Pardo de Vera niega al juez el borrado de datos y afirma que entregó el teléfono profesional a Adif tras su cese

La defensa de la que fuera presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha presentado un escrito de alegaciones al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, respondiendo a lo manifestado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un reciente informe que la implica en los presuntos amaños, y que apunta que "parte del contenido" de los dispositivos utilizados por la directiva correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados "habría sido eliminado". Su defensa niega borrado de datos alguno y explica que Pardo de Vera entregó su dispositivo profesional a Adif tras su cese.

Según el escrito al que ha tenido acceso El PERIÓDICO que firma el abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo, la ex responsable de Transportes "hubo de entregar a los responsables de recursos informáticos de la compañía tanto el móvil como el ordenador que le habían sido confiados para el desempeño de sus funciones, si bien optó, por razones prácticas, por conservar el mismo número, pero sin realizar en ningún caso la portabilidad de datos, para la que no estaba autorizada". Por esta razón en su teléfono particular no se encontraron las conversaciones incluidas en el informe policial.

Por ello, su defensa mantiene que "toda la información y todas las comunicaciones de su etapa como Presidenta (período junio 2018- julio 2021) quedaron a disposición de Adif, en atención y cumplimiento a la política de uso de dispositivos de la entidad pública", y la conjetura de la Guardia Civil "no resulta, por tanto, ni admisible ni ajustada a la realidad". Se trata de una circunstancia que, además, "fue de hecho puesta en conocimiento de los agentes actuantes" por la propia presidenta de Adif durante el registro que se le practicó.

Argumenta, por otro lado, que el contenido de los mensajes a los que finalmente accedió la UCO no se contradicen con la versión dada por Pardo de Vera durante su declaración en esta causa. "Tras la encomienda efectuada a Adif para la adquisición de 5 millones de mascarillas, se le facilitaron a nuestra patrocinada desde el Ministerio de Transportes -a través de don Koldo García (asesor del entonces Ministro)-, los teléfonos del Secretario General de Puertos del Estado y del titular de una empresa suministradora con la que el citado organismo había tramitado previamente otra emergencia (...) y de los que nuestra defendida dio traslado acto seguido a la persona designada por Adif para la tramitación de la correspondiente contratación", agrega el escrito.

"La actuación de Doña Isabel Pardo de Vera se limitó, por tanto, a recibir unos contactos y a dar traslado de los mismos a la persona designada por Adif para la tramitación del encargo efectuado por el Ministerio. El contrato no estaba en ese momento adjudicado por Adif y el mensaje hacía alusión al contrato previo de Puertos del Estado", agrega la defensa.

¿Aplazamiento del juicio?

Por su parte, el exministro José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que aplace al menos un mes el inicio del juicio ya señalado contra él, el que fuera su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por la parte de esta causa que se juzgará en el alto tribunal.

El abogado Marino Turiel, que le defiende al que fuera secretario de Organización del PSOE desde mediados del pasado mes de enero, alega en el escrito al que ha tenido acceso este periódico que no ha podido acceder a la causa en la plataforma informática que funciona en el juzgado y que "a celebración del juicio en la fecha actualmente señalada impediría a esta parte preparar la defensa con las mínimas y debidas garantías".

Sobre esta falta de acceso, Turiel asegura que su ordenador "se queda pensando de forma indefinida en un bucle continuado" cuando se dispone a consultar la documentación de la causa. "Esta circunstancia ya ha sido puesta de manifiesto por otras defensas personadas y ha impedido hasta la fecha el acceso efectivo a la causa, el conocimiento íntegro de las actuaciones y, por ende, siquiera un somero estudio del procedimiento", lamenta.

En su escrito, el letrado alude también a la "complejidad" del juicio en el que se piden 24 años de cárcel para su cliente, lo que le hace imposible "asumir la carga de trabajo" y el "esfuerzo material y mental" que supone. Por último, el abogado critica que el Supremo haya "obviado incomprensiblemente" los señalamientos anteriores que tiene en agenda, y que fueron comunicados al alto tribunal. Todos ellos habrían sido fijados antes en que asumiera la defensa de Ábalos.

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