La Ley General de Sanidad, en 1986, propuso un modelo de atención de salud mental centrado en la atención y en la integración en la comunidad, cerrando la asistencia en los hospitales psiquiátricos. Durante unos años, en la comarca de l'Alacantí, en línea con esta Ley, se pudo materializar una asistencia en la que el papel central eran equipos multidisciplinares en los centros de salud mental, equipos que facilitaban la accesibilidad con atención domiciliaria de diverso tipo, y que, en algunos, llegaron a desarrollar programas preventivos basados en el trabajo con las familias. Este modelo, -en el que trabajó José Luis Montoya Rico, director durante años de los servicios psiquiátricos provinciales- podía haberse consolidado y generalizado, pero, sin embargo, en estos últimos años, se ha ido desmantelado conscientemente paso a paso.
El problema que provoca este retroceso asistencial no es menor. En los centros de salud mental de la provincia son atendidos un mínimo de 1.600 personas que padecen una esquizofrenia grave, (lo que corresponde a un 25% de las personas con esquizofrenia atendidas en estos centros). En estas personas, cada año se producen un mínimo de 64 muertes prevenibles y en otras 191 se producen incidentes de alto riesgo vital. Estos desenlaces pueden ser evitados en su totalidad aplicando programas específicos de prevención de crisis basados en el trabajo con familias y usuarios/as.
Lo que se ha construido desde las Consellerías de Sanidad y de Bienestar Social, y desde la Diputación, es un modelo alejado de las necesidades reales de los usuarios y sus familias, y centrado en las necesidades de las gerencias y de las empresas privadas de residencias. En las gerencias, el interés está centrado en mantener el personal de los centros de salud mental o de los centros sociales en mínimos, en la utilización del ordenador y en disminuir, hasta extremos que causan graves perjuicios, el uso de camas sin dotar alternativas asistenciales en la comunidad. Por su parte, la Diputación continúa con su política de mantener un Hospital Psiquiátrico inadecuado y otros dispositivos relacionados. Por último, las empresas que gestionan residencias orientan a crear dispositivos residenciales rentables económicamente para sus accionistas pero inadecuados en su funcionalidad. Y todo sin coordinación.
Si se retira la atención domiciliaria no pasa nada. Si se retira lo poco que quedaba de prevención de crisis no pasa nada. El resultado es que, en estos momentos, la atención en las distintas comarcas de la provincia, sometida a recortes, es poco accesible, muy pobre en recursos de personal y de camas, y centrada en la exclusión social de las personas con problemas complejos en unos centros residenciales de muy difícil acceso y siempre insuficientes dada la falta de una atención eficaz en la comunidad.
En algunos centros de salud mental se desarrollaron programas de atención integral y continuada en el hogar con las personas afectadas. De estos, se ha hecho desaparecer la atención domiciliaria en l'Alacantí y el programa de intervención con familias de Ciutat Jardí (en Alacant). Y estos programas son los que piden los usuarios en el último congreso de FEAFES del 5 al 7 de mayo en Valladolid (http://www.webcastlive.es/feafes2011/index.htm?9154670#ponencia=video5.8).Quedan los equipos atención integral, de integración laboral y unas pocas viviendas tuteladas que dependen de la iniciativa de algunas asociaciones de familiares, en un estado de precariedad, sometidos al ahogo económico de la administración.
Una buena noticia es que comienzan a funcionar en nuestras comarcas grupos autónomos de usuarios que son capaces de formar a los profesionales, que diseñan una atención basada en la autoayuda, en la lucha contra la exclusión y el estigma, y que se proponen participar en los equipos terapéuticos de igual a igual.
Un cambio de rumbo es necesario para cubrir las necesidades básicas de atención de salud mental en las diferentes comarcas del sur del País Valencià. Unos servicios comunitarios requieren al menos, dispositivos y programas de atención, de integración y alojamiento eficaces para favorecer la autonomía y la libertad de las personas con enfermedad mental, para prevenir crisis y mortalidad, la exclusión social y la carga familiar. Estos recursos, son bien conocidos desde el punto de vista científico. Llevarlos a cabo requiere de profesionales preparados, la coordinación con Atención Primaria y la constitución de comisiones horizontales de coordinación de todos los dispositivos sociales y de salud en cada Departamento, con capacidad de decisión, formadas por representantes de los profesionales elegidos en los dispositivos, por familiares y por usuarios. Se requiere la transferencia y transformación de los servicios de la Diputación y los del Hospital Psiquiátrico Penitenciario, y la vuelta al sector público de lo privatizado. Es el mínimo para empezar a hablar de una atención real y útil en salud mental.
