Esperemos que no sea esta la ocasión en la que los partidos vencedores en las inminentes elecciones autonómicas y municipales cumplan las promesas lanzadas en campaña. ¡Qué facilidad para ofrecer! Ahí va un pequeño extracto: seis mil pisos públicos en Barcelona (CiU), salario mínimo de 1.176 euros con 14 pagas (IU), inversión de 1.200 millones de euros en trenes de Cercanías (PP), paga a los mayores de 75 años extremeños que sufrieron la dictadura (PP)? Y, por supuesto, erradicación del fraude fiscal, el saco imposible de abrir de donde todos sacan las millonadas necesarias para justificar sus promesas. ¿Les suena la frase del hoy arrinconado presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus: «Dije que traería la playa y me votaron. ¡Serán burros!»? Quizá por eso nadie piensa en las consecuencias de lo que promete. Por si a algún descarriado le interesa, aquí va un baño de realidad.

La España que va tan bien cerró 2014 con un déficit público del 5,8 %, solo superada en la Unión Europea por Chipre. Y, lo que es más preocupante, se quedó con un déficit primario cercano al 3 %, algo que no sucede en la vilipendiada Grecia (tiene un superávit próximo al 2 %) ni en otras economías rescatadas. Esta variable mide la diferencia pura entre ingresos del Estado y gastos, excluyendo los intereses de la deuda, que sí que computan en el déficit público. El dato significa, en términos de andar por casa, que España no llega a final de mes. Es como si usted o yo ganáramos mil euros al mes y tuviéramos unos gastos de 1.200 sin contar el préstamo del coche y la hipoteca. Ruinoso, ¿verdad? Pues así anda este país. Eso explica que la deuda pública roce ya el 100 % del Producto Interior Bruto (PIB). Y en eso sí estamos mejor que los griegos (175 %).

De modo que más realismo y madurez: España, es verdad, crece como nadie en la UE, pero arrastra problemas serios en su economía como para no lanzar las campanas al vuelo y no empezar a prometer sueños imposibles ahora que es año plurielectoral. Los cálculos más optimistas indican que España tendrá un mínimo superávit primario en 2016 (0,5 %), aunque algunos analistas retrasan ese momento hasta 2017. Regresará así a la senda perdida en 2007, más tarde que cualquier vecino.

Para quienes gustan de prometer bajadas de impuestos (hola, Esperanza), no está de más recordar que los ingresos públicos en España están bastante por debajo de la media de la zona euro: suponen el 37,8 % del PIB, mientras que en nuestro entorno alcanzan el 46,6 %. Para quienes sugieren engordar la cosa pública y nacionalizar (hola, Pablo; hola, Alberto), es cierto que el gasto público en España no es especialmente alto (43,6 %, frente al 49 % de la zona euro), pero la pregunta es cómo abordar iniciativas de este cariz cuando quedan recomendaciones de Bruselas pendientes de acometer, como completar la reforma bancaria y atajar el paro juvenil y el de larga duración, con índices alarmantes. Más relajado se antojaría nuestro futuro si la multitud de candidatos mirara hacia objetivos económicamente asumibles y en esa línea antes de prometer el Sol en envases individuales.