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Sin permiso

El riesgo de asumir lo público

Se veía venir. La difícil situación económica por la que atraviesa la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Alicante (AFEMA) era, hasta cierto punto, previsible. Llevan subsistiendo varios años, salvados siempre in extremis. Pero esta vez el problema ha desembocado en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o, lo que es lo mismo, en el cese o despido -llámenlo como quieran- de una tercera parte de la plantilla. Y, con ello, en la desaparición de gran parte de los servicios que son necesarios para quienes actualmente son atendidos en la asociación.

Digo que era previsible porque es el resultado que cabe esperar cuando se asumen funciones, sin disponer de la capacidad financiera necesaria. Más aún, cuando no existe obligación de ello. Aclaremos. Hay que coincidir con el presidente de AFEMA, Alfonso Rodríguez, en que esta entidad sin fin de lucro ha acabado por hacer suyos unos servicios que debieran corresponder a los poderes públicos. Una situación impropia de una sociedad de corte socialdemócrata, aunque está claro que aquí no somos ni chicha ni limoná. Mientras nos definimos ideológicamente, la salud mental sigue siendo el patito feo de las políticas sociales y sanitarias. Incluso ha perdido ya el glamour que le concedía ser considerada como la Cenicienta. Patito feo y poco más, que de ahí no pasa.

Durante décadas, los enfermos y familiares se han visto obligados a dar respuesta a sus propias necesidades ¿Motivos? No hay otro de mayor relevancia que el abandono institucional. Ni AFEMA ni ninguna otra asociación de afectados ha deseado nunca asumir un rol que no era el suyo. Por el contrario, solo intentan dar respuesta a las carencias del sistema. Esta misma semana, las conselleras de Sanidad y de Políticas Inclusivas escenificaban el desorden suscribiendo un Pacto por la Salud Mental. Un servidor tenía entendido que estos «pactos» se hacían en el pleno del Consell o, para ser más efectivos, delimitando claramente las obligaciones en los correspondientes reglamentos orgánicos de cada departamento. Ahora bien, una buena foto siempre será más mediática que la aprobación de un decreto y su posterior cumplimiento. Y este sector es tan sufrido que se traga cuanto le prometan.

Pues bien, esto de hacer propias las obligaciones gubernamentales no es nada nuevo. La situación es excesivamente habitual y se repite ante otros problemas sociales y sanitarios. En todos ellos coincide el interés por mejorar las limitadas prestaciones que ofrecen las administraciones públicas y, en especial, la autonómica. Mientras el papel de estas organizaciones se limita a mejorar la asistencia, todo va aceptablemente bien. Ofrecen servicios complementarios y que, en cierto modo, pueden considerarse como no prioritarios. Por este motivo se financian con cargo a subvenciones que, para que ustedes lo tengan claro, viene a ser algo así como «vayan haciendo, que luego les daremos algún dinerillo». No hay obligación alguna de sufragar aquello que, por favorable que sea para la sociedad, no ha sido solicitado. De ahí que las subvenciones nunca cubran la totalidad de los gastos y así deberá ser siguiendo. Es una colaboración entre la iniciativa pública y otra, la social, cuya función es obtener recursos ajenos que permitan para alcanzar sinergias.

El problema se agudiza cuando, aun tratándose de organizaciones no gubernamentales, acaban derivando en una dependencia absoluta de lo público. Y es que, poner todos los huevos en la misma cesta, nunca fue una buena idea. Si una entidad tiene un 80% de ingresos procedentes de fondos públicos -como es el caso de AFEMA y de tantas otras- debe ser consciente de que asume riesgos que difícilmente pueden ser afrontados. Basta una serie de retrasos en los pagos para asfixiar económicamente a una entidad. Y en esas estamos.

La asociación, como otras muchas, perdió su independencia financiera cuando aceptó gestionar recursos públicos. Esta ya es otra historia. No se trata de subvenciones graciables, sino de prestar unos servicios a cambio de una cantidad estipulada en un contrato. Desde 2001, AFEMA gestiona un Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) y un Centro de Día, ambos propiedad de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Son palabras mayores porque, cuando se privatiza un servicio -y, no lo olvidemos, ésta es una privatización en toda regla- hay que tener «riñón» para soportar las tensiones de tesorería. En otros términos, disponer de la solvencia económica necesaria. Una condición que difícilmente puede ofrecer quien depende, en tanta medida, de la financiación pública.

¿Responsabilidad de quién? Con seguridad, ni de los enfermos ni de los trabajadores. Tampoco me atrevería a colgarle el mochuelo a los directivos de la asociación. Si algo persiguen estos es que el servicio no acabe en manos de quienes se lucran a cambio de reducir las prestaciones. Más que las demoras en cobrar, llama la atención la naturaleza de la deuda. Desde diciembre del año pasado, AFEMA gestiona los dos centros de la Generalitat ¡sin contrato alguno! Facturas de cajón que luego deben ser reconocidas por el Pleno del Consell, mediante un expediente de resarcimiento. Y de forma consciente y reiterada, mes a mes se repite la historia. Recuerden que, por menos, hay algunos conselleres que están en espera de explicarse ante los tribunales. No se trata, por tanto, de limitaciones presupuestarias sino de una manifiesta incapacidad en la gestión pública. Sin contrato, adjudicando a dedo y pagando tarde. Así de claro ¿Podrían haberse negado? Por supuesto pero, si así fuera, a buen seguro que ambos centros estarían cerrados hace meses. Dudo que nadie hubiera asumido estas condiciones.

La realidad evidente es que las ONGs acaban convirtiéndose -más por obligación que por deseo- en un sector instrumental de las administraciones públicas. Si este es el interés que subyace, mejor será disponer de un instrumento propio, debidamente profesionalizado y transparente. Antecedentes de éxito hay en este país y en la misma materia, que han demostrado su capacidad para solventar muchas de las limitaciones que caracterizan a la encorsetada Administración. En ocasiones, es mejor engrosar el sector público que hacer pifias con el privado. Y esta es una de ellas.

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