El Gobierno redobla el choque con Ayuso: vetará la entrega de 668 millones a Madrid si no aplica su plan de vivienda

El Gobierno volvió a centrar este martes el foco de la confrontación de modelos políticos con las comunidades del PP en la sala de prensa de La Moncloa. Especialmente, con el gobierno madrileño, a cuenta del rechazo de Isabel Díaz Ayuso al Plan Estatal de Vivienda aprobado en el Consejo de Ministros y del “boicot” al procedimiento para la regularización de migrantes que desde el Ejecutivo central achacan tanto a su gabinete como al Ayuntamiento de Madrid. “Ayuso cree que daña al Gobierno cuando no aplica la ley de vivienda, pero daña a un millón y medio de personas que viven de alquiler en Madrid y que podría ver sus alquileres congelados y evitar subidas abusivas”, reprochó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

En Moncloa rechazan que se utilice la mesa de las salas de prensa tras el Consejo de Ministros para el choque con la presidenta madrileña y argumentan que “es Ayuso quien busca la confrontación con su plan para las élites”. Desde el gobierno regional alegan que el plan invadiría competencias autonómicas y que además impondría medidas “inconstitucionales” en referencia a la protección permanente de la vivienda pública.

Sobre las reticencias de la Comunidad de Madrid a las condiciones previstas en el plan de vivienda para transferir recursos, Rodríguez avisó que de consumarse el rechazo supondría “estar renunciando a más de mil millones de euros”. “Es un coste que no sé si es capaz de asumir”, concluyó. Concretamente, el plan contempla para la Comunidad de Madrid 1.113 millones, la segunda que más recibiría solo por detrás de Andalucía, con 1.197.

Se trataría de 815 millones más que con el anterior plan estatal y que están condicionados a unos requisitos a los que se oponen desde la Comunidad de Madrid, como es blindar la vivienda pública de la especulación, compartir datos de mercado y que las comunidades cofinancien el plan en un 40% con sus propios recursos. La transferencia del Estado que se vetaría en caso de no aplicarse el plan sería de 668 millones.

“Todo se resume en que si no comulgas con el intervencionismo de Pedro Sánchez, no hay dinero”, denunciaba el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. El ministro de Transformación digital y secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Óscar López, cargaba por su parte contra el “no a todo de Ayuso”. “La vivienda es el principal problema de los madrileños y la Comunidad de Madrid no quiere triplicar la inversión en vivienda pública porque siguen defendiendo el modelo de la especulación”, arremetía a través de un video distribuido en las redes sociales.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también fue al choque con los ayuntamientos del PP y la propia Comunidad de Madrid al acusarlos de poner trabas al proceso de regularización de migrantes. “Siguiendo directrices políticas del PP están boicoteando derechos de miles de personas”, arremetió. La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable del decreto de regularización, directamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por no querer colaborar. Asimismo, cuestionó la “incoherencia” de que la Comunidad de Madrid se diga “amiga” de los migrantes, especialmente latinoamericanos, que engrosan la lista de solicitudes.

“A pesar de ese boicot injustificado de algunos”, desde el Gobierno ponen por delante el apoyo al procedimiento de la sociedad civil, la Iglesia o los agentes sociales para dotar de “más derechos” a los migrantes irregulares. De ahí que recomienden sortear las presuntas trabas para obtener el certificado de vulnerabilidad requerido en algunos descargándolo de manera telemática y acudiendo a acuñarlo a las más de 200 entidades sociales acreditadas por el ministerio.

Sanidad pública en la precampaña andaluza

En un contexto de precampaña de las elecciones andaluzas en el que el PSOE y su candidata María Jesús Montero han puesto en el centro de su discurso la defensa de la sanidad pública, Pedro Sánchez arrancaba la semana con un acto institucional en el que acusaba a las comunidades del PP de ponerla en riesgo. "La sanidad pública es uno de los mayores logros colectivos", destacaba en un acto sobre el 40 aniversario de la ley general de Sanidad para avisar de que "no podemos ponerla en riesgo" mediante lo que denominó "dogmatismos ideológicos o falta de prioridades".

El jefe del Ejecutivo reprochó el destino de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, con más de 300.000 millones euros adicionales, según cifró. "La pregunta es: ¿A dónde han ido esos recursos adicionales que hemos transferido?. ¿Cómo es posible que habiendo transferido 300.000 millones más, hoy la sanidad sea una de las principales preocupaciones de nuestros compatriotas?, se cuestionó para instar a dar "una respuesta" a la ciudadanía. De ahí que se dirigiese a "determinadas comunidades autónomas gobernadas por determinadas fuerzas políticas" para defender que "la salud es un derecho, no una mercancía”.

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