El juez del caso Plus Ultra considera que Zapatero es el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”, según informa el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional. Por esta razón le imputa delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental y blanqueo de capitales por los que será interrogado en calidad de imputado el próximo 2 de junio.

Según la investigación, cuyos resultados recoge el magistrado en el auto que se extiende a lo largo de 85 páginas, la trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.

Este asunto llegó a la Audiencia Nacional procedente de un juzgado de instrucción de Madrid que ya practicó detenciones relacionadas con un uso indebido del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó para Plus Ultra, entre las que se encontraba un amigo del expresidente, Julio Martínez Martínez, propietario de la empresa Análisis Relevante. El origen de todo el procedimiento es una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

Contactos personales

Según las pesquisas, Rodríguez Zapatero habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”. La intervención de los empresarios Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria personal, María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, “revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos”.

En segundo lugar, los hechos descritos, añade el juez, demuestran que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia. La secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones −incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda−, evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente.

La investigación también revela, apunta el auto, la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez mediante contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas.

Esto constituye, según Calama, un indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido. Asimismo, añade, la utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, demuestra la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros, que refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos.

Dos vías para conseguir el rescate

En su escrito, el instructor recuerda que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”. Para ello, articularon dos líneas de influencia diferenciadas, una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Rodríguez Zapatero. Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea finalmente fue la vía de este último la que adquirió un “papel predominante” y permitió a Plus Ultra alcanzar loobjetivosos perseguidos.

El magistrado considera que el conjunto de indicios recabados pone de manifiesto la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias sustentada en los contactos de Rodríguez Zapatero. Esa red habría actuado en beneficio de terceros, siendo estos en su condición de clientes quienes abonaban determinadas cantidades a cambio de los servicios prestados.

En esta estructura, según el juez, Julio Martínez Martínez desempeñaría un papel relevante en distintos niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas de Rodríguez Zapatero y también como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.

La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros. El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, indica el auto, sería José Luis Rodríguez Zapatero, así como la sociedad Whathefav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas, “recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos”.

Explica también el juez en su resolución que la gestión cotidiana de la red correspondería a un tercer nivel jerárquico, integrado por María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejecutaría directamente las órdenes impartidas por este. Por su parte, Cristóbal Cano Quiles, asumiría un rol equivalente al de María Gertrudis, actuando como gestor diario del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez, manteniendo además un contacto fluido con María Gertrudis.

Por otra parte, el juez Calama destaca en su resolución que la capacidad de influencia de la red para acceder a información privilegiada quedó patente en febrero de 2021 cuando dos de los investigados celebraron en un intercambio de mensajes la concesión de ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo Gestor y de su aprobación definitiva que se llevó a cabo el 9 de marzo. Demostraría que Rodríguez Zapatero, selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura.

Estructura fuera de España

En este sentido, Calama explica que la estructura investigada no se limita a España. Siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, afirma, se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica., con un plan de negocio de 3 millones USD en cinco años. Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato que tiene fecha del 19 de enero del 2021, el inicio de gestiones para constituir Landside --unos días después, el 26 de enero) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro.

Para el juez, los hechos investigados en esta fase inicial pueden ser calificados como delito de tráfico de influencias de losartículoo 428 a 430 del Código Penal. Con el grado de provisionalidad propia de esta fase, el instructor señala que concurren los requisitos típicos del delito de tráfico de influencias: existencia de una influencia ejercida o simulada, orientación a la obtención de una resolución administrativa concreta y vinculación funcional entre la influencia y el beneficio económico pretendido, todo ello en el marco de una red organizada y jerarquizada que habría actuado en favor de Plus Ultra y cuyos beneficios económicos habrían sido canalizados hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno más próximo.

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