La Conselleria de Sanitat durante los meses de verano ha cerrado el 17% de las camas en los hospitales del País Valencià y ha vuelto a cerrar los centros de salud a partir de las 15 horas de la tarde, exceptuando parte de los de la «franja costera». Estas medidas se unen a -según los informes de la Sindicatura de Comptes- una disminución de personal sanitario per cápita y a la disminución de las sustituciones de las personas de licencia por vacaciones. Estos recortes conducen a una saturación de los servicios de urgencias que fomenta un aumento en el número de errores y que imposibilita proporcionar una asistencia a la que la ciudadanía tiene derecho.

Los argumentos de la Conselleria para estas «medidas» son que hay una disminución de las necesidades durante el verano y que hay que disminuir el «elevado» gasto en sanidad. Estos dos argumentos no son ciertos.

No han disminuido las necesidades porque en un contexto de crisis económica y de repago de las medicinas, aumenta la dificultad para cubrir las necesidades de las personas con los problemas de salud más complejos, y las de las poblaciones con niveles altos de paro, de pobreza y desprotección social (factores que determinan la frecuencia de los problemas de salud). Por contra, el conseller muestra desconocimiento cuando afirma que las necesidades disminuyen porque la gente se va de «vacaciones».

En relación con el gasto, según un informe de la Plataforma per l'Auditoria Ciutadana del Deute, los gastos totales per cápita en sanidad, teniendo en cuenta la inflación, aumentaron un 11,6% entre el 2002 y el 2012. Este aumento no se sabe a dónde ha ido dirigido, ya que la opacidad de las cuentas impide distinguir lo destinado a atención de lo destinado a beneficios de las empresas privadas concertadas. A pesar de este aumento, el gasto sanitario per cápita del País Valencià ha estado por debajo de la media del resto de CC AA, y el presupuesto aprobado en el 2013 fue de 965 ? per cápita, el más bajo del Estado. No es cierto que haya existido un exceso de gasto.

Por otra parte, de forma paradójica, los recortes pueden aumentar los gastos sanitarios. Como ha hecho público el informe «Panorama de la Sanidad 2013» de la OCDE, los recortes están limitando la asistencia sanitaria. La disminución de personal y el cierre de centros y de camas disminuyen la accesibilidad a la atención, y aumenta la gravedad de los problemas de salud. Cuando la gente -después de un periodo de espera- recibe la asistencia -si no han fallecido-, sus problemas requieren, en ese momento, tratamientos más complejos, que tienen menor efectividad, así como estancias hospitalarias más prolongadas y, por ello, mayor gasto.

¿Y la eficiencia? Siendo el presupuesto sanitario menor que en otros territorios del Estado, si nuestros servicios dieran una calidad semejante, tendríamos un sistema de salud de alta eficiencia. Sin embargo, los datos no lo confirman.

Según los Informes de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, los servicios sanitarios del País Valencià reciben una calificación global de «deficiente» (ocupando las últimas posiciones en estos últimos 5 años), y se caracterizan por un mayor número de pacientes por médico/a y por un mayor gasto farmacéutico, lo que sugiere procesos asistenciales de calidad pobre, en el que la solución de los problemas está centrada en la receta de más medicinas, cuando lo que las personas pueden necesitar son, por ejemplo, actividades preventivas, tratamientos de rehabilitación, psicológicos o de apoyo en el domicilio.

Si no hay una disminución de necesidades ni un exceso de gasto legítimo, ¿cuál es el motivo de la disminución de personal per cápita, del cierre de camas y de centros de salud? La respuesta hay que buscarla en la política del Gobierno central de convertir en públicas las deudas privadas de los bancos y de las grandes empresas. Para ello emprenden una «contención del gasto (social)» (a nivel central, autonómico y municipal) que permite destinar el dinero de los servicios públicos al pago de la deuda. El PSOE y el PP modificaron el artículo 135 de la Constitución para que el pago de una deuda ilegítima quede por encima de la atención a las necesidades de las personas.

Y ¿para qué?, ¿cuál es el objetivo? La política del Gobierno central y de la Generalitat es ceder los servicios públicos a empresas privadas y multinacionales, que buscan extraer beneficios privados de lo que antes era común. Para que se expanda el negocio de la sanidad privada hay que disminuir la cobertura que da la sanidad pública. La Conselleria ha dado áreas de salud enteras a empresas privadas y les asegura que puedan obtener beneficios (por ejemplo, se les remiten usuarios desde los centros públicos, se les atienden los problemas complicados y caros, y se les garantiza un aumento anual del precio por el contrato). Esta «colaboración público-privada», como ha mostrado la Sindicatura de Comptes, resulta más cara que una asistencia 100% pública. Esta es la realidad. No han disminuido nuestras necesidades durante el verano ni hay un exceso de gasto.

(*) Firman también este artículo Begoña Bevià, Francisco Macià, Antonia Molina Habas y Manuel Giron, en representación de la Associació Ciutadana en Defensa de la Sanitat del País Valencià.