La defensa de Begoña Gómez pide al juez Peinado paralizar la causa en espera de los cuatro informes que debe presentar aún la UCO

El abogado de Begoña Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, no quiere tener que presentar el escrito de defensa de cara al juicio que está previsto que se celebre por cuatro delitos de corrupción hasta que todos los indicios contra su cliente estén sobre la mesa.

Aún falta conocer el resultado de al menos cuatro informes que han sido solicitados a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil --entre ellos, los relativos a los correos electrónicos de la esposa del presidente del Gobierno- y también está pendiente la declaración como testigo este jueves del fundador de la empresa Numitec, relacionada con la financiación de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

Paralizar plazos

Por esta razón, en el último escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, le pide que paralice todos los plazos procesales actualmente en curso —incluyendo el concedido para la formulación del escrito de defensa—, hasta que se sustancien estas diligencias y la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos de apelación y de queja que aún quedan sin responder.

Hace tan solo una semana, el instructor rechazó los recursos de Gómez, de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés para insistir en que deben ser juzgados por un jurado popular y para reiterar la premisa que centra su investigación: que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y después a la presidencia del Gobierno "se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC (Transformación Social Competitiva), que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".

Para la defensa de Gómez, y "desde una perspectiva de economía procesal", resulta "manifiestamente desaconsejable" proseguir con la tramitación del procedimiento mientras subsiste la incertidumbre sobre la validez y subsistencia de las resoluciones que le dan sustento. "La estimación de cualquiera de los recursos pendientes obligaría a retrotraer las actuaciones a un momento anterior al que actualmente se encuentra el procedimiento, con el consiguiente dispendio de tiempo y medios judiciales que ello comportaría, así como el perjuicio que dicha situación ocasionaría a todas las partes personadas", agrega el escrito.

Así, insiste en que "si el procedimiento continuase pese a la pendencia de los recursos, el efecto práctico sería que la estimación de aquellos por parte de la Audiencia Provincial", lo que considera probable, "llegaría en un momento en que el procedimiento habría avanzado de forma irreversible, generando una situación procesalmente insostenible".

Además, de no paralizarse ahora la causa, podría generarse "un riesgo cierto de nulidad de actuaciones de imposible subsanación posterior, con el correlativo perjuicio para todas las partes y para la Administración de Justicia, en caso de que la Audiencia Provincial estimara los recursos pendientes", advierte la defensa en su recurso.

Papel procesal de la asistente

Por su parte, Manos Limpias ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial después de que el juez Peinado rechazara que pudiera desligarse del resto de acusaciones. Esta organización pide que la causa sea sobreseída con respecto a la asistente en Moncloa porque considera que "no es mínimamente razonable imputarle un delito de malversación" ni tampoco que se den los criterios subjetivos de imputación exigibles para el éxito de su acusación.

En este punto, Manos Limpias se alinea con las defensas y el Ministerio Fiscal, si bien considera que su intervención como testigo -- con obligación de decir verdad-- "puede resultar determinante para que exista prueba de cargo suficiente frente a doña Begoña Gómez y don Juan Carlos Barrabés".

Por otra parte, y con respecto a la postura adoptada por HazteOír, que ejerce la dirección letrada en este procedimiento, Manos Limpias defiende que de los hechos objeto de la instrucción "no es ni remotamente posible inferir la comisión de los delitos de corrupción en los negocios, apropiación indebida o intrusismo profesional". Así las cosas, toda vez que existe una divergencia irreconciliable de criterios entre las partes agrupadas, pide poder ir por su cuenta "so pena de cercenar los derechos" de esta organización, cuya primera denuncia dio origen a la causa contra la mujer de Pedro Sánchez.

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