El PP busca adelantar el arranque del curso político cercando al Gobierno en el Congreso

El PP busca la fórmula de adelantar el arranque del curso político y, además, hacerlo al ataque. En las últimas semanas, los populares han registrado una decena de peticiones para que varios ministros comparezcan de manera extraordinaria para dar cuenta de las polémicas del verano, desde el procesamiento del fiscal general del Estado al contrato con Huawei o los retrasos en los trenes. Todas estas solicitudes van dirigidas a la diputación permanente que, todo apunta, se reunirá a finales de agosto. Y si una de estas propuestas sale adelante, los conservadores obligarán a adelantar el inicio del curso con un pleno extraordinario para cargar contra el Gobierno.

La primera sesión ordinaria del Congreso no está prevista hasta el martes 9 de septiembre. Un día después, a las 9 de la mañana del miércoles, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volverá a enfrentarse cara a cara. Sin embargo, la intención de los conservadores es que este choque vaya precedido por un pleno extraordinario en el que ir calentando motores.

Aunque el Gobierno suele contar con sus socios parlamentarios para evitar que salga adelante la ristra de solicitudes de comparecencia que suele registrar el PP cada verano, las grietas en el bloque de la investidura por los presuntos casos de corrupción en el seno del PSOE abren la posibilidad a alguna derrota del Ejecutivo. Con independencia de cuándo se celebre la diputación permanente, un órgano con representación proporcional al pleno y que se encarga de velar por los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida, si se aprueba alguna de las peticiones esta debe materializarse antes de que arranque el periodo ordinario.

Huawei, el GRECO y García Ortiz

Los populares no quieren dejar escapar ninguna oportunidad y cualquier polémica que salpique al Gobierno les sirve para su estrategia. La primera de las comparecencias que solicitaron fue la del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El PP tildó de "grave anomalía democrática" que García Ortiz no dimitiera o fuera cesado y quieren que Bolaños dé cuentas de "los motivos del respaldo del Gobierno". Además, registraron una veintena de preguntas al Gobierno sobre esta cuestión en el Congreso y en el Senado.

No es la única petición dirigida hacia Bolaños. Los de Feijóo también requieren explicaciones extraordinarias del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes sobre el informe del GRECO -Grupo de Estados contra la Corrupción-, un organismo de la Comisión Europea, que determina que España está incumpliendo, total o parcialmente, las 19 recomendaciones para luchar contra la corrupción que le viene haciendo desde 2019. El ministerio de Bolaños alegó que la valoración es mejor que la de hace unos meses.

Y, como no hay dos sin tres, Bolaños también está en una tercera solicitud, solo que en este caso para comparecer en la comisión mixta de Seguridad Nacional cuando arranque la actividad parlamentaria y dar cuenta del contrato con Huawei para que los servidores OceanStor 6800V almacenen las escuchas telefónicas de SITEL, el sistema de interceptaciones con autorización judicial que utilizan las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio del Interior. A este respecto, los populares también reclaman explicaciones al responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la ministra de Defensa, Margarita Robles; y al ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Los trenes y los socios

La tanda de peticiones de cara a la diputación permanente la completa, por el momento, el ministro de Transportes, Óscar Puente. El PP quiere que informe sobre "el caos ferroviario que sufre permanentemente España" y la "carente empatía con los pasajeros que sufren las incidencias y la ausencia de una evaluación, diagnóstico y tratamiento adecuado de la situación actual de la red ferroviaria". Esta propuesta es la que más visos tiene de salir adelante, ya que varios socios del Gobierno son críticos con la gestión de Puente.

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