En Asturias
El Gobierno cierra filas ante la imputación de la directora de la Guardia Civil: "Se deben aportar pruebas..."
Los ministros Elma Saiz y Pablo Bustinduy piden "respetar los tiempos judiciales"

Los ministros Pablo Bustinduy y Elma Saiz, este viernes, en el Centro Niemeyer. / Miki López
Saúl Fernández
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la socialista Elma Saiz Delgado, aseguró este viernes en el Centro Niemeyer de Avilés que el Gobierno de España mantiene su “confianza en la directora general de la Guardia Civil”. Y es que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, entiende que Mercedes González tiene que ser investigada en el marco del caso Leire Díaz, la trama en la que la "fontanera” del PSOE habría trabajado para obstaculizar los procedimientos judiciales que afectan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno. “Es el momento de respetar los tiempos judiciales. Estamos en una fase muy embrionaria y vamos a dejar que la justicia haga todo su trabajo”, apuntó la Ministra en rueda de prensa.
Pablo Bustinduy (Sumar), que es ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se refirió también a la citación como investigada de Mercedes González, pero también de Belén Gualda, la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Dijo: “Si hay cualquier prueba de que se haya cometido un ilícito, la conoceremos con toda prontitud, estoy convencido; no creo que nadie dude de que si existe una prueba la veremos en breve. Y, si no existe, la veremos también y por tanto creo que no hay mucha duda al respecto”.
Y reclamó: “Se deben aportar las pruebas sobre las que se sustente la posible culpabilidad o la posible comisión de cualquier delito y en función de esas pruebas, evidentemente, se tomarán las decisiones pertinentes en sede judicial, que es donde deben tomarse, y nosotros desde luego, políticamente, lo que exigimos siempre con total rotundidad es transparencia absoluta y responsabilidad absoluta de los poderes públicos, por supuesto de cualquiera que ejerza cualquier función pública, pero deberán presentarse y producirse las pruebas para que podamos saber qué es lo que ha pasado”.
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Fuente: La Nueva España
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