Es hora de reclamar a las instituciones su responsabilidad con el rescate de las personas, no solo de los bancos.

Resulta abrumadora la atención que hasta la fecha se ha dedicado en los ámbitos político, social, informativo y académico a la crisis como fenómeno económico y financiero frente a la poca correspondencia que ha tenido el análisis de sus repercusiones en los derechos de las personas.

Son muchos los ciudadanos particulares y colectivos sociales que denuncian la verdadera realidad de la crisis, las consecuencias cotidianas de los recortes.

Hay que dar toda la visibilidad posible a las consecuencias humanas de la crisis.

Pensemos en las personas que tras la ejecución de sus bienes en cuantía insuficiente para la liquidación de sus deudas, no tiene la oportunidad de rehacerse económicamente, pues ni siquiera pueden suscribir un contrato de suministro y ser titular de una simple cuenta corriente.

No parece exagerado afirmar que no se están cumpliendo los mandatos constitucionales cuando se observa la pasividad mostrada hasta el momento para hacer frente a una de las consecuencias más dramáticas de la crisis como es el desahucio de cientos de miles de personas.

Quienes califican de desestabilizadoras o injustificadas las protestas de los colectivos que alertan sobre la peligrosa deriva a la que nos lleva esta crisis, deberían tomar buena nota de las muchas repercusiones de una cadena de decisiones que están causando en nuestro sistema social, político y económico daños de enorme gravedad.

No estamos ante un mero debate de ideologías o programas políticos, sino de decisiones que condicionan o arruinan la vida de los sectores más vulnerables de la sociedad y generan situaciones de grave desprotección social.

El PSOE ha presentado una iniciativa para dar solución a la situación de extrema gravedad que están sufriendo muchos ciudadanos: Proposición de Ley sobre medidas ante la insolvencia personal y de protección ante el sobreendeudamiento.

La respuesta del Partido Popular en las Cortes ha sido rechazar hace varios días dicha proposición.

La gravedad de las situaciones por las que atraviesan las personas en situación de sobreendeudamiento, que puede situarlas al borde de la exclusión social, justifica que se atienda específicamente a este problema por parte de los poderes públicos.

La presente ley tenía por objeto la regulación de un procedimiento extrajudicial previo al concursal para dar solución convencional a la situación de sobreendeudamiento no doloso en que se encuentre por causas sobrevenidas las personas.

Se entiende por sobreendeudamiento la situación de insolvencia actual o inminente en la que de buena fe se encuentra una persona física respecto de sus deudas por causas sobrevenidas de carácter objetivo.

Son, entre otras, causas objetivas que pueden crear una situación de sobreendeudamiento: el desempleo, la temporalidad o la precariedad en el empleo, la incapacidad temporal o la permanente y la separación, el divorcio o el fallecimiento del cónyuge.

¿Quién puede sentirse a salvo de alguna de estas situaciones personales?

La ley pretendía evitar la muerte civil del concursado persona natural que por insolvencia sobrevenida no consigue completar con éxito el periodo de amortización de su préstamo, o no logra devolver sus créditos una vez transcurrido el plazo para hacerlo.

La insolvencia sobrevenida no dolosa no puede seguir suponiendo en sus efectos prácticos, una especie de incapacitación perpetua, una condena a la exclusión social y a la desesperanza.

Con su negativa a aprobar la proposición de ley de los socialistas, el Partido Popular demuestra que no todos los partidos son iguales y que su prioridad sigue siendo apoyar a los poderosos y abandonar a su suerte a las personas con dificultades.