La UCO responde a Peinado que no hay "nuevos hechos" que justifiquen investigar a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha respondido al juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, que "no se observa la existencia de nuevos hechos" en relación con el rescate de Air Europa que justifiquen seguir en esta línea de investigación contra la esposa de Pedro Sánchez, a quien el magistrado ya imputa cinco delitos relacionados con la corrupción.

La Audiencia de Madrid ya ha limitado en dos ocasiones los intentos de Peinado de vincular a Begoña Gómez en una supuesta influencia para el rescate. Sin embargo, el pasado mes de diciembre el juez pidió este nuevo informe a raíz de la petición de un abogado, Eduardo Martín-Duarte, habitual en la presentación de denuncias 'fake' en Fiscalía y otros tribunales contra el Gobierno.

Ausencia de fuentes

En el oficio que ha entregado al juez número 41 de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la Guardia Civil indica que "los contactos y relaciones personales entre las personas interesadas en la operación financiera y terceros", así como su posible relación causa-efecto con la tramitación del expediente, "no son contrastables debido a la ausencia de fuentes de información al respecto".

"En consecuencia, no se considera posible tomarlos como nuevos hechos para la investigación", apostillan los agentes. En cuanto a la información bancaria del extranjero mencionada por el particular en su requerimiento al juez Peinado, la UCO afirma que "no es posible pronunciarse acerca de la verosimilitud de la misma y, en su caso, su relación con la tramitación del expediente de Air Europa".

Igualmente, la UCO se pronuncia sobre las aseveraciones "relativas a la propia tramitación del expediente", subrayando que se trata de "información de carácter administrativo relativa a la tramitación del expediente de Air Europa que ya obraba en el procedimiento", "bien a través de fuentes de acceso público (...), bien por encuadrarse en la documentación aportada por la SEPI", concluye.

Postura de la Fiscalía

A mediados del pasado mes de enero, el fiscal José Manuel Baldomero se adhirió al recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez tras la petición a la UCO de un nuevo informe. "Se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido", señalaba, en clara alusión a las directrices de la Audiencia Provincial de Madrid.

Concretamente, el fiscal señalaba que la decisión del juez de volver a dirigirse a la UCO sobre este asunto es "contraria a las funciones propias del juez instructor" y suponía igualmente que "hace dejación de la función que le corresponde, solicita o abre la puerta a una investigación encubierta sobre una materia ya abordada y respecto de la que tiene los criterios para decidir fijados o indicados por la Audiencia Provincial".

Para realizar su petición a la Guardia Civil, el juez Peinado se aferraba a un inciso que hicieron los propios magistrados de la sala de apelación sobre la posibilidad de que este veto se levantara de aparecer hechos delictivos nuevos. El denunciante aseguraba también haber "recibido" información "sobre presuntas cuentas y depósitos bancarios" de Begoña Gómez "que pudieran guardar relación con su posible intervención en el rescate de Air Europa".

Una vez la Audiencia de Madrid limitó esta línea de investigación, el juez se ha centrado durante los últimos meses en presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación; todo ello, enmarcado en las labores de la esposa del presidente respecto a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid y las labores desarrolladas por Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, así como en la recomendación que realizó a uno de los cooperadores del curso, el empresario Juan Carlos Barrabés, de cara a la obtención de contratos públicos.

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