El Gobierno calcula que una de cada tres solicitudes de regularización de migrantes no pasará el filtro

El proceso de solicitud para la regularización de migrantes arrancará este jueves con el horizonte de que beneficie a casi medio millón de residentes en España. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calculan que la cifra de solicitudes se elevará hasta las 750.000, por lo que según sus previsiones un tercio no pasarán el filtro. Aunque esta es la estimación, las mismas fuentes señalan que el procedimiento está “dimensionado” para responder “venga lo que venga”.

Algunas entidades han llegado a estimar en sus propios estudios hasta cerca de un millón de tramitaciones. “Todos los ministerios están implicados para dar respuesta” defienden ante los retos a nivel de recursos humanos como logísticos. Como avanzó este martes la ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, tras aprobar el decreto ley en el Consejo de Ministros, se habilitarán un total de 450 oficinas (la gran mayoría de Correos) para tramitar las solicitudes. Estas podrán realizarse también de forma telemática. Según les ha trasladado la dirección de Correos a los sindicatos en una reunión mantenida este mismo martes, el proceso podría suponer entre 500.000 y un millón de solicitudes, de las cuales entre un 10% y un 20% se tramitarán de forma presencial.

El ritmo a la que los potenciales beneficiarios vayan cursando las solicitudes variará en función de la celeridad de las administraciones de sus países de origen. Un elemento indispensable para poder participar del proceso y acabar obteniendo un permiso de trabajo y residencia será poder acreditar la inexistencia de antecedentes penales durante los últimos cinco años. Ni en España, ni en el país de origen, un requisito ‘sine qua non’ propio en “toda normativa de Extranjería”, ha argumentado la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Ejecutivo planteó en un principio la necesidad de presentar un registro oficial de los países en los que hubieran residido en los últimos cinco años, pero que en caso de no tener respuesta bastaría con una "declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales". Finalmente, este requisito más laxo se ha eliminado a cambio de dar más margen para conseguir la documentación. En caso de encontrarse con dificultades administrativas derivadas de los países de origen, será el propio Gobierno el que deje en suspenso el trámite durante un máximo de tres meses para dar tiempo a que esa tercera administración implicada responda. No obstante, si pasado ese plazo ni el Gobierno español ni el interesado han obtenido el certificado, la solicitud será denegada.

Otros requisitos que establece el decerto para para acceder a una autorización de residencia y trabajo es encontrarse en España antes del 1 de enero del 2026; haber permanecido en el país al menos cinco meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud y acreditar o uno de estos tres requisitos: haber trabajado previamente de manera legal, tener algún familiar en el país o un certificado de vulnerabilidad.

Para acreditar la estancia en España bastará con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos, siempre que sean verificables. Por ejemplo, el certificado de empadronamiento es uno de estos documentos acreditativos, pero no obligatorio. Un pasaporte, aunque esté caducado, también sería un documento válido.

Desde el Gobierno ha calificado este proceso como "uno de los grandes hitos" de esta legislatura, centrando sus objetivos en “integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa". Desde el plano económico, en el Gobierno se apoyan en un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, según el cual con un 30% menos de inmigración España tendría en 2075 un 22% menos de PIB.

Carta a la ciudadanía

El jefe del Ejecutivo ha defendido este procedimiento, al que se oponen PP y Vox, para “reconocer derechos, pero también exigir obligaciones”. A través del inusual formato de una carta dirigida a la ciudadanía, apela al “orgullo de ser español” porque “hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica”.

Sánchez sostiene en la misiva que esta regularización es “un acto de normalización” para “reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana”. Asimismo, destaca que se trata también “un acto de justicia con nuestra propia historia”. Es decir, “con aquellos que emigraron en busca de una vida mejor”.

Desde el punto de vista demográfico, el proceso de regularización exprés se justifica como una necesidad. “España, como otros países europeos, envejece. Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena”, argumenta el jefe del Ejecutivo en su carta. No obstante, reconoce también que la migración plantea desafíos, pero asegurando que “la regularización es la mejor respuesta para afrontar muchos de ellos”. De ahí que apueste por el camino de entender la migración como “una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida”. Todo ello en contraposición al camino “de quienes quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión”.

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