuerzo de ahorro energético".

Los Mossos d'Esquadra sostienen en un informe de septiembre de 2022 que los correos electrónicos incautados a los altos cargos del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, junto a los intervenidos a las empresas Messer Ibérica y Carburos Metálicos, dos de las compañías investigadas, constatan que con la contratación de Equipo Económico y "su intervención" se logró la modificación del impuesto sobre la electricidad.

Caso omiso a los informes

La policía catalana apunta en un informe que de los correos intervenidos se desprende que diferentes entidades contemplaban un "coste para las arcas públicas" en el hecho de introducir a las empresas de consumo intensivo -como las gasistas- en esa legislación para "beneficiarse de la bonificación fiscal". Tal es el caso del informe que remitió una agrupación de fabricantes de cemento a la Dirección General de Tributos en el que se calculaba un coste de 136 millones; o el de la subdirectora general de Impuestos Especiales y Tributos sobre el Comercio Exterior y Medio Ambiente en el que consideraba "no apropiado" incluir en la norma al sector de consumo intensivo -gasistas- por dificultar su control, así como un dictamen de una comisión de expertos. Los Mossos d'Esquadra precisan que, "a pesar de ello", se incluyeron las actividades de consumo eléctrico intensivo en la reforma legislativa.

En este sentido, los investigadores mencionan también el dictamen emitido por el Consejo de Estado sobre este proyecto de ley, en el que se echaba en falta un informe elaborado por el Consejo Económico y Social (un organismo de carácter consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral), al tratarse de una normativa en materia fiscal. "Posiblemente con ese informe no hubiera sido viable la aprobación de la ley incluyendo a las empresas con un consumo eléctrico de más del 50% del coste del producto", destacan los Mossos d'Esquadra.

Suscríbete para seguir leyendo