Por primera vez en 27 años la provincia y, en particular, Elche se han quedado sin preso indultado en Semana Santa. La Fiscalía y la Audiencia Provincial argumentaron en sus informes que faltaban razones de justicia, equidad o conveniencia pública para conmutar la pena, y que, además, la persona propuesta ya tuvo un beneficio para suspender su condena en dos ocasiones, pero tuvo que ser revocado al no tener una actitud reparadora o colaboradora. Al final, el Consejo de Ministros, contra todo pronóstico, tumbó la propuesta de la cofradía ilicitana. Y contra todo pronóstico porque, el año anterior, los reparos del Ministerio Público sirvieron de poco. El Ejecutivo -en funciones- acabó dando luz verde a la medida de gracia. El caso es que no ha sido algo excepcional este año, aunque se hayan acabado dando siete indultos a cofradías. En Málaga ha pasado algo similar, con el matiz de que allí la tradición era centenaria. La situación, en cualquier caso, ha vuelto a reabrir, si es que alguna vez se cerró, la polémica. Y es que, más allá de si esta medida debe aplicarse o no en Semana Santa, lo que parece evidente es que, después de 147 años, ya toca que nuestros legisladores metan mano a la regulación de los indultos, y más si se tiene en cuenta que, hasta la fecha, las reformas han sido más bien escasas. Y no basta con limitar esa revisión a la prohibición de aplicar la medida a condenados por corrupción o violencia de género. Hay que establecer esas cortapisas y alguna más. La aplicación estricta de la ley, sin tener en cuenta ningún otro condicionante, pueda dