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Salud mental y código penal

Todavía fresca la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental en esta última semana, por parte de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), que acoge a 290 entidades de todo el Estado y con una base social de más de 45.000 personas, quiere manifestar su enorme preocupación y oposición ante el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica el Código Penal y que ya ha sido enviado para su discusión y aprobación en el Congreso. En el texto aparece el término «peligrosidad» asociado al trastorno mental, lo cual rechazamos por inapropiado y falto de rigor, además de contribuir a la discriminación de las personas con trastorno mental y a la no erradicación del estigma que pesa sobre ellas, prejuicio en gran medida motivado por la desinformación y el miedo a lo desconocido por parte de la sociedad.

FEAFES, en las diversas enmiendas presentadas, denuncia la pertinaz obsesión por el término «peligrosidad» (aparece en la Exposición de Motivos VII y en los artículos 6, 98 y siguientes) y plantea la alternativa de hablar de «situación de riesgo por carecer de una atención sociosanitaria integral y adecuada».

También se citan otras medidas como internamiento en centros psiquiátricos prorrogables por un plazo ilimitado aun siendo personas inimputables, y la libertad vigilada para las personas con trastorno mental en previsión de que cometan actos que no han cometido. Es decir, «por si delinques, te privamos de libertad», vulnerando principios constitucionales y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a España y más de 100 países firmantes.

Según la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud de 2006, en España más de 1 millón de personas tienen un trastorno mental grave, por lo que varios cientos de miles de ciudadanos están expuestos al susodicho Código Penal que acarrea limitación y privación de libertad. Parece inconcebible que en pleno siglo XXI todas estas personas sean «peligrosas», según este nuevo Código Penal. Nos viene a la memoria «la peligrosidad» de rojos y masones, vagos y maleantes de la legislación franquista.

FEAFES recuerda que desde 2009 se ha ido gestando una propuesta que hacemos explicita en 2013 consistente en desarrollar 4 medidas terapéuticas que dan respuesta eficaz a estas situaciones de privación de libertad (contención y castigo) desde un enfoque preventivo y acorde con los derechos humanos y que contemplan a las personas con enfermedad mental como lo que son, seres humanos vulnerables, y ponen a su servicio los dispositivos asistenciales comunitarios que éstas requieren. Dichas medidas terapéuticas, resumidamente, suponen incluso una reducción del gasto en urgencias, del tratamiento farmacológico y de los ingresos hospitalarios:

-Planes individualizados de atención, elaborados tras las primeras visitas para fijar un diagnóstico.

-Equipo de intervención familiar, compuesto por 2 profesionales (psicólogo/a clínico, trabajador/a social, diplomado/a en Enfermería, auxiliar de Enfermería) para 250.000 habitantes. La «inversión» en estos recursos humanos se recuperaría sobradamente con la gran disminución de recaídas de las personas con trastornos mentales.

-Apoyo domiciliario, consistente en que cada unidad de salud mental esté dotada de psicólogo/a clínico o trabajador/a social y auxiliar de ayuda a domicilio, que favorezca la adherencia al tratamiento.

-Equipo multidisciplinar, con profesionales de diferentes perfiles en las unidades de salud mental, que supondría una drástica reducción de las consultas en urgencias, recaídas, gasto farmacéutico e ingresos hospitalarios.

Con estas 4 medidas se atenderá la salud mental de los ciudadanos desde una óptica sociosanitaria y no se estará expuestos a la criminalización y judicialización por un anteproyecto de reforma del Código Penal que nos retrotrae a la legislación franquista, al Código Penal de 1973 o anteriores y a la aceptación del control penal de los colectivos más vulnerables.

Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas padece, ha padecido o padecerá un problema de salud mental. Aunque sólo fuera por esta razón (podría afectar a todas las familias), nos deberíamos oponer.

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