El empresario recomendado por Begoña Gómez reprocha al juez Peinado que le impute un "soborno inexistente" y pide el archivo

El empresario Juan Carlos Barrabés, a quien el juez del caso Begoña ha enviado frente a un jurado popular por su presunta implicación en irregularidades asociadas a la adjudicación de contratos públicos, ha recurrido esta decisión en un escrito en el que reclama el archivo al no existir "ni una sola evidencia que acredite la existencia de influencia en funcionario alguno o de ventaja o beneficio (...) a cambio de un soborno también inexistente".

Además del recurso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el empresario aporta al juzgado un correo electrónico con fecha de 12 de diciembre de 2019 en el que la esposa del presidente del Gobierno le requiere su currículum para entrar a formar parte de la plantilla de profesores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense, en la que Barrabés dio algunas clases por ser experto en innovación tecnológica.

"Estimado Carlos: Por favor, rellena hoy esta hoja que me solicitan en la Universidad para presentar el Máster. Un abrazo", señalaba escuetamente la mujer de Sánchez, que firma como Codirectora del Máster en Captación de Fondos para ONL" y adjunta un formulario.

Se da la circunstancia de Barrabés fue avalado mediante carta en dos concursos públicos por la esposa del líder del Ejecutivo que fueron adjudicados por la empresa pública Red.es. Los trabajos fueron encargados a la sociedad Innova Next SLU, propiedad de este empresario, a través de la UTE que formó con la empresa The Valley.

Pero para su defensa, que ejerce el abogado Javier Sánchez-Junco, "es imposible determinar cuál es el acuerdo fraudulento al que habrían llegado el señor Barrabés y la señora Gómez para lograr la obtención de ventaja por mi representado y cuál es el pago de la comisión". Agrega que si este pago se realizó por dar clases en el máster "existen un amplio número de profesores que han participado como docentes, sin que se les presuponga la obtención de un ilícito a cambio". Añade que incluso hay empresas "que han colaborado económicamente con la cátedra extraordinaria, y tampoco se ha considerado un indicio, como es lógico, para investigar su actividad profesional".

"Presión moral"

Según esta parte, "no se ha determinado dónde está la presión moral, o cuál es el abuso de la situación de superioridad, pero realizado de forma desviada por parte de la señora Gómez, o ese interés espurio por influir en el funcionario con la finalidad de introducir en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos". De hecho, incide en que ni siquiera está determinado el funcionario público concreto sobre el que ejercer cualquiera de las presiones descritas.

Discrepa por ello que se pueda mantener que habría influido en resoluciones administrativas a través de la carta de apoyo al proyecto que conformó la oferta de la UTE en las licitaciones, que son objeto actualmente de investigación en la Fiscalía Europea. "Pero esa influencia se habría ejercido sin la realización de ningún acto concreto de influencia ni sobre un funcionario concreto, sino que se trata de una influencia genérica por su condición de esposa del presidente del gobierno", agrega el escrito

"De hecho, aquí no ha comparecido ningún funcionario que haya señalado sentirse compelido a adjudicar un contrato al señor Barrabés", continúa el recurso y, de hecho, no se ha citado a ni una sola de las personas que conformaron las mesas de contratación que valoraron positivamente a la UTE para la adjudicación de los contratos.

Suscríbete para seguir leyendo