Juicio en la Audiencia Nacional
La defensa de Jordi Pujol Ferrusola pide su absolución porque no hay "nada" que acredite que cobró por obra pública
El abogado de Oriol Pujol afirma que "no hubo una persecución política, sino por ser vos quien sois: por ser presidente de la Generalitat y por una forma de entender Catalunya"
Anticorrupción afirma que en Catalunya "se pagaba a los Pujol, como si fuera un club, con el 3% para tener obra pública"

Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, abogado. Juicio a los Pujol en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. / José Luis Roca
La defensa de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, ha pedido su libre absolución porque no hay "nada" que sustente el "frontispicio" de la acusación del fiscal relativo a que la familia constituyó una "organización criminal" para cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública. Cristóbal Martell ha esgrimido que "no ha habido nada que sustente" la afirmación contenida en el escrito de acusación fiscal de que los fondos ocultos en Andorra provienen de la corrupción y no del legado del abuelo Florenci Pujol. "No ha salido durante todo el juicio, ni durante la instrucción, que el expresidente Jordi Pujol Soley hizo mercadeo de la función pública" y ello "permitió el incremento del patrimonio" familiar, ha afirmado el letrado para negar los delitos que le atribuye el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo.
Pese a ser el abogado que ha hecho el informe de conclusiones más extenso, de casi dos horas, Martell no ha mencionado ni la 'Operación Cataluña' ni motivaciones políticas en el procedimiento. De ello se ha encargado la defensa del único hijo del expresidente catalán que siguió sus pasos en la política, Oriol Pujol. "Yo no digo que hubiese una persecución de Catalunya, como dijo el fiscal, pero sí de una forma de entender Catalunya. No hubo una persecución política, sino por ser vos quien sois: por ser presidente de la Generalitat y por una forma de entender el país", ha aseverado Francesc Sánchez en un informe de apenas 15 minutos. El guante de esta línea argumental lo ha recogido Oriol Rusca, abogado de la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, que ha afirmado que el objetivo de la investigación fue el expresidente catalán, pero, como no se pudo, se centró en su hijo mayor.
El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, para quien la acusación pública solicita 29 años de prisión, se ha centrado en la ausencia de prueba que impide más condena que "intoxicar los ojos con que se mira la vida económica de Jordi Pujol Ferrusola". Cristóbal Martell ha admitido que se pueda reprochar a la defensa que el legado del abuelo Florenci Pujol con el que explica el origen de la fortuna de Andorra presenta "poco músculo", pero ha añadido que "no es tarea fácil probar unos fondos opacos de los años 70-80".
"En cabeza de reo"
En cualquier caso, aunque no se haya probado esa herencia, tampoco han conseguido por las acusaciones acreditar la presunta corrupción que se utiliza como delito antecedente del de blanqueo. En su opinión, el fiscal afirma "sin mayores aditamentos" que la fortuna en Andorra procede de que Pujol Ferrusola se repartió con empresarios "beneficios de adjudicaciones públicas", pero el "tribunal, debe ponerse en cabeza del reo" y esa acusación se desarma de "un soplido".

