Las claves del plan migratorio del PP

El plan migratorio presentado finalmente por Alberto Núñez Feijóo este martes en Barcelona, acompañado del líder del Partido Popular de Cataluña (PPC), Alejandro Fernández, y de la muñidora del documento, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, fija negro sobre blanco lo que el líder de la oposición y los principales portavoces de su formación, singularmente la propia Ezcurra, vienen adelantado desde hace semanas, dentro de un giro discursivo que se puede calificar de histórico en el gran partido de la derecha española. En síntesis, Feijóo ha situado al PP con un partido duro en inmigración y ha colocado esta cuestión como la principal de su oposición a Pedro Sánchez, con permiso del capítulo de regeneración democrática y la denuncia de los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno y en concreto al presidente y su entorno.

Sin embargo, el texto, de apenas once folios, juega a cierta ambigüedad en las cuestiones más espinosas, y entre ellas y como viene siendo habitual lo referente al visado para inmigrantes que el PP pretende instaurar cuando llegue al Gobierno, y si para el mismo se tendrá en cuenta el origen latinoamericano del inmigrante en cuestión. Estas son las principales claves del plan.

Con apenas veinte palabras, el documento presentado por Feijóo en Barcelona se refiere a la cuestión que más incertidumbre ha provocado, la de si se puede establecer una preferencia por origen a la hora de aceptar inmigrantes, o de concederles o no un visado: "La Hispanidad, entendida como espacio compartido de lengua, historia y valores, será un factor positivo en la evaluación del visado". El enunciado, subrayado en negrita en el texto distribuido por el PP, cierra el punto 2 del documento, titulado "Empleo como puerta de entrada", y en el que se definen los criterios para ese visado por puntos que los populares pretenden importar de países como Australia, Canadá o el Reino Unido.

Nada más concreto se dice, ni sobre cuánto puntuará en ese eventual visado ni si valdrá, para esa evaluación positiva, la mera acreditación de tener la nacionalidad de algún país hispanoamericano o latinoamericano.

Por otra parte, la propuesta del PP habla de la necesaria cooperación de los países de origen e incluso de que "la inmigración como medida de presión y agresión híbrida tendrá consecuencias sobre los países que realicen estas prácticas", un párrafo que encaja con algunos contenciosos pasados con Marruecos pero que, al contrario de lo dicho hace semanas por Feijóo, no se vincula al visado por puntos, en el que el líder del PP llegó a plantear que influiría la positiva actitud de esos países de acogida.

"La nacionalidad es un honor, no un trámite burocrático". Con este enunciado aborda el documento la propuesta referida a los requisitos para obtener la nacionalidad española, que el PP aboga por endurecer. Curiosamente, o no tanto, es aquí donde el documento de los conservadores enfatiza la importancia de determinados vínculos culturales o de valores, como ya hacía el documento de Murcia presentado recientemente en esa capital y firmado por todos los presidentes autonómicos. "La nacionalidad debe ser el reflejo de un compromiso profundo con España: con su historia, su lengua y sus valores", explica el texto, que añade que convertirse en español legalmente solo será posible para "quienes demuestren no solo cumplir los requisitos legales, sino también tener la vocación de formar parte de un proyecto común de convivencia en libertad".

El PP propone endurecer los criterios para conceder la nacionalidad a un extranjero, al que se le exigiría el nivel B2 de castellano, y que tendría un examen más difícil o exigente para demostrar su "conocimiento institucional, legal, cultural e histórico, para garantizar el compromiso con nuestra democracia y valores comunes". Es decir, que se harían dos pruebas más duras que las actuales, una idiomática y otra de integración, algo esto último que deja un amplio margen a la interpretación.

