El exgerente del PSOE reconoce en el Supremo que Ábalos se autorizaba a sí mismo sus gastos y los de su equipo en el partido

Los pagos en metálico realizados por el PSOE a dirigentes y colaboradores para compensar gastos por adelantado han vuelto a centrar los interrogatorios en el juicio que se celebra contra el exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, pese a ser un asunto del que no se acusa en esta causa y sigue investigándose en la Audiencia Nacional. Sí es clave en este juicio el origen del efectivo que tanto el ex secretario de Organización como su asesor ministerial Koldo García pudieran manejar.

Mariano Moreno, ex gerente del PSOE, ha reconocido a preguntas de la acusación popular que Ábalos se autorizaba "a sí mismo sus gastos y todos los generados por la Secretaría de Organización". Preguntado, en alusión a lo señalado en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre si se dieron a Koldo "chistorras" (billetes 500 euros) por razón del cargo sin que hubiera justificación, el testigo ha puesto en duda la validez de dicho informe.

"Lo que sí le puedo decir es que la caja del PSOE seguía un mecanismo en el que yo solicitaba de tesorería el efectivo, el banco enviaba a una empresa de seguridad con el dinero y nunca pedimos ni billetes de 500 ni de 200 ni de 100 euros, nunca", ha puntualizado al respecto.

El abogado de la acusación particular, Alberto Durán, ha insistido durante el interrogatorio sobre la mecánica de estos pagos, ante lo que Moreno ha señalado que "existían normas" y que eran las mismas para los pagos por transferencia, que eran el 99,4 por ciento durante el tiempo en el que él fue gerente, que para las compensaciones en metálico, que eran el resto. No obstante, ha reconocido que en 2020 cambiaron parte de la política de gastos, al proponer una limitación de pagos en efectivo que se aprobó en septiembre de dicho año: cualquier pago en metálico tenía que tener un límite de 1.000 euros.

Además, según su testimonio, únicamente se podía compensar gastos previamente autorizados que deberían tener una tipología determinada, como gastos de viaje, de representación o de actividad, y eran fundamentalmente comidas, cenas, algunos de alojamiento y transporte o peajes, gasolina.etc… Además, debían adjuntarse los recibos y tickets y obtener una autorización de la propia gerencia "para el ok final". En cuanto a los ingresos de la caja, procedían al cien por cien de las cuentas del Partido Socialista, con excepción de la venta de 'merchandising'.

Cuando llegó el turno de la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz preguntó al ex gerente por algunas liquidaciones, un total de nueve, que Koldo García pasó al partido por gastos por adelantado y que superaban en mucho esos 1.000 euros a los que se había referido anteriormente. Para explicar estos supuestos, Moreno ha señalado que no es lo mismo si se pasan gastos por un periodo de varios meses o se presenta un ticket determinado por un gasto muy elevado. La fiscalización, en todo caso, no le correspondía realizarla a él, y aunque el Tribunal de Cuentas dispone de todos los asientos contables, el partido guarda los originales de todos los tickets y gastos.

Según Moreno, cuando había campañas electorales los gastos se incrementaban y había que ajustar la tesorería. Sobre si algunos de los gastos pasados por Ábalos alguna vez le parecieron desproporcionados, ha manifestado que firmó todas las validaciones que le pasaron, si bien en alguna ocasión pudo preguntar "por algún ticket específico". En este sentido, ha recordado una factura por 700 euros por un gasto en Vigo, la más alta que recuerda, aunque era por una comida para 14 personas.

La defensa sugiere descontrol

También ha sido llamada a declarar este miércoles Celia Rodríguez, la trabajadora que realizó las entregas de sobres con billetes que fueron recogidas por el asesor del ministro Koldo García e incluso en alguna ocasión por su hermano Joseba y la que fuera su esposa en la sede madrileña de Ferraz.

La acusación popular había renunciado a su testimonio, pero no así la defensa, interesada en sugerir la existencia de cierto descontrol en la gestión de gastos por parte del PSOE que pudiera justificar el manejo de efectivo por parte de sus clientes, o al menos la tenencia por parte de Koldo García de dinero derivado de todos los gastos pertenecientes a la Secretaría de Organización.

Sin embargo, durante su declaración, la secretaria ha relatado que Koldo García siempre le entregaba un sobre con los tickets, indicando cuáles eran los de Ábalos y cuáles los correspondientes a la Secretaria de Organización, y ella se limitaba a sumarlos y bajarlos a Administración para que le abonaran el importe. Después, el importe se devolvía "normalmente a Koldo o al señor Ábalos", y a veces avisaba para recogerlo a la esposa del primero, Patricia Úriz.

El control del Tribunal de Cuentas

Al comienzo de la sesión de la tarde, la defensa de Jose Luis Ábalos ha interrogado a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano sobre el análisis realizado por el órgano contable sobre las contrataciones de Puertos del Estado y Adif para la compra de mascarillas. Chicano ha señalado que se fiscalizaron en total más de 121 entidades públicas, además de comunidades autónomas y ayuntamientos y concluyeron que se acomodaban a la regulación específica en pandemia, que era excepcional de emergencia y "mucho más laxa".

Los informes no son elaborados por la propia Chicano, según la propia presidenta del Tribunal de Cuentas ha querido puntualizar, sino por un equipo colegiado y ella los firma. De hecho, la presidenta no puede intervenir ni hacer siquiera una valoración o apreciación sobre su contenido. "Quizá la hemos traído aquí de forma inadecuada", ha reconocido el abogado Mariano Turiel.

No obstante, Chicano ha ratificado las conclusiones de los informes, y específicamente en lo señalado en relación con las mascarillas compradas por Transportes. También ha ratificado una de las conclusiones, relativas a que los precios pagados por el Ministerio de Ábalos por las mascarillas fueron inferiores a lo que abonaron por este producto otras administraciones públicas.

En legislación de emergencia, ha señalado, no se comprueba si las empresas adjudicatarias estaban al corriente de los pagos a Hacienda o a la Seguridad Social. "Por eso se recomendó que, en lo sucesivo, los contratos de emergencia deban atenerse a criterios de solvencia", ha manifestado Chicano.

El abogado de la acusación popular ha advertido a la testigo que, según el análisis del Tribunal de Cuentas, en el análisis del expediente de Puertos del Estado constató que no hubo concurrencia de más ofertas para las mascarillas aparte de la de Soluciones de Gestión, si bien Chicano insiste en que el Tribunal de Cuentas lo que se mira es la adecuación de legalidad y se recomendaron buenas prácticas en el futuro, como valorar la solvencia de las empresas con las que se contrate. Sobre el contrato de Adif, la acusación popular ha señalado que el informe del Tribunal de Cuentas subrayó que se había exigido un pago por adelantado, luego sustituido por depósito en un banco. Chicano ha reconocido que no suele ser habitual.

Le ha seguido José Ángel Escorial, administrador de Soluciones de Gestión en el momento de los hechos, que ha ratificado la firma de los contratos de Puertos del Estado y Adif en nombre del dueño, Íñigo Rotaeche. Fue este directivo el que le dijo que se estaban mirando estas oportunidades de negocio. Interrogado por el fiscal Anticorrupción, este testigo ha manifestado que Soluciones de Gestión contrató a las empresas de Aldama como asesor en la gestión de los contratos en Transportes, en especial por todo lo referido al transporte aéreo.

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