El abogado Cristóbal Martell durante su informe de conclusiones finales en el juicio a los Pujol. / EL PERIÓDICO
"De un frontispicio tan ambicioso, uno espera que haya elementos que lo colmen: qué concursos, qué adjudicaciones. Y nada, sencillamente nada, ni una sola mención que dé trasunto o respuesta" a esa acusación, ha argumentado Martell antes de recordar que "el delito de blanqueo de capitales no es un delito de sospecha y exige pruebas". No se puede "dar por probado el mercadeo de la función pública", que no tiene nada que ver con "la gestión de unos fondos". "No se puede acusar a brochazos", ha dicho en referencia a las posibles adjudicaciones ilícitas con motivo de las Olimpiadas de Barcelona, cuando ha repasado las inversiones sospechosas para la acusación que ha recordado que, en su mayoría, se adjudicaron con el tripartito.
También se ha mostrado muy crítico con la acusación de la Abogacía del Estado que calificó de "pagos inconfesables" los cobrados por Jordi Pujol Ferrusola por supuestos trabajos. "¿Se puede afirmar de las actividades de las empresas de Pujol Ferrusola el mercadeo de la función pública? La nada una vez más", ha señalado Martell, que ha citado amplia jurisprudencia sobre la necesidad de contar con pruebas que acrediten el origen ilícito del dinero que esgrimen las acusaciones para que haya blanqueo.
Banda de dos miembros
En cuanto a la organización criminal que el fiscal imputa a los hermanos, el abogado ha explicado que, "si no hay blanqueo", debería quedar descartada. Solo contaría con dos supuestos miembros que con carácter estable se habrían concertado: Jordi Pujol Ferrusola y su padre, el expresidente catalán, puesto que ninguno de los otros hermanos tuvo papel activo alguno. "¿Puede ser Jordi Pujol Ferrusola organización criminal consigo mismo o con su padre?", se ha preguntado Martell, que también ve prescritos los delitos fiscales que se imputan al hijo mayor del expresidente.
Cristóbal Martell, además, ha negado simulación alguna en las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola: eran sociedades que compartían sede y solo contaban con una secretaria, ya que se basaban en la actividad de intermediación del hijo mayor del expresidente de la Generalitat, como él mismo declaró ante el tribunal.

El abogado de Josep Pujol Ferrusola, Jaime Campaner, durante su informe final / EL PERIÓDICO
"Imperialismo" tributario
Jaime Campaner, en defensa de Josep Pujol, ha reprochado al fiscal que considerara tan incriminatorio el testimonio de Vicky Álvarez -la expareja de Jordi que denunció haberle acompañado a Andorra con efectivo- y que no la hubiera llamado a declarar. Tras recordar que la causa no se movió hasta que el expresidente admitió la fortuna en Andorra, el abogado ha restado importancia al diario que Josep escribía y que constituye la principal prueba en su contra de un préstamo presuntamente simulado. Según el letrado, se trataba de las consultas que le haría a la inteligencia artificial.
El letrado, que ha insistido en la imposibilidad de que su cliente supiera en 2010 que dos años después el entonces ministro Cristóbal Montoro iba a hacer una regularización fiscal, ha considerado que la acusación por la que Josep Pujol se enfrenta a una petición fiscal de 14 años de cárcel solo responde al "imperialismo jurídico de la Agencia Tributaria".
Pendrive
Por su parte, Francesc Sànchez, abogado del exdiputado de CDC Oriol Pujol Ferrusola, que, como cuatro de sus hermanos, se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de cárcel, ha reclamado su absolución por el "vacío probatorio" que existe que convierte en "fantasmagórica" la acusación. "Aquí hay dos tesis: la 'deixa' y la del origen ilícito, pero no se ha probado" la corrupción esgrimida por el fiscal. Sánchez se ha remitido a la intervención de la policía política del PP en la investigación sobre la familia Pujol, a través de las supuestas coacciones que denuncian los exresponsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) y al pendrive de origen dudoso que se apartó del procedimiento y supuso la condena del exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino.
El abogado de los otros cuatro hijos del expresidente, Pau Ferrer, por su parte, ha rechazado que sus representados hayan cometido algún fraude a Hacienda, ya que regularizaron su situación en 2014, por lo que "no cabe reproche penal" para ninguno de ellos. También ha rechazado la existencia de blanqueo de capitales ante "la ausencia de fuentes de prueba" y por proceder el dinero de la 'deixa' del abuelo Florenci.
El abogado de Gironès ha argumentado que la causa comenzó con la denuncia de Vicky Álvarez y después se centró en la vida de Jordi Pujol Ferrusola. En la investigación "han buscado los prejuicios" que los investigadores "tenían". "¿Con esta prueba, con esta rigurosidad, esta Sala va a condenar a alguien?", se ha preguntado el letrado para insistir en que las pesquisas solo perseguían encontrar algo contra Jordi Pujol Soley, puesto que la causa "no trata de un delito de sospecha, sino de un delito de deseo".
La sesión la han cerrado los abogados de dos de los nueve empresarios acusados: Fermín Morales, en defensa del exdirector de la televisión andorrana Francesc Robert, y Luis Jordana de Pozas, en nombre del mexicano Bernardo Domínguez Cerecedes. Ambos han reclamado su libre absolución.
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