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Alfons Garcia

Adiós al modelo Alzira. Una decisión política

¿Ha sido el modelo Alzira de la sanidad un éxito o un fracaso? Ofrecer una respuesta en una palabra se antoja un brindis al sol, porque no existen datos objetivos suficientes para sostener una afirmación u otra. No es una consideración personal. "No hay información clara y disponible para evaluar los resultados después de 14 años", venía a decir un informe de la Unión Europea en 2014 que molestó mucho a los responsables de Ribera Salud, la empresa creada en 1997 para la puesta en marcha del hospital que ha dado nombre a un modelo pionero de gestión privada de la sanidad ahora en retirada.

La Generalitat Valenciana ha decidido no renovar la concesión, que vence el 31 de marzo de 2018, de modo que este 1 de abril se ha iniciado el proceso de transición para que el área de población en torno a Alzira (más de 250.000 personas) regrese al sistema público. Desde este momento, la empresa no puede tomar decisión alguna sin contar con la Administración valenciana.

Así será si no prospera alguno de los recursos que la concesionaria ha anunciado contra una medida que, más allá de los datos, tiene un fundamento ideológico: la convicción en una sanidad pública y universal. Por eso, volviendo al principio, la consideración de éxito o fracaso del modelo es imposible fundamentarla tan solo en fríos datos, que ni siquiera están claros, a juicio de los observadores de la UE. Tocamos la fibra sensible del Estado del Bienestar, la mejor seña de identidad de una Europa que también da síntomas de retirada.

Tampoco se puede hablar además de un único modelo Alzira. El inicial, el que funcionó desde 1999 (fecha de apertura del Hospital de Alzira) hasta 2002, fracasó. Esa afirmación sí se puede sostener sin más debate. Pero vayamos a los orígenes. ¿De qué hablamos con el modelo Alzira? De la construcción privada de un hospital público comarcal -al final ha sido bastante que eso- para su gestión también privada mediante el pago de un canon por habitante del territorio asignado. El gobierno de Eduardo Zaplana (PP) adoptó la decisión asentado sobre el axioma liberal de que la gestión privada es más eficaz y barata. Tan política fue aquella decisión como la actual, de un gobierno en coalición de PSPV-PSOE y Compromís.

Tampoco ha habido un único modelo Alzira, porque la empresa acumuló pérdidas los primeros años (en torno a cinco millones), así que se acogió al auxilio público en 2003. La mayor parte de los costes de levantar el hospital le fueron recompensados (43 millones), más otros 25 por el lucro cesante de los hipotéticos beneficios de los años de servicio que le quedaban. Una decisión que provocó críticas, porque la contrata volvió a convocarse, ahora en términos más ventajosos, y recayó en la misma mercantil (Ribera Salud). La consigna de que con la gestión privada los riesgos de pérdidas si el proyecto no funciona son para la empresa, aquí voló por los aires.

A partir de ese momento, en la segunda versión del modelo, el canon por habitante se ha ido multiplicando (creció de entrada un 68 %), algunas prestaciones (como la farmacia ambulatoria, el transporte sanitario y las prótesis) quedaron a cuenta de la Administración, la atención primaria pasó a incluirse en la hoja de servicios y se abrió la puerta a que la empresa atendiera a pacientes de otras zonas pasando la factura a la Administración.

Una de las críticas al modelo es que ha propiciado desequilibrios con una política de atracción de clientes de otras comarcas para intervenciones sencillas. Por ejemplo, partos. ¿Cómo? Ofreciendo anestesia epidural las 24 horas, algo que no sucedía en otras comarcas. ¿Efectos? Un baby boom en el centro (37 % más). E ingresos en caja, claro. ¿Son aceptables estos desequilibrios en una estructura que debería ser homogénea para todo el territorio?

Lo cierto es que en la segunda etapa la empresa ha obtenido beneficios y, según ha defendido, con un precio por ciudadano un 25 % inferior al de la red pública. Otros estudios rebaten esa tesis y dicen que el coste es algo mayor.

Lo irrefutable para los sindicatos es que las condiciones laborales no son las mismas: el 80 % del personal son contratados laborales, con salarios algo inferiores y más horas de atención. ¿Tienen efectos las condiciones de los empleados en la calidad asistencial? No hace falta decir que la respuesta depende de la fuente. Y, ¿qué pasa con los beneficios que la empresa obtiene? ¿Deberían revertir en el sistema?

En este sentido, un juzgado de València investiga el presunto cobro de comisiones por la empresa en la compra de prótesis, que pagaba la Generalitat. Unos hechos que pueden ser habituales entre comerciantes privados, pero que chirrían cuando se juega con dinero de todos. ¿Y qué pasa con la investigación y con las medidas en salud pública, que los hospitales públicos han de atender? La respuesta a estas preguntas y al panorama antes planteado es lo que ha llevado a la actual Administración a revertir la concesión. Una decisión tan parcial como sostener aquí y ahora el éxito o el fracaso de una experiencia sin precedentes en España. Pero una decisión coherente con lo que planteaba en la oposición y tan ideológica como la que llevó a inventar el modelo Alzira en 1999.

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