Cinco jueces de la Audiencia Provincial de Madrid estudian si salvan de un juicio con jurado a Begoña Gómez

Finalmente, serán cinco, y no tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid los que deliberarán desde este lunes - un debate que puede prologarse varias jornadas- sobre varios recursos clave presentados por la defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que de estimarse la librarán de sentarse ante un tribunal del jurado por cuatro delitos de corrupción.

Fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO señalan que finalmente serán todos los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia que decidan sobre este asunto. El Pleno lo componen María del Rosario Esteban Milán, Enrique Jesús Vergues, José Sierra Fernández, Jesús Gómez Angulo y Carlos Prat Westerlindh, que resolverán sobre el primer auto por el que su compañero de la plaza de Instrucción número 41 de Madrid, Carlos Peinado, acordó convertir este asunto en un procedimiento ante el jurado y otras resoluciones que dieron continuidad a esta decisión.

La defensa reclama la declaración del que fuera codirector de su cátedra en la Universidad Complutense, José Manuel Ruano, y la ratificación de tres periciales sobre las características de este tipo de curso, otra que cuestiona el perjuicio económico causado al centro y un trabajo que compara el papel de las asistentes de cónyuges de los últimos presidentes del Gobierno.

Testigo esencial

Con respecto a Ruano, lo consideran un testigo de conocimiento directo y privilegiado sobre los hechos investigados, y en particular sobre la actuación de Begoña Gómez en el seno de la Universidad. "Nadie mejor que quien compartió la dirección de la misma puede arrojar luz sobre qué actividades se desarrollaban, con qué finalidad, con qué estructura y con qué resultados", agrega el texto remitido a la Audiencia Provincial.

En concreto, a Gómez se le imputan presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida, delitos respecto de los que la defensa presentó el pasado 18 de mayo un escrito de conclusiones provisionales en el que se solicitaban las pruebas señaladas. Unos días después Peinado convocó la vista preliminar para acordar la apertura de juicio y denegó la práctica de esta pruebas sin posibilidad de recurso, una decisión que según la defensa cercena las garantías procesales.

Por eso, este último recurso del abogado Antonio Camacho se centra en la necesidad de que estos elementos de prueba fueran practicados a los efectos de la decisión que habría de tomar el Juzgado en relación con la apertura del juicio oral. Así, denuncia que impedirlo limita el derecho de defensa y rompe el principio de igualdad de armas entre las partes. Por ello solicita la suspensión del procedimiento hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes para evitar situaciones de indefensión y garantizar un proceso con todas las garantías.

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