El Gobierno desatasca su plan por la democracia con la aprobación de la ley del derecho al honor

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes el proyecto de ley de derecho al honor. La reforma está incluida dentro del plan de acción por la democracia aprobado en 2024, que todavía tiene pendientes de enviar al Congreso la mitad de sus medidas. Con su aprobación definitiva se busca actualizar la actual norma de 1982 para adaptarla a la realidad del mundo digital y "proteger mejor a los menores", según ha defendido el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

El texto regula así los contenidos manipulados tecnológicamente o ‘deepfake’, clarifica el régimen del consentimiento, que incluye una presunción de madurez para los menores a partir de los 16 años, actualiza las excepciones relacionadas con la libertad de información y la creación artística e incorpora criterios más detallados para determinar la indemnización por daño moral y hacer más efectivas las reparaciones. "Queremos devolver el poder sobre la propia imagen" a las personas y "quitarla en parte" en las grandes plataformas digitales, ha resumido el titular de Justicia.

Esta norma se complementa con la reforma del derecho de rectificación, también incluido en el plan de regeneración democrática del Ejecutivo. En ambos casos se pretende endurecer la regulación y “actualizar los plazos de resolución de los procedimientos y los mecanismos de determinación de las indemnizaciones de quienes ven vulnerados sus derechos, para adecuarlos al dinamismo del ecosistema mediático actual y asegurar su carácter propiamente compensatorio”. Desde el Gobierno se considera que ambas normas están desactualizadas y no garantizan una respuesta ágil ante las difamaciones “en cualquier medio o pseudomedio”.

El anteproyecto ya introdujo novedades relevantes en materias como el consentimiento en el uso de la imagen en el entorno digital. Por primera vez, se considerará ilegítimo el uso de la voz o la imagen de una persona sin su autorización con fines publicitarios o comerciales empleando la inteligencia artificial o tecnologías similares. También establece que el hecho de compartir imágenes personales en redes sociales no supone que terceros puedan utilizarlas en otras redes o canales de difusión.

Protección de los menores y 'true crimes'

El texto detalla, además, otros supuestos de intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad o al honor ya contemplados en la actual ley o por la jurisprudencia, como la grabación y divulgación de la vida íntima de las personas o la difusión de sus comunicaciones privadas. También mejora la protección de los menores, situando en los 16 años la edad a partir de la cual pueden prestar consentimiento respecto al uso de la propia imagen. Además, contempla que, aunque se cuente con su consentimiento, si se menoscaba la dignidad o la reputación del menor se considerará una intromisión ilegítima en sus derechos.

El Ejecutivo pretenden fijar también en los 16 años la edad mínima para poder acceder a redes sociales. Como ha recordado Bolaños en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, PSOE y Sumar registraron la pasada semana varias enmiendas al proyecto de ley de protección digital a los menores, ahora en trámite de ponencia, que entre otras cuestiones plantean eliminar la posibilidad de acceder a ciertas plataformas digitales aunque se cuente con autorización paternal. 

Para una mayor protección a las víctimas de delitos, se considerará una intromisión ilegítima en sus derechos cualquier utilización de dicho delito por parte del victimario que le pueda causar un daño, con vistas a los denominados ‘true crimes’.

Dentro del plan de regeneración democrática, el Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley de Administración Abierta que incluiría la obligación legal de que todas las administraciones rindan cuentas ante las Cortes Generales cada seis meses. También está pendiente el proyecto de ley de Publicidad del Sector Público, con el que se pretende crear un registro de medios de comunicación, con información sobre su propiedad y los fondos públicos que reciben, fijando un límite a estos ingresos del 35% de la cifra anual de negocio.

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