Andalucía reclama un pacto de estado con financiación y seguridad jurídica ante la crisis de la vivienda: "Hacen falta recursos y coordinación"

La vivienda se ha consolidado como uno de los grandes problemas de Andalucía. Las administraciones públicas, el sector privado y las entidades sociales tratan de buscar soluciones ante los elevados precios y las graves dificultades de acceso que afectan especialmente a los más jóvenes. Con el objetivo de propiciar el debate que las encuestas sitúan como prioritario y de buscar vías de consenso, el grupo editorial Prensa Ibérica ha celebrado en Sevilla una nueva sesión del Observatorio de la Vivienda que impulsa junto al Santander y con la colaboración de beBartlet, una iniciativa que se ha celebrado ya en Cataluña y que tendrá una tercera convocatoria en Madrid. 

En la jornada, en la que estuvieron representados la Junta de Andalucía, el Parlamento andaluz, ayuntamientos, el Congreso de los Diputados, promotores y entidades sociales, plantearon como conclusión principal la necesidad de aprobar un pacto de estado en torno a la vivienda que delimite las competencias de todas las administraciones, que dé seguridad jurídica, facilite la agilidad en los trámites y que establezca mecanismos adecuados de financiación. 

En esta línea, representantes de ayuntamientos como el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, el gerente de Emvisesa, Manuel Morillo, la gerente de Sevilla Activa, Pilar Pérez, o la concejal delegada de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Ana María San Juan, destacaron los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos pese a ser la principal puerta de entrada de las peticiones ciudadanas. “Los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía tenemos que reforzar el apoyo de las demás administraciones. Estamos en primera línea atendiendo las necesidades reales de los vecinos pero necesitamos más herramientas, recursos y coordinación institucional. Desde Cádiz seguimos trabajando con ese compromiso: impulsar políticas públicas que sitúen a las personas en el centro, fortalecer el parque público de vivienda y contribuir, desde lo local, a un esfuerzo colectivo que debe ser necesariamente global”, resumió la responsable de las políticas de vivienda de Cádiz, una ciudad en la que se están impulsando actuaciones adaptadas a la realidad de un término municipal sin apenas suelo disponible.

En el otro extremo, la ciudad de Dos Hermanas, representada por su alcalde y por la delegada de Promoción Económica e Innovación, Carmen Gil Ortega, tiene grandes bolsas de suelo en desarrollo como Entrenúcleos y la gran dificultad en este caso es la falta de instrumentos de financiación suficientes para ejecutar los proyectos. "Nuestro modelo se basa en dos puntos fundamentales: por un lado, propiciar más suelo para VPO, sólo en el desarrollo de Entrenúcleos se destina el 45%, lo que supone casi 10.000 viviendas; por otro, poner en marcha un plan para renunciar al 14% del cobro del suelo para que fuera destinada a un descuento directo a los compradores rebajándoles el precio. Siempre hemos mantenido una política municipal de vivienda dirigida a nuestros ciudadanos y ciudadanas. En Dos Hermanas creamos un Registro de Demandantes de Vivienda antes que la administración autonómica lo recogiera en su normativa", Francisco Rodríguez.

“La solución mágica no existe, pero es necesario: menos papeleo, mejor financiación, proteger a los propietarios y hacer una España en la que tengamos oportunidades para los jóvenes en distintos lugares, no solo en las grandes ciudades”, completó por su parte Miguel Ángel Sastre, diputado del PP y portavoz adjunto de Vivienda en el Congreso. En esta misma línea se expresó durante su intervención como uno de los portavoces consensuados en las jornadas el vicesecretario de vivienda del PP de Andalucía, Manuel Francisco García. Ese pacto de estado es compartido también a nivel autonómico por el PSOE, representado en las mesas de trabajo por la parlamentaria Verónica Pérez, y el PP con la parlamentaria, Ana Chocano. 

Colaboración público privada

La jornada de trabajo organizada por el Observatorio de la Vivienda, impulsado por Prensa Ibérica y Santander con el apoyo del gabinete de incidencia pública beBartlet, puso el acento también en la importancia de la colaboración pública privada, y la participación de las empresas privadas, representadas por el gerente de Gaesco, Juan Aguilera, y del Tercer Sector. “Es el motor fundamental para movilizar capital y agilizar la construcción de vivienda nueva asequible”, apuntaron los representantes del sector público y privado presentes en el observatorio. 

En este escenario se plantean medidas como recuperar deducciones en el IRPF, reducir el IVA al 4% para vivienda protegida y aplicar exenciones en el IBI o tasas de licencia. Del mismo modo, existe consenso en torno a la necesidad de una gestión eficiente de los fondos de la UE así como la generación de líneas de financiación específicas a través del ICO para que los municipios y los promotores puedan afrontar sus proyectos. Entre las conclusiones de las jornadas, se plantea aprovechar las normativas que permitan destinar suelos terciarios o dotacionales a la construcción de vivienda. Una política que ya está presente en la Ley de Vivienda de la Junta de Andalucía, que acaba de entrar en vigor, representada en la jornada por la Directora General de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Susana Cayuelas. 

Medidas para jóvenes

El foco principal de las políticas de vivienda está puesto en los jóvenes, el colectivo con más dificultades de acceso y en el que se ha generado una mayor desconfianza hacia las medidas puestas en marcha por las administraciones. El Observatorio de Vivienda sirvió en este sentido para fijar medidas concretas que den respuesta a las reivindicaciones de los jóvenes y que generen consenso entre administraciones, empresas y entidades sociales. 

Entre las medidas concretas mas destacadas figuran los avales públicos para la primera hipoteca, una medida que ya aplican Gobierno de España o Junta de Andalucía, la regulación de las viviendas turísticas, el establecimiento de cupos de reserva en las VPO para menores de 30 años con precios adaptados o la seguridad jurídica para el arrendador mediante garantías que aseguren el pago y el mantenimiento de las viviendas así como que se pongan en oferta aquellas que se encuentren desocupadas.