El juez autoriza a la UCO rastrear las cuentas de González Amador por sus negocios con el grupo Quirón

El juez Antonio Viejo ha dado un fuerte impulso a la investigación abierta al empresario Alberto González Amador por presuntos delitos de corrupción relacionados con su vinculación económica al grupo Quirón Salud. Así, en una resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, ordena a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil requerir hasta a 16 entidades bancarias "información relativa a los movimientos y saldos que obren en sus bases" relativas a las determinadas personas y productos bancarios.

El juez precisa que las diligencias interesadas tienen por objeto "construir, de manera preliminar, el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida" y determinar si el origen del mismo son las actuaciones ahora investigadas. La orden del juez tiene lugar varios meses después de que los agentes solicitaran la medida y la Audiencia Provincial avalara esta rama de la investigación al empresario.

Las diligencias se enmarcan en una segunda investigación abierta a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, independiente de los delitos de fraude fiscal y falsedad documental por los que será juzgado por un juez de lo Penal de Madrid.

El pasado mes de abril, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la procedencia de la investigación dirigida a determinar si, a través de la compra en diciembre de 2020 -- por medio millón de euros-- de la empresa Círculo de Belleza a la esposa de un directivo de Quirón se encubría en realidad una comisión para obtener contratos de esta sociedad.

Según la Fiscalía de Madrid, la citada sociedad carecía de valor --se trataba de un local con tres máquinas de depilación láser-- y la intención del empresario al adquirirla y luego transformarla en Masterman & Whitaker Medical Supplie And Health Process Engineering S.L. podría tener como objetivo convertirla en una empresa pantalla para encubrir comisiones tratar de eludir sus obligaciones con Hacienda.

En sus fundamentos jurídicos, el juez incide en que Las diligencias practicadas en el curso de la investigación de la que dimana la pieza separada "apuntan de forma indiciaria y provisional a la realización de un negocio jurídico en el que, careciéndose de los elementos acreditativos del valor de mercado de la empresa", en alusión a Círculo de Belleza, apuntan en a que "la verdadera finalidad de dicho acto satisfacer una comisión al señor Camino en atención a su posición en Quirón Prevención y las relaciones comerciales habidas sostenidas con el señor González Amador".

Fue la jueza que precedió a Viejo en esta investigación la que en octubre de 2004 estableció que debía indagarse “si en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla Masterman S.L., mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L. y su cliente Quirón Prevención S.L., se pudo incurrir en otros delitos distintos a los dos delitos contra la Hacienda Pública y delito de falsedad documental objeto de las diligencias previas referidas”.

"Gran cuenta"

A propuesta de la Fiscalía, también se trata de indagar sobre el incremento de los ingresos de González Amador en los años 2020 y 2021 "por la intermediación en la venta de material sanitario" a diferentes empresas, así como esclarecer lo relativo a un contrato de fecha de 15 de diciembre de 2021 entre Maxwell Cremona y Quirón Prevención "por el que la primera cedía en favor de la segunda parte del contrato denominado "Gran Cuenta", firmado con Quirón y relativo a la expansión del negocio en Latinoamérica.

La Audiencia Provincial ha avalado igualmente, según recuerda el juez Viejo en su auto, las pesquisas sobre una "propuesta para el desarrollo e implantación de la Joint Commission Internacional en la Fundación Jiménez Díaz", en cuyo marco se produjo el 16 de diciembre de 2021, por parte de Maxwell Cremona S.L. la transmisión de la totalidad de las participaciones de Masterman S.L. en favor del empresario investigado, "quien desde dicha fecha es administrador y socio único de la mercantil mencionada".

Por todo ello, el juez ordena ahora diligencias que permitan determinar los movimientos de fondos que habrían tenido lugar desde el año 2024 hasta la actualidad.

En todo caso, el juez advierte que dependiendo de los resultados de la información bancaria ahora reclamada, "pudiera considerarse procedente extender dicho examen a la información tributaria de personas físicas o jurídicas relacionadas, así como a los datos obrantes en los archivos de la Tesorería General de la Seguridad Social de las personas relacionadas" con la investigación.

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