La sentencia inhabilita a todos los cargos públicos y trabajadores de la Diputación implicados en la contratación del hermano del presidente del Gobierno

No son días fáciles para ellos. No lo fueron tampoco las semanas, los meses previos, durante la fase de instrucción. Verse en el banquillo y reconocerse en las imágenes publicadas día tras día en los medios de comunicación que siguieron las ocho intensas sesiones del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Badajoz por el conocido como 'caso David Sánchez', el juicio más mediático de los que ha acogido el edificio de la avenida de Colón de Badajoz. Terminó el 9 de junio. Más de un mes esperando la sentencia que finalmente es condenatoria, aunque no en el grado esperado por la acusación.

Además del hermano de Pedro Sánchez y exresponsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, David Sánchez, y del expresidente de la institución provincial y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, entre los acusados se sentaron otras nueve personas: cargos públicos y trabajadores de la diputación. Todos ellos han sido condenados por un delito de prevaricación administrativa a la pena, para cada uno de ellos, de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

El presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, absuelve libremente a los acusados del resto de las infracciones penales que se les imputaban y no se pronuncia en materia de responsabilidad civil por falta de legitimación de las partes acusadoras.

Estos son y así aparecen en la sentencia.

Ricardo Cabezas Martín y Manuel Candalija Valle: diputado del área de Cultura y director del área de Cultura. Ambos se enfrentaban a un año y medio de prisión por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Ambos siguen en la Diputación de Badajoz. Ricardo cabeza es diputado de las áreas de Cultura, Deporte y Juventud, Políticas Sociales y Cooperación Internacional y concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz.

Elisa Moriano Morales y Cristina Núñez Fernández: directora y diputada de Cultura en 2016 y 2017, respectivamente (ambas ya fuera de la institución). La acusación pedían para ambas 15 años de inhabiitación

Juana Cinta Calderón Zazo, exdirectora del área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz. Fue concejala de Olivenza. La acusación pedía un año y medio de prisión

Félix González Márquez: de Inspección, vinculado a la tramitación o validación interna de los expedientes investigados. Pedían 15 años de inhabilitación.

Emilia Parejo Gala y Francisco Martos Ortiz: firmaron como directora y diputado de Cultura la propuesta de modificación del puesto en 2022. Un año y medio de prisión para ambos que la sentencia reduce sustancialmente por 9 meses de inhabilitación.

Luis María Carrero, exasesor de Moncloa y amigo de David Sánchez. Las acusaciones pedían un año y medio de prisión y la devolución de más de 80.00 euros.

Fuente: El Periódico de Extremadura