La 'comisión Covid' de Canarias concluye que Torres y la cúpula regional de Sanidad llevaron a cabo una gestión "opaca, negligente y laxa" de los contratos públicos en la pandemia

"Una forma de gestión políticamente reprochable fallida: opaca en su estructura y en la toma de decisiones, negligente y laxa en sus controles, falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos, invasiva sobre la esfera técnica y nula, tardía y poco transparente cuando afloraron las primeras irregularidades". Esta es la conclusión más dura de la propuesta de dictamen final de la comisión de investigación del Parlamento canario sobre las irregularidades en compra de material sanitario durante la pandemia y está dirigida a cuatro personas: el expresidente y actual ministro Ángel Víctor Torres, los dos consejeros de Sanidad en ese periodo -Julio Pérez y Blas Trujillo- y el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Antonio Olivera.

Es más, el dictamen apunta al “interés y seguimiento continuado e insistente” del expresidente Torres respecto al contrato con Soluciones de Gestión -la empresa de la trama Koldo que se está juzgando en el Tribunal Supremo- debido a “una reiteración en ‘ver quién está torpedeando’ la tramitación y los pagos”.

Instrucciones políticas de Torres

El dictamen es claro: “La participación directa del presidente Torres y del viceconsejero Olivera en la aceleración del pago, en la transmisión de instrucciones políticas, y en la remisión de documentos internos a intermediarios externos, no resulta acorde con el principio de separación de funciones”.

El dictamen, al que ahora los grupos parlamentarios pueden presentar textos alternativos y enmiendas, dibuja un sistema de gestión de emergencia en el que, bajo la presión de la crisis sanitaria, se relajaron controles, se abrieron vías paralelas de interlocución, se tomaron decisiones opacas y se permitió que contratos millonarios escaparan al escrutinio ordinario de la Administración.

No son errores administrativos aislados

De hecho, el texto sostiene que lo ocurrido no puede reducirse a “errores administrativos aislados” ni a decisiones autónomas de escalones inferiores y supone una enmienda a la totalidad de la gestión política de la crisis, ya que no niega la excepcionalidad del momento: la pandemia obligó a comprar con urgencia, competir en mercados internacionales desbordados y responder a una situación inédita.

Pero el dictamen subraya que la emergencia no suspendía la obligación de controlar, documentar, justificar y rendir cuentas. Al contrario, precisamente por el volumen de dinero público comprometido y por la vulnerabilidad del sistema sanitario, esas garantías debían haberse extremado.

La comisión afirma que la responsabilidad política corresponde al Gobierno de Canarias “en su conjunto” como órgano de dirección de la crisis, y la proyecta de manera especialmente intensa sobre el entonces presidente Torres, porque quien dirige políticamente una crisis no puede apropiarse de la autoridad cuando se toman decisiones y desentenderse de sus consecuencias cuando afloran los problemas.

Los tres grandes casos: RR7, Soluciones de Gestión y Megalab

El dictamen articula ese reproche a partir de tres grandes casos. El primero, RR7 United, aparece como paradigma de la quiebra de controles: una empresa sin experiencia suficiente, un contrato de alto importe, fondos anticipados, problemas de suministro y una reacción institucional que la comisión considera tardía e insuficiente.

El segundo, Soluciones de Gestión, se presenta como un expediente en el que la intervención política habría desbordado los cauces administrativos ordinarios, con presiones, interlocuciones directas y decisiones incompatibles con una gestión neutral.

El tercero, Eurofins Megalab, se describe como ejemplo de acceso privilegiado y de prestación de servicios sin contrato previo, después regularizados bajo el paraguas de la emergencia.

Censura política

La comisión no formula solo una crítica técnica, pero se centra en la censura política. Habla de estructuras informales, de vaciamiento de órganos reglados, de decisiones tomadas al margen de circuitos ordinarios y de un debilitamiento de la frontera entre la esfera política y la técnica.

En ese marco, los funcionarios y responsables administrativos aparecen como piezas de un engranaje mayor, pero no como únicos destinatarios del reproche. El dictamen insiste en que la firma técnica no agota la responsabilidad cuando las decisiones se adoptan en un contexto dirigido políticamente desde la cúspide del Ejecutivo.

El documento también introduce una distinción esencial entre responsabilidad política y responsabilidad judicial. La comisión no pretende sustituir a los tribunales ni anticipar condenas penales.

Pero sí sostiene que la eventual depuración judicial de responsabilidades individuales no borra la responsabilidad política de quienes dirigían el Gobierno y la sanidad pública en Canarias durante la pandemia.

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