El Gobierno vetará redes sociales con "contenido dañino" a menores de 16 años aunque tengan permiso de sus padres

El Gobierno endurece su propuesta para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. PSOE y Sumar han registrado este jueves en el Congreso varias enmiendas al proyecto de ley de protección digital a los menores, ahora en trámite de ponencia, que entre otras cuestiones plantean eliminar la posibilidad de acceder a ciertas plataformas digitales aunque se cuente con autorización paternal. El texto original lo vinculaba al permiso de los tutores legales.

El permiso parental solo posibilitará el acceso a menores de entre 14 y 16 años a plataformas que cuenten con una autorización expresa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se pone así el foco en las empresas y aquellas plataformas que no puedan demostrar ante la CNMC que no difunden “contenidos dañinos” para la infancia y la adolescencia, tendrán prohibido permitir el acceso a menores de 16 años.

Fuentes parlamentarias socialistas apuntan a que su intención es volver a convocar la comisión de Justicia en periodo extraordinario, este mes de julio, para avanzar en la ponencia y tratar de pactar estos cambios con sus socios. Desde el ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, e impulsor de esta norma, defienden la necesidad de contar “con un amplío consenso, porque la necesidad de regular el entorno digital y de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes es un clamor social”.

Otras de las enmiendas pactadas por los socios de coalición al proyecto de ley de protección digital a los menores proponen castigar penalmente a plataformas con algoritmos que amplifiquen contenidos ilícitos y responsabilizar a sus directivos. Para ello se incorpora a la ley la tipificación en el Código Penal de la amplificación algorítmica de contenidos dañinos. Se convierte así en delito que una plataforma y servicios intermediarios utilicen sus algoritmos para amplificar contenidos lesivos como los que incitan al suicidio o a la autolesión, los contenidos de abuso sexual infantil, 'deepfakes' sexuales o delitos de odio. 

Se castigará igualmente en el Código Penal la responsabilidad de los directivos de estas plataformas que no actúen para garantizar la retirada de contenidos lesivos. Se establece así que ignorar una orden de retirada de contenidos ilícitos —judicial o administrativa— tendrá igualmente consecuencias penales.

“No vamos a permitir que cuatro magnates desde Silicon Valley vulneren los derechos de la infancia”, ha advertido la ministra de Juventud e Infancia a través de las redes sociales. “Serán responsables del efecto dañino de sus algoritmos y podrán ser juzgados en España”, ha añadido para argumentar que “cuando una plataforma decide difundir determinados contenidos, está condicionando qué ven niñas, niños y adolescentes y a qué dinámicas quedan expuestos”.

Negociación con los socios

Actualmente, la ley establece la prohibición de acceso a las redes sociales a los menores de 14 años, salvo que tengan consentimiento paterno. La intención del Ejecutivo es elevar la edad hasta los 16 años, algo que varios aliados, incluido el PP, no ven mal, aunque con matices a la hora de otorgar derechos a los menores.

De entre los socios, Junts es quien más se desmarca y plantea acotar esta prohibición al acceso a "redes sociales o a servicios, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual que incorporen inteligencia artificial generativa".

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