Los alcoyanos no tuvimos suerte ni en los años de las vacas gordas. Los buenos tiempos, aquellos añorados días en los que las administraciones públicas disparaban con pólvora del Rey, nos han dejado un legado de ambiciosas infraestructuras, que ahora permanecen cerradas por una razón de peso: nadie tiene dinero para gestionarlas. En esta lista de gigantes dormidos entran el Centre d'Art de la extinta CAM, los delirantes juzgados del casco antiguo, dos iglesias rehabilitadas para la Luz de las Imágenes y la casa de Gil-Albert en El Salt. Hablamos de inversiones por un valor cercano a los 20 millones de euros, que permanecen cerradas y, lo que es peor, que están condenadas a acumular polvo durante años. La cantidad asusta, ya que este dinero inmovilizado supone casi la mitad del presupuesto municipal de Alcoy o la tercera parte del coste de un tramo de autovía central.

Hemos tenido la desgracia de tropezar con todas la piedras del camino. La crisis de la Caja del Mediterráneo provocó (ya se cumple el año) el cierre del magnífico complejo cultural del CADA. La incompetencia y el desparpajo del tándem Peralta/Sedano empantanó un nuevo palacio de justicia, que es ya por derecho propio una de las peores herencias del PP. La falta de previsión de la Conselleria de Cultura y del propio Ayuntamiento impiden rentabilizar las costosas reformas de dos iglesias de la Luz de las Imágenes (la del asilo y la de la Mare de Déu) y de la casa de Gil-Albert. Alcoy podría tener una de las mejores redes de infraestructuras culturales de la Comunitat Valenciana y unos juzgados en condiciones y, de momento, lo único que tiene es un puñado de edificios vacíos que pronto empezarán a caerse a trozos.

Sin comerlo ni beberlo, el actual gobierno municipal alcoyano se encuentra ante la obligación moral de desbloquear todos estos desastres heredados. La imagen de todas estas instalaciones cerradas es una auténtica vergüenza nacional para una ciudad que históricamente ha recibido las inversiones externas con cuentagotas. Hasta el momento, la nueva administración local ha toreado este compromiso, poniendo sobre la mesa un argumento irrefutable: un Ayuntamiento arruinado, que se las ve negras para ofrecer los servicios más básicos, no puede asumir el coste de la gestión de unas instalaciones, que supondrían importantes gastos en materia de personal y mantenimiento.

Aunque hay una coincidencia absoluta en señalar que el horno no está para bollos, el actual gobierno municipal sí tiene la posibilidad de abrir negociaciones con las diferentes administraciones implicadas para darles algo de vida a unos proyectos que supondrían una evidente mejora para la ciudad. De momento, no se ha dado ningún paso en este sentido y todo parece indicar que, abrumada por la magnitud de la crisis económica, la corporación ha decidido olvidarse de la existencia de estos contenciosos, enterrarlos en el oscuro cajón de los asuntos pendientes y esperar a que lleguen tiempos mejores. Pese a la acumulación de excusas, nos hallamos ante una postura muy discutible, que la opinión pública está entendiendo como la renuncia resignada a unas infraestructuras que Alcoy necesita con urgencia.

De no producirse un cambio de actitud, el panorama que se nos dibuja a medio o largo plazo resulta altamente preocupante. No es descabellado afirmar que a estos edificios les queda por delante un largo periodo de vergonzante abandono. Si algún día llega el final de esta crisis y alguna administración pública se anima a reactivar estos proyectos, se encontrará con un problema añadido: además del dinero necesario para poner en marcha las instalaciones, tendrá que hacer frente a una considerable partida de gastos para reparar unos equipamientos que habrán sufrido un notable deterioro por el paso del tiempo y por la falta de un mínimo mantenimiento.

De no producirse alguna intervención milagrosa de última hora, Alcoy se convertiría en una de las pocas ciudades del mundo en la que se gastaría dinero público en rehabilitar unos edificios ya rehabilitados. Hasta para eso, somos originales.