El PP plantea que la Policía pueda rechazar en frontera a inmigrantes irregulares que entren a nado en España

El Partido Popular registrará una modificación de la Ley de Extranjería para permitir las devoluciones en caliente de los migrantes que accedan a nado a Ceuta y Melilla. Así lo ha anunciado este miércoles en Palma la vicesecretaria nacional de Coordinación Sectorial del PP y eurodiputada, Alma Ezcurra, quien ha explicado que el objetivo es dar cobertura legal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan efectuar estos rechazos en frontera "con todas las garantías". La dirigente popular ha presentado la iniciativa durante una visita a Mallorca, en la que, junto al portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, ha mantenido reuniones con representantes de sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con asociaciones de personas inmigrantes para abordar la situación migratoria del archipiélago.

El anuncio llega una semana después de que el Tribunal Supremo estableciera que las devoluciones en frontera solo pueden aplicarse a quienes intentan acceder irregularmente superando los elementos físicos de contención, como las vallas de Ceuta y Melilla, y no a los migrantes interceptados cuando llegan a nado por mar. Ezcurra, sin emnargo, ha explicado que su propuesta responde a la evolución de los flujos migratorios hacia las dos ciudades autónomas. Según ha señalado, la normativa vigente fue aprobada en un contexto en el que la mayor presión migratoria se producía sobre las vallas fronterizas, mientras que en la actualidad buena parte de las entradas irregulares se realizan por mar, con personas que alcanzan la costa a nado.

A su juicio, esa circunstancia deja a los agentes sin cobertura legal para actuar en esos casos. Por ello, el PP planteará una modificación de la Ley de Extranjería que permita extender las devoluciones en frontera a estas situaciones y proporcione "amparo legal y jurídico" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operan en ambas ciudades autónomas.

La eurodiputada ha subrayado que la iniciativa se circunscribe exclusivamente a Ceuta y Melilla y no sería aplicable a Baleares, ya que las llegadas al archipiélago se producen en patera y están sometidas a un régimen jurídico distinto. "Ahora mismo se están produciendo muchas entradas por mar y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no tienen herramientas para responder a esas entradas", ha afirmado.

Ezcurra ha confiado en que el resto de grupos parlamentarios respalden la propuesta en todas las cámaras para que los agentes puedan actuar "con todas las garantías" y ha defendido que se trata de una medida dirigida a adaptar la legislación a la realidad actual de la frontera, no a modificar el régimen jurídico de las llegadas en embarcaciones como las que alcanzan las costas baleares.

Baleares "existe"

Más allá de la reforma legislativa, Ezcurra ha situado a Baleares como uno de los principales focos de preocupación del PP en materia migratoria. La eurodiputada ha calificado de "semana negra" la vivida en el archipiélago tras la llegada de cerca de 600 migrantes de forma irregular durante la última semana, 350 de ellos en apenas cuatro días.

A su juicio, el incremento de la ruta argelina contrasta con la evolución del resto de rutas migratorias hacia Europa. "Hace solo ocho años llegaban a Baleares unas 700 personas de forma irregular; el año pasado fueron 7.500", ha señalado. También ha criticado que las previsiones de personas que podrían acogerse al proceso extraordinario de regularización en las islas han pasado de 10.000 a 33.000, desbordando sobremanera las previsiones de la Delegación de Gobierno.

Ezcurra ha defendido que la respuesta al aumento de la inmigración irregular en Baleares debe comenzar por un mayor control de las fronteras y por reforzar la cooperación con los países del entorno del Sahel. Asimismo, ha reclamado más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha asegurado que los representantes sindicales les han trasladado la existencia de un "repliegue del Estado", debido a las crecientes dificultades para cubrir plazas en las islas. La dirigente popular también ha abogado por incrementar los medios de Frontex y por endurecer la lucha contra las mafias dedicadas al tráfico de personas, con el objetivo de desincentivar las salidas hacia el archipiélago. Además, ha defendido que para atajar la crisis migratoria que atraviesa el archipiélago debe reconocerse que Baleares "existe" y que hay "un problema migratorio que está creciendo de manera extraordinaria".

Por su parte, Marí Bosó ha sostenido que la inmigración se ha convertido en uno de los principales problemas para los españoles y ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez del incremento de las llegadas irregulares. El diputado ha asegurado que Baleares ha pasado de recibir "muy pocos" migrantes a contabilizar alrededor de 7.500 al año y ha acusado al Ejecutivo de ignorar la situación que vive el archipiélago.

Asimismo, ha vinculado el aumento de la inmigración irregular con el denominado "efecto llamada" y ha criticado tanto el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas como el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno, al considerar que ambas medidas incrementan la presión sobre las instituciones y los servicios públicos insulares.

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