Ante el anuncio de la reforma de la Ley de Costas de 1988 se ha producido una avalancha de artículos, comentarios e incluso chistes en algunos de los diarios de mayor tirada y peso en la opinión pública, de personas opuestas a dicha reforma, con el argumento fundamental de que dicha reforma se hace para iniciar un nuevo "pelotazo urbanístico" por parte de la derecha española. Una vez descalificados los propulsores de la reforma de esta manera tan burda (caricaturizar la postura del contrario presentándolo como enemigo del progreso es una vieja táctica estalinista para despojarlo de razón y poder eliminarlo), pasan a presentarse ellos mismos como los defensores de la ecología y el medio ambiente frente a los que intentan especular y destruir la costa.
Esta campaña, que cobrará virulencia conforme se vayan conociendo las propuestas de reforma, no tiene mas intención que la de amedrentar al actual ministro y su equipo para que se echen atrás, para eliminar esta iniciativa.
Los ciudadanos afectados por la Ley de Costas, agrupados en la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNALC), queremos salir en defensa de la necesidad de la reforma de dicha ley con los siguientes argumentos:
1º) La Ley de Costas de 1988 no ha impedido que en el período siguiente a su entrada en vigor se haya construido y destruido mas costa que en ningún período precedente. Se olvida que de 1988 a 1992 la economía española sufrió una burbuja inmobiliaria de características similares a la mas reciente del 2002 al 2008.
2º) Anteriormente a dicha Ley de Costas existían leyes similares con arreglo a las cuales se construyeron legalmente viviendas en la Costa en lo que se definía como dominio privado. Por ejemplo la Ley de Costas de 1969. No había un vacío legal ni esto era un país salvaje y por civilizar.
3º) La petición de reformar la Ley por parte de decenas de miles de afectados por dicha ley que adquirieron sus viviendas de forma legal (con la legislación vigente en ese período), con anterioridad a la publicación de la Ley de 1988, es para restituir los derechos de propiedad que han sido laminados por su aplicación retroactiva. Sostener cínicamente (los que formularon la ley, ecologistas, altos funcionarios de Costas y unos jueces para los cuales al parecer el fin justifica los medios) que lo que era legal antes de la Ley se convierte en ilegal por la ley y que eso no es una aplicación retroactiva de la misma, no es que no lo entienda el ciudadano normal, es que es mentira. Por muchos artificios legales que se utilicen, por mucho que se fuerce la legislación por parte de abogados del Estado para convertir lo blanco en negro, el resultado es que si usted compró legalmente antes de 1988 una casa en la costa y sufre un deslinde derivado de la ley nueva, ha perdido usted su propiedad.
Nos gustaría ver la cara de estos personajes si se les "nacionalizara" su casa, o sus propiedades con argucias similares.
4º) El escándalo a nivel europeo y los fuertes reproches y acusaciones que se hicieron por europarlamentarios al Gobierno anterior (al ex-presidente Rodriguez Zapatero se le acusó de que este país se comportaba como una república bananera, en realidad centroafricana), reflejaba la profunda desconfianza de los ciudadanos europeos, atónitos al comprobar que se les quitaban propiedades legalmente adquiridas, por un Gobierno europeo. El Parlamento Europeo en numerosos informes y peticiones ha solicitado a España que rectifique. El informe Auken es un ejemplo de estas demandas. Demos una respuesta a estas peticiones de Europa de una vez.
5º) La Ley de Costas de 1988 permite iniciar un nuevo deslinde sobre lo ya deslindado a criterio de los funcionarios de Costa y sin necesidad de justificación alguna (por ejemplo porque el nivel del mar subirá en 50 años). Esta posibilidad hace que simplemente este país no sea fiable. Pedimos que se modifique este articulado para volver a ser un país que garantice la propiedad privada. Un país que recupere la confianza de los ciudadanos europeos que renuncian a invertir aquí temerosos de que si un país se atreve a hacer esto con las viviendas, que no hará con otros activos. Es una espada de Damocles que hay que desactivar.
6º) La compensación por la pérdida de la propiedad mediante concesiones por unos años, una vez su casa pasa a ser ilegal, es un verdadero chiste de economía. Lo que Costas pretende (con una sentencia del Constitucional que estaba pensada para negocios privados pero no para viviendas, aunque se ha aplicado igualmente) es que pase su propiedad a ser una concesión (es decir que ya no es usted el propietario) y una vez reciba esa concesión se la rescata a precio de saldo. Es la posibilidad de llevar a cabo un robo institucionalizado a mayor escala que se conoce.
7º) Ningún afectado ha expresado nunca que el Gobierno no tenga competencias en regular las construcciones de la Costa. Por supuesto que un Gobierno puede decidir que unos edificios deben ser demolidos porque afean y molestan. Lo que pedimos es que el Gobierno los expropie adecuadamente. Un Gobierno de un país avanzado con sensibilidad ecológica tan encomiable, lo que tiene que hacer es comprar esas propiedades y limpiar la Costa. Sin embargo un Gobierno chapucero pero con pretensiones lo que hace es apuntarse el tanto de la conciencia ecológica y después busca la forma de no pagar ni un euro por las propiedades que expolia.
8º) La situación de regresión que se observa en el litoral no es debida a esas edificaciones que llevan allí decenas de años, sino a la proliferación de puertos, diques y otras construcciones legales que han modificado las corrientes y el aporte de arena. La actitud de Costas, que tiene la función de regenerar las playas y preservarlas, ha sido, que, en donde hubiese edificios que deseaba demoler, "cuanto peor mejor". Esperar a que los temporales y la regresión afecte los edificios y a la seguridad de las viviendas para justificar su demolición, es una actitud contraria a la buena fe a que la Administración viene obligada.
9º) El ideal de la costa y playas para estos grupos ecologistas es la de las playas vírgenes, sin gente. Si observan sus documentales (algunos de ellos pagados con el dinero de todos pero para dar voz a una única parte) verán que la playa sostenible es aquella en donde no va nadie. Las playas masificadas que precisan de servicios para atender a las decenas de miles de ciudadanos que acuden a ellas son descalificadas y denunciadas como degradadas por el ladrillo. El turismo de masas que busca sol y playa se desprecia como un producto depredador de nuestras costas. Pero ni tienen ni ofrecen alternativa alguna.
10º) Sí, apoyamos la reforma de la Ley de Costas para que deshaga los entuertos que la de 1988 ha generado. Basta con que se vuelva a hacer legal lo que era legal antes de la misma. Que se reconozcan esos derechos de propiedad que nunca debieron ser eliminados. Que se articule una ley que impida crear este espacio de inseguridad y que si un Gobierno desea "limpiar" la costa de edificios legales, sepa que hay que pagarlos destinando recursos a esa política medio ambiental, recursos que tienen usos alternativos. Que no se engañe a los ciudadanos de este país una vez mas diciéndoles que sale gratis quedarse con esas propiedades. Y por último, No pedimos una amnistía por un delito que no cometimos. Nosotros somos ciudadanos que compramos propiedades legales que han sido ilegalizadas posteriormente por la aplicación de la Ley de Costas de 1988. Nosotros somos las víctimas no los delincuentes. Los responsables de este atropello aún están en los despachos de Costas o pontificando la virtud de su fanatismo desde los medios mas radicalizados y demagógicos.
