El Gobierno se abre a desgravar las hipotecas para salvar el decreto de los alquileres como pide Junts

Después de que Junts moviera ficha y se abriera a aceptar la prórroga de contratos de alquiler si incluye deducciones fiscales por alquiler o por hipoteca, el Gobierno se abre a incorporar esta medida. El vicepresidente primero y ministro de Economía, se mostró "optimista" sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con los posconvergentes, mientras Sumar confirma que aceptaría esta condición a cambio de tener los votos para sacar adelante el texto. Una "cesión" que están dispuestos a asumir pero cuyo cumplimiento, admiten, depende en último lugar del Ministerio de Hacienda que lidera Arcadi España.

El partido de Carles Puigdemont tumbó junto a PP y Vox el primer decreto de prórroga de alquiler en el Congreso el pasado 28 de abril. Entonces apelaron cuestiones técnicas y pusieron sobre la mesa sus propias exigencias: la reducción del IVA franquiciado y bonificaciones a propietarios. Pese a la caída de la norma, tanto Junts como Sumar se emplazaron a continuar las negociaciones. Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria de los posconvergentes, aseguró que el decreto "podría aprobarse mañana mismo" si incluía sus peticiones, y el socio minoritario del Gobierno avanzó que trabajaría en una propuesta que cumpliera estas expectativas.

Dos semanas después de aquello, las posiciones parecen acercarse y, tal como avanzó EL PERIÓDICO, ahora Junts admite que se plantearía apoyar la prórroga en caso de que se incluyera la desgravación hipotecaria, una medida que ha estado en vigor desde los años 70 bajo gobiernos de todo signo hasta el año 2013, en plena crisis económica, cuando la derogó el Gobierno de Mariano Rajoy con Cristóbal Montoro al frente de Hacienda.

El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, expresó durante la tarde de este miércoles en un acto celebrado en la sede de CaixaBank en Barcelona que se muestra "optimista" ante la posibilidad de cerrar acuerdos en materia fiscal. El vicepresidente primero del Gobierno apuntó a que la crisis de la vivienda no se puede resolver con una sola medida y ha afirmado que hay "margen de acuerdo". "Por supuesto, y lo digo aquí, en Barcelona", manifestó Cuerpo.

En Sumar ven con buenos ojos las propuestas de Junts si son a cambio de los votos para la prórroga del alquiler. Fuentes del grupo parlamentario avanzan que no verían mal incluir "medidas que fomenten la adquisición de la primera vivienda si se protege también al inquilino" con esa prórroga del alquiler. La medida aprobada en marzo y derogada en abril consistía en prorrogar tres años aquellos contratos de arrendamiento que vencieran en 2026 o 2027.

'Negociación en frío'

En Sumar apuntan a una suerte de 'negociación en frío' con Junts, por la que los de Puigdemont lanzan sus propuestas y ellos deben asumirlas. Es algo similar a lo que sucedió con el escudo social, donde los independentistas lanzaron su propia iniciativa que fue asumida por el Gobierno para lograr sus votos. En este caso, también presentaron una proposición relativa a la vivienda que incluía algunas de las reclamaciones que ahora piden incluir.

En la iniciativa que presentaron, Junts plantea que se pueda desgravar un 15% de la hipoteca cada año, hasta un máximo de 11.630 euros, siendo deducibles las cuotas del préstamo, los intereses, los seguros obligatorios y otros gastos vinculados. Esta deducción se podría aplicar a una sola vivienda, ya sea la habitual o un piso alquilado como residencia habitual, pero no de uso turístico ni temporal. Según los posconvergentes, esta medida tendría un coste para el Estado --derivado de la pérdida de estos ingresos-- de 2.500 millones al año. Un coste que, según la formación, sería "asumible".

En cuanto al alquiler, el partido liderado por Míriam Nogueras en Madrid plantea que aquellos que ingresen menos de 33.007,20 euros anuales también puedan acceder a una rebaja del 15% de lo que pagan por su domicilio habitual, igualmente con un máximo de 11.630 euros al año.

Así, desde el socio minoritario del Gobierno apuntan que existen contactos informales, pero confirman que en Junts rechazan abrir una "negociación formal", para no romper el veto que impusieron al Gobierno hace unos meses, tras romper con el Ejecutivo el pasado octubre. Aseguran que el acuerdo está más cerca pero asumen, eso sí, que no habrá una "escenificación" del acuerdo en caso de producirse.

A expensas del PSOE

No obstante, el impedimento podría estar también en el ala socialista del Gobierno, de la que dependen las competencias para cumplir las reivindicaciones de Junts. No encuentran problema alguno en el IVA franquiciado, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales que lidera Elma Saiz, al estar contemplado en una directiva europea.

En el caso de las desgravaciones que reclama Junts, señalan que "depende de Hacienda" pero se muestran optimistas, más aún después de que haya sido el PSOE quien más haya fomentado dentro del Gobierno las bonificaciones fiscales a propietarios. En Sumar recuerdan, no sin cierta ironía, la defensa que ha venido haciendo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de las bonificaciones fiscales, y piden que ahora mantenga esa defensa para poder sellar un acuerdo con Junts.

Sobre la posibilidad de que Moncloa se avenga a aprobar un segundo decreto con la prórroga del alquiler, Sumar vuelve a retar al socio mayoritario, advirtiendo de que en la primera ocasión "la excusa del PSOE para no querer aprobarlo era que no tenía los votos". Esta vez, una vez armada la propuesta, "tendrían los votos y no habría excusa".

Cambio de paradigma

El socio minoritario del Gobierno ha adoptado conscientemente un cambio de paradigma, y evita ahora centrar su discurso en los propietarios y limitarlo a quienes hacen negocio con la vivienda. Una manera de no chocar con Junts, que también hace bandera de dar garantías a quienes posean una vivienda. Si a principios de año se oponían abiertamente a la bonificación a propietarios, una medida que lanzó el PSOE y a la que se opusieron, ahora las aceptan como un mal menor y centran sus propuestas en el rentismo.

Así, Sumar llevará la semana que viene al Pleno del Congreso una proposición no de ley -de carácter no vinculante- que insta al Gobierno a impulsar dos medidas enfocadas a limitar el negocio con la vivienda: prohibir la compra especulativa y eliminar las Socimis, los fondos de inversión que trabajan con activos inmobiliarios.

Una propuesta que, detallan desde el grupo parlamentario, se centra únicamente en quienes rentabilizan la tenencia de una vivienda. "No vamos a confrontar a inquilinos y propitarios, porque el problema está en los rentistas", resumen. El matiz que introducen ahora es que admiten también que existen propietarios que tienen que asumir una hipoteca, y también pueden afrontar dificultades económicas o una situación de vulnerabilidad.

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