Juan Carlos López Coig, un fiscal «supremo»

Sin duda, dicho nombramiento ha hecho justicia, no sólo para el interesado, sino también para la institución que representa. Para Juan Carlos López Coig, porque ha sido (y lo seguirá siendo toda su vida profesional) un trabajador infatigable. Sea suficiente constatar que, durante su mandato, abría y cerraba (incluidos los meses de agosto, de vacaciones estivales) la Fiscalía de Alicante y que ha dejado puesta al día una Fiscalía con una sobrecarga notable de trabajo en una provincia, en donde, según se afirma, se han asentado todas las mafias internacionales.

Pero también se ha hecho justicia a la institución que representa, por la sencilla razón de que, en su promoción al oficio de fiscal del Tribunal Supremo, no ha intervenido otro criterio distinto al de «mérito y capacidad»; criterio que, según lo dispuesto en el artículo 23.2 de nuestra Constitución, ha de ser el único a la hora de informar las decisiones sobre el acceso a los cargos públicos y que, todo sea dicho de paso, desgraciadamente no suele estar siempre presente en la promoción a los más altos cargos de nuestra Magistratura, órganos de gobierno incluidos. Y es que, en el Consejo Fiscal, ha obtenido más que una mayoría absoluta: de un colectivo de 11 vocales, ha obtenido 9 votos, lo que significa que, no sólo le ha votado su asociación, la Unión Progresista de Fiscales a la que pertenece, sino también la conservadora Asociación de Fiscales. Pero, en último término, el mérito de su designación le corresponde a Eduardo Torres Dulce, ya que, como consecuencia de la vigencia del principio de unidad y dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal, es al fiscal general del Estado y no al Consejo Fiscal (que es un órgano meramente asesor), a quien le corresponde efectuar tales nombramientos. Por ello, hay que felicitar también a nuestro fiscal general por gobernar esta institución con auctoritas, ajeno a intereses partidistas y con exclusivo cumplimiento de lo dispuesto en la referida norma fundamental que consagra el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a los oficios y cargos públicos.

Y es que Juan Carlos López Coig cumple sobradamente con el referido criterio de «mérito y de capacidad» en el acceso a los cargos públicos, si se repara en que es un jurista comprometido en la defensa de la sociedad y de los derechos de los ciudadanos, incluidos los pertenecientes a colectivos marginados. Es, en primer lugar, un jurista de reconocido prestigio, cualidad que se acredita, no sólo por su dilatada experiencia como fiscal, sino también por sus múltiples publicaciones sobre materias tales como el delito de quebrantamiento de condena, los juicios rápidos, el tribunal del jurado, etcétera, así como por el innumerable número de conferencias impartidas. Pero es, en segundo lugar y sobre todo, un jurista comprometido con la defensa de los valores de la sociedad democrática contemporánea a la que representa y que ha manifestado, tanto en la protección social frente a la delincuencia callejera, cuanto en la lucha contra la delincuencia de cuello blanco y de la corrupción política, tan arraigada desgraciadamente en nuestra provincia.

Por ello, tan sólo me resta manifestar mi reconocimiento por su enorme labor efectuada en la Jefatura de la Fiscalía de Alicante y de la que, estoy seguro, continuará con éxito, su nuevo fiscal jefe recientemente designado, Jorge Rabasa; así como desearle que, con el mismo éxito, cumpla su función en la Fiscalía de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en donde se le impone un nuevo reto, cual es, entre otros, la defensa de los, en muchas ocasiones olvidados, derechos fundamentales de los trabajadores.