Caso Montoro
Montoro recurre la prórroga de su investigación y ataca a la fiscal por no tener indicios "más allá de su olfato"
El juez aceptó la petición de la fiscal Anticorrupción prolongar la instrucción hasta julio e investigar los bienes del exministro y su mujer

Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda con el PP. / EP
El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha acudido directamente ante la Audiencia Provincial de Tarragona contra la decisión del juez Rubén Rus de prolongar hasta el próximo 26 de julio la investigación contra él, otros ex cargos públicos y los responsables del despacho Equipo Económico que fundó en 2006 por presunto tráfico de influencias.
En el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado Javier Gómez-Ferrer ataca a la fiscal del caso por defender la tesis de que el ex cargo público del PP podría haber percibido comisiones por "facilitar" la aprobación de leyes en favor de empresas gasistas "pese a que ningún indicio más allá de su olfato apunta a ello".
"Una prórroga de la instrucción como la acordada, ante la inexistencia de elementos delictivos e indicios racionales de criminalidad, únicamente puede servir para perpetuar una instrucción de carácter meramente prospectivo, proscrita por nuestro ordenamiento jurídico, de la que las diligencias recientemente interesadas por el Ministerio Fiscal constituyen el más claro exponente", agrega el escrito, que tiene fecha del pasado 4 de febrero.
El pasado 28 de enero, el titular de la plaza de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona aceptó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se requiriera a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados, entre los que figura el exministro Cristóbal Montoro, y de sus cónyuges.

Organigrama equipo económico / EP
También acordó librar los mandamientos necesarios para recopilar esta información, que también afecta a ex cargos de Hacienda y a personas vinculadas al despacho fundado por el exdirigente del partido Popular, antes denominado Equipo Económico: Salvador Ruiz Gallud, Ricardo Martínez Rico, Francisco de Asís Piedras Camacho, Manuel Enrique de Vicente-Tutor, María Pilar Platero Sanz y Ricardo Montoro, hermano del ex titular de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy.
"Fabulación" de la fiscal
Para la defensa, sin embargo, "más allá de la fabulación del Ministerio Fiscal (...) no hay absolutamente nada que respalde tales sospechas". Antes al contrario, según la representación legal de Montoro, "las investigaciones practicadas únicamente han puesto de manifiesto una situación patrimonial absolutamente normal de mi representado y la inexistencia absoluta de elementos que permitan inferir la percepción de comisiones por su parte".
El juez prorrogó la instrucción fiscal hasta julio al considerar que la investigación es "sumamente compleja, puesto que se "ha puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno" a Equipo Económico y que, "mediante precio", se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, "moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ante la comisión de investigación sobre la denominada ‘Operación Cataluña’, en el Congreso de los Diputados, a 14 de abril de 2025, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press
"Tras siete años de investigación --durante la práctica totalidad de los cuales la causa ha permanecido declarada secreta--, y contando con la intervención de la UCO, la AEAT y los Mossos d'Esquadra, el resultado no ha sido otro que la más absoluta nada", sostiene la defensa en su escrito, que insiste en que el exministro "desconocía" que las reformas aprobadas, que califica de "pequeñas en un conjunto mucho más amplio y ambicioso que se acordaron en esas fechas", hubieran sido propuestas al Ministerio de Hacienda a través de miembros del despacho Equipo Económico.
"Sin embargo, con independencia de lo anterior, lo determinante es que, aun cuando aceptásemos a efectos puramente dialécticos --ya hemos dicho que lo negamos tajantemente-- que mi representado hubiera tenido conocimiento exacto y puntual de dicha circunstancia, los hechos seguirían careciendo de toda relevancia penal", expone.
Montoro indica que es "práctica habitual en gobiernos de cualquier signo político que asociaciones, grupos empresariales, ciudadanos o colectivos afectados por circunstancias de diversa índole trasladen a miembros del Gobierno sugerencias de reformas normativas que resultan de interés para sus representados".
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