LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
El Gobierno pide la extinción judicial de la Fundación Franco
El expediente llega después de casi dos años desde que se iniciara el trámite, y será un juez quien determine finalmente la extinción

Urtasun señala a la autoridad judicial para la extinción de la Fundación Francisco Franco / Europa Press

El Gobierno pide la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado su decisión de firmar el expediente de disolución, que pone fin a la vía administrativa, y enviarlo con carácter "inminente" a la Justicia para su ejecución, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones, una vez concluido el proceso administrativo.
"Vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas", comenzó Urtasun en una rueda de prensa convocada con unas horas de antelación. "Y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura", defendió el titular de Cultura este martes, coincidiendo con el 95 aniversario de la Segunda República.
El Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones, inició los trámites para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco en junio de 2024, cuando solicitó a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática un informe para estudiar la posible concurrencia de causa de extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco.
Este informe llegó en mayo del año pasado, junto a un informe de la Abogacía General del Estado, de los que se deducían que la fundación iba contra la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 y que "realiza apología del franquismo, ensalza el golpe de Estado y la dictadura", además de que "enaltece a sus dirigentes, y particularmente a Francisco Franco", según el Ministerio de Cultura
Una vez recibido este informe, y ante la existencia de "indicios" que apuntan a una causa de extinción, el Ministerio de Cultura inició el procedimiento previo a la extinción judicial el pasado octubre, cuando se lo notificó a la Fundación Franco. Tras el período obligatorio para realizar alegaciones, se presentó una propuesta de resolución, notificada a la fundación y que también contó con el debido período de audiencia.
Una vez superado este trámite y recabadas las alegaciones, solicitó un informe a la Abogacía del Estado, que ratificó la propuesta de expediente de extición que ha sido firmada este martes por el ministro de Cultura. Se completa así el último trámite necesario antes de remitirla a instancias judiciales a través de Abogacía General del Estado, el órgano competente para ello. Ley de Fundaciones determina ahora que la decisión sobre la extinción corresponderá ahora a la autoridad judicial.
En rueda de prensa, Urtasun también ha confirmado que va a reclamar, a través de la Abogacía del Estado, cerca de 30.000 documentos del archivo en posesión de la Fundación Francisco Franco, al considerar que son documentos de carácter público. En un informe realizado por personal técnico del Ministerio de Cultura, se estudiaron un total de 27.620 documentos del archivo y concluyeron que este fondo documental procede del despacho y dependencias privadas del que fue jefe del Estado español, Francisco Franco, y determina que los archivos, al ser consecuencia de la función pública que desempeñó el dictador, son de carácter público.
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