Un empresario confirma ante Peinado que patrocinó la cátedra de Begoña Gómez y se reunió frecuentemente con ella y su asesora en Moncloa

El presidente del Grupo Numintec, José María Torres, ha revelado este jueves ante el juez que investiga el caso Begoña Gómez que su compañía, dedicada a las telecomunicaciones, patrocinó la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía la esposa de Pedro Sánchez mediante una adenda específica y una aportación de 6.000 euros. Según señalan fuentes presentes en la declaración a EL PERIÓDICO, agregó que no existieron otras colaboraciones similares de Numintec con otras cátedras.

El testigo, llamado a declarar en relación con la actividad de Gómez en el centro universitario, admitió según las mismas fuentes que existían reuniones frecuentes en cafeterías y encuentros relacionados con la cátedra y los actos organizados alrededor de la misma, a los que acudían tanto Gómez como la coordinadora del curso, Blanca de Juan y también la asistente en Moncloa Cristina Álvarez.

El testigo ha señalado en que la labor de Álvarez en estos encuentros parecía ser de control y seguridad. Por otra parte, el testigo trató de enfocar su patrocinio únicamente como aportaciones económicas y confirmó que entendió que el 'software' desarrollado era para la Universidad Complutense, si bien ha sabido explicar qué ocurrió con otros 6.000 euros vinculados a las becas ni por qué Numintec firmó esa adenda concreta.

Finalmente, Torres ha reconocido la presencia de Begoña Gómez en distintos actos relacionados con compañías y entidades en las que él participaba, confirmando también que en muchos de esos eventos estaba presente Cristina Álvarez también en labores relacionados con la prensa y el protocolo.

La defensa insiste

Por otra parte, la defensa de Begoña Gómez se aplica para evitar que el caso por cuatro presuntos delitos de corrupción que el juez Peinado le atribuye llegue finalmente ante un tribunal del jurado. Este miércoles se conoció que el abogado y exministro del Interior Antonio Camacho solicitaba un aplazamiento del proceso mientras se dirimen las últimas diligencias, y en un nuevo escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO apela ante la Audiencia para anular la decisión de optar por la vía del jurado asegurando que se la investiga por "ser cónyuge del presidente del Gobierno" y se carece de indicios suficientes.

En este último recurso, la defensa insiste en que no puede comprender "cómo se puede vincular" el acceso de Sánchez a la Presidencia del Gobierno "con un cambio significativo en la actividad profesional de Gómez". Ello es porque Gómez se dedicaba al ámbito de la consultoría y ya tenía actividad docente "desde muchos años antes" de que empezara a codirigir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Para la defensa, no tener en cuenta esta circunstancia para vincular el acceso de la Presidencia del Gobierno con la obtención de ventajas por parte de Gómez solo significa que se la está investigando "por ser cónyuge" de Sánchez.

Asimismo, el letrado critica la"falta de motivación" de Peinado para argumentar que el caso es competencia de un jurado popular y argumenta que, por ser "un asunto muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública", ello "pude generar una ulterior lesión del derecho al juez imparcial como consecuencia del juicio paralelo que ya se ha producido" en medios de comunicación, comisiones de investigación o redes sociales.

En un recurso de queja anterior a la presentación de este recurso, al que también ha tenido acceso esta redacción, el abogado insistía en que en este caso "no es solo la falta de toda motivación, sino también la injustificada y arbitraria elección del cauce procesal elegido lo que produce (...) una manifiesta ablación del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley", en relación con la elección del tribunal del jurado.

El titular de la plaza número 41 de Instrucción de Madrid plantea juzgar a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, junto a su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.

Sobre el hecho de que se impute malversación y tráfico de influencias en relación con la actividad de la asesora en Moncloa, la defensa insiste que la esposa del presidente del Gobierno, "desde que hay democracia en España, ya que no desempeña un puesto retribuido, cuenta con una o varias personas de apoyo contratadas como personal eventual, en razón de la confianza que las une a la persona a la que deben asistir, tanto en sus tareas públicas como privadas, puesto que la esposa del Presidente no es un cargo público con competencias y funciones legalmente determinadas".

Suscríbete para seguir leyendo