En conjunto, la reparación de los desastres de Serelles y de la Rosaleda le costará al Ayuntamiento de Alcoy una cifra cercana a los 2 millones de euros. Se trata de una cantidad de dinero muy importante, que se tendrá que pagar algún día, retirando dinero de otras partidas de gastos municipales destinadas a cubrir necesidades mucho más urgentes de la ciudadanía. Ambos desaguisados tienen muchas cosas en común: en los dos casos, el gobierno municipal del PP (responsable único de estas chapuzas) fue advertido por activa y por pasiva de la existencia de irregularidades; en los dos casos, los populares desoyeron las voces de alerta y decidieron cruzar todas las líneas rojas y en los dos casos, los juzgados y otras instancias oficiales han coincidido en señalar que se vulneró la legalidad, imponiéndonos a todos los vecinos de Alcoy una inmerecida y carísima penitencia económica.

Nos hallamos ante un ejemplo perfecto para entrar en el pantanoso debate sobre los políticos y sus responsabilidades. Hay una unanimidad prácticamente total a la hora de señalar que el anterior gobierno municipal actuó premeditadamente mal, tanto en la gestión de la fracasada urbanización de Mariola, como en la construcción del polémico parking de la plaza de la Constitución. Donde empiezan a surgir las divergencias es a la hora de analizar cómo ha de pagar las culpas por dos decisiones desastrosas, que han supuesto una importante lesión para la economía general de la ciudad.

La práctica habitual en este país enfangado en la corrupción señala que los políticos tienen únicamente responsabilidades políticas. Las elecciones lavan los pecados y dejan a los pecadores limpios de polvo y paja, perfectamente listos para continuar con sus carreras. En el caso de Alcoy, se supone que con la pérdida de la Alcaldía, Jorge Sedano y su equipo ya van servidos de castigo por perpetrar tropelías como la de Serelles y la Rosaleda. Sin embargo, en estas dos acciones concretas, las responsabilidades van mucho más allá del mero trámite electoral. Los mismos partidos que hoy gobiernan la ciudad se encargaron de señalar, cuando estaban en la oposición, que estos dos proyectos del PP cruzaban la frontera del error político y hacían necesaria una reclamación de responsabilidades por la vía judicial. Este sentimiento es compartido por amplios sectores de la ciudadanía, que han exigido ejemplaridad al actual gobierno de izquierdas, con el fin de evitar que este tipo de fechorías urbanísticas se repita en el futuro.

Sin embargo, cuando están a punto de cumplirse los dos primeros años de esta legislatura municipal, el actual Ayuntamiento no ha dado ni un paso para que la justicia delimite con claridad las culpabilidades en unos procedimientos llenos de zonas oscuras y de decisiones injustificables. De momento, ni un solo gesto, todo se ha quedado en amenazas y en pura pirotecnia verbal. En los últimos días, hasta hemos podido disfrutar del singular espectáculo de ver a los responsables populares de aquellos despropósitos pontificando sobre posibles soluciones, como si ellos se acabaran de incorporar ahora a las tareas municipales.

Hay mil explicaciones para la extraña actitud del actual gobierno municipal. Los más fatalistas creen que estamos ante el clásico hoy por ti mañana por mí, que hace que los políticos se solidaricen entre ellos y descarten hurgar demasiado en la gestión de sus antecesores. Los más peliculeros consideran que esta repentina oleada de bondad tiene su origen en la decisión de Sedano de dinamitar y posteriormente abandonar el PP, haciendo que al exalcalde se convierta en el feliz beneficiario de aquella vieja máxima que decía que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Finalmente, están los que señalan que el gobierno municipal no actúa por pura desidia o porque simplemente está desbordado ante la cantidad de marrones que le ha dejado el PP.

Sea por las causas que sea, lo cierto es que los actuales rectores municipales de Alcoy están poniendo su granito de arena en ese vergonzoso alud de impunidad política que está arrasando España e indignando a millones de ciudadanos honrados que cumplen escrupulosamente las leyes. Aunque políticamente les haya convenido hacerse los suecos, los gobernantes de esta ciudad tenían ante sí una magnífica oportunidad para hacer su aportación a la regeneración moral de la vida pública y, de momento, la están desaprovechando.