La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en sus artículos 99 al 106, se ocupa de la movilidad sostenible y promueve la realización de planes de movilidad sostenible supeditando la concesión de subvenciones estatales al transporte público urbano o metropolitano a la puesta en marcha de estos planes. A estos mismos planes de movilidad se refiere también la Ley 6/2011, de 25 de abril, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, aunque sin emplear el término sostenible.

Por tanto existe un cierto marco legal y, desde distintos organismos, se ha propiciado con ayudas oficiales, y con metodologías precisas, la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible (PMS) que en la mayoría de los casos han quedado reducidos al ámbito municipal, lo que se conoce como Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS): este es el caso de la ciudad de Alicante.

Lo cierto es que el Ayuntamiento de Alicante ha aprobado, en un acuerdo de diciembre de 2013, el Plan de Movilidad Urbano Sostenible, que afecta a todo su término municipal y del que poco más se sabe, excepto que está disponible en http://www.alicante.es/es/area-tematica/trafico-y-transportes.

En fechas posteriores a su aprobación recibió algunas críticas (de aliño) de la oposición y supongo que, en estos momentos, algún ejemplar en papel reposará en la correspondiente estantería, junto a todos esos proyectos en lo que se ha gastado dinero público, pero que nunca se llevan a la práctica.

Además, como la Ley de Economía Sostenible, supedita la concesión de subvenciones estatales al transporte público urbano o metropolitano únicamente a la puesta en marcha de estos planes, lo que precisa el Ayuntamiento es remitir la certificación de que dicho PMUS ha sido aprobado en un pleno municipal, para percibir la correspondiente subvención. Por consiguiente, la «pegatina» de Ayuntamiento con PMUS se otorga por el mero hecho de que éste apruebe en un pleno un documento. Hoy, nadie concebiría que una ciudad del tamaño de Alicante no tuviese un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es un instrumento básico de ordenación integral de un territorio, generalmente de ámbito municipal, mediante el cual se clasifica el suelo y el régimen aplicable al mismo, a la vez que se definen los elementos fundamentales del sistema de equipamientos del municipio. El PGOU está definido por la normativa urbanística de nuestro país y como tal norma es obligatoria; nadie pone en duda la necesidad de la existencia de un PGOU, otra cosa es que se discuta la idoneidad de los mismos por los sesgos de intereses económicos y políticos que, a veces, pueden surgir en su redacción.

El PGOU se refiere a la ordenación del suelo y pocas veces se detiene en la consideración de la movilidad urbana, fenómeno cada día más preocupante en nuestras ciudades.

Los PMUS, que tienen una tradición de poco más de diez años, no disponen de un apoyo normativo y legal tan potente como es el caso de los PGOU, siendo la precitada Ley de Economía Sostenible la que empieza a considerarlos, aunque de manera parcial, pues se conforma con condicionar la obtención de ciertas subvenciones a la existencia de un PMUS aprobado, sin entrar en el grado de ejecución del mismo.

Sin embargo, aunque los PMUS no dispongan de un arropamiento legislativo consistente, sí existen metodologías, desarrolladas desde la UE y desde organismos públicos españoles, que permiten la elaboración de los mismos y, lo que es más importante, existe la constatación de los resultados de estas buenas prácticas en muchas ciudades.

El PMUS de Alicante, puede ser criticable desde muchos aspectos, el primero el que su redacción fue realizada con un escaso presupuesto, y eso se nota, quizá porque estábamos en el punto más profundo de la crisis y había que elaborarlo para recibir una importante subvención como es la del transporte urbano.

El objetivo final de un PMUS es organizar la movilidad de la manera más sostenible posible y eso solamente se consigue reduciendo el uso de medios de transporte motorizados privados, con actuaciones que faciliten su traspaso a modos de transporte público y la adecuación de las calles para facilitar la accesibilidad peatonal. En términos generales esta temática esta tratada por el PMUS de Alicante, por lo que abogamos por el rescate del mismo, dos años después de su aprobación y seis meses después de la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno municipal.

Alicante es una ciudad que durante más de 20 años ha sido diseñada para el tráfico privado y este diseño, antes temprano que tarde, debe ser modificado, cambiando el orden de prioridades (1)-peatón, (2)-transporte público y (3)-transporte privado.