El abogado de Manos Limpias renuncia a la causa contra Begoña Gómez al entender que el colectivo actúa "por intereses políticos"

El abogado que ejercía la acusación popular en nombre de Manos Limpias en la causa seguida contra Begoña Gómez ha renunciado a seguir haciéndolo a través de un burofax, en el que denuncia la "utilización del procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política, ajenos a la estricta resolución de la controversia planteada". Aunque puedan ser legítimos para la asociación, el letrado los considera "incompatibles con la praxis que rige el ejercicio de la abogacía".

En el escrito remitido al autodenominado sindicato de funcionarios, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado Carlos Perales, en nombre de Preico Abogados, explica que la posición mantenida por su cliente le sitúa "en una posición que compromete la independencia" que debe tener "y, en última instancia, erosiona la confianza en la función técnica que debe desempeñar" la abogacía.

Sostiene que "la decisión no ha sido tomada a la ligera", sino que "responde a un análisis sosegado y a la constatación de que concurren circunstancias que hacen inviable mantener una defensa técnica eficaz y plenamente coherente con los estándares de calidad, independencia y rigor jurídico que inspiran el ejercicio profesional" del despacho.

Transformación paulatina

Explica que "lo que en un inicio se configuraba como un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica, orientado a la correcta interpretación y aplicación del Derecho, con el objetivo de obtener una resolución judicial fundada en la verdad material y en el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática".

El abogado admite que "se ha podido observar cómo las decisiones estratégicas en torno al litigio ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico".

Admite que puede ser una "evolución legítima desde la óptica de la propia asociación", pero que "desde la perspectiva de este despacho profesional, resulta incompatible con la praxis que rige el ejercicio de la abogacía, fundada en la independencia, el rigor técnico y la estricta sujeción a criterios jurídicos objetivos".

"La abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública", afirma el letrado, que insiste en que un "abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático". De ahí, que, al comprobar que "los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal", ha decidido renunciar y "apartarse de la dirección letrada, en salvaguarda tanto de la independencia profesional como de la dignidad de la abogacía".

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