Ya lo avanzó Feijóo el lunes en una entrevista en Antena 3, si llega al Gobierno su Consejo de Ministros tendrá una "autoridad única en materia migratoria", según reza el documento conocido este martes. Eso, como el mismo líder del PP aclaró en la citada entrevista, no supondrá un ministerio específico, pero sí "una dirección única" que tenga "un solo criterio y una política de Estado que recupere el control, la eficacia y la confianza". Todo bajo la premisa de que en la situación actual "cinco ministerios y varias administraciones se pisan competencias, se contradicen y se paralizan entre sí. Por eso nada funciona: ni los retornos, ni los permisos ni la integración". En la negociación del reparto de los menores inmigrantes de Canarias, por ejemplo, ha sido habitual ver conjuntamente en las mesas negociadoras al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la titular de Infancia y Juventud, Sira Rego.

El PP desvincula su giro en inmigración de Vox, y lo explica fundamentalmente por el cambio de percepción ciudadana, después de que en los últimos años haya escalado demoscópicamente hasta convertirse en uno de los principales problemas señalados por la ciudadanía. Los populares se agarran argumentalmente a algunas encuestas privadas publicadas, según las cuales la mayoría de votantes del PSOE le pediría a su partido un endurecimiento de la política migratoria. Sin embargo, hay algunas de las propuestas muy en línea con los de Santiago Abascal. Sin duda, la de limitar o recortar el arraigo, por considerar que es una figura que ha dejado de ser excepcional para convertirse en un cierto "coladero" de inmigrantes ilegales. Hace unas semanas, el PP votó a favor de una Proposición de Ley de Vox en ese sentido, y en el documento conocido ahora reitera que el arraigo "no puede convertirse en una vía automática ni masiva, sino en una oportunidad individual para quienes han demostrado, con hechos, su compromiso con España".

Otro diagnóstico compartido con Vox, el de que los inmigrantes perciben ayudas sociales excesivas o no justificadas. El PP certifica que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) solo se podrá conceder a quien esté en una búsqueda activa de empleo. Además, los populares quieren que el empadronamiento de una persona solo sirva "para fines estadísticos", mientras que "las ayudas económicas no urgentes y la aplicación de los criterios de prelación o bonificación, deben exigir la acreditación de residencia legal, no el mero empadronamiento, sin perjuicio del acceso a los servicios esenciales garantizados por la ley".

La filosofía de Feijóo se resume en este punto de su documento: "La mera percepción de ayudas públicas no puede ser el propósito ni convertirse en un medio de vida para ningún ciudadano en España".

El PP coincide también con Vox en sembrar sospechas sobre el posible fraude de los menores inmigrantes, como los que aún permanecen en Canarias o están en centros de internamiento en otros lugares. Feijóo dejó claro en su intervención en Barcelona que habrá que establecer pruebas de edad que se resuelvan en 72 horas y que si se descubre que algún menor no lo es en realidad, se le pueda expulsar inmediatamente. Para ello, el PP plantea reforzar los instrumentos de la Fiscalía, modificar la Ley de Extranjería e, incluso, el Código Penal. Un menor que llegue en cayuco a España y no diga la verdad sobre su edad será considerado un delincuente.

Es, a estas alturas, la propuesta más vieja del PP desde que en septiembre Feijóo regresó de las vacaciones de verano planteando que la inmigración sería un asunto central de su proyecto político, algo que solemnizó este martes en Cataluña rodeado de, entre otros, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Los conservadores plantean tres ejes claros. El primero, "expulsión ante condena por delitos especialmente graves (homicidio, asesinato, agresión sexual, terrorismo, trata o tráfico) o reincidencia dolosa en delitos menores"; el segundo, la ampliación del periodo máximo de permanencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros, los conocidos como CIES, para "garantizar la ejecución efectiva de las resoluciones de expulsión, devolución o retorno"; y el tercero, anunciado la semana pasada por Alma Ezcurra, la revocación de permisos de residencia para extranjeros "con vínculos criminales o radicales". El texto no habla de bandas organizadas, como las latinas (hispanoamericanas, por tanto) que han aparecido en los últimos años en nuestro país, y tampoco de yihadismo, pero a buen entendedor pocas palabras bastan.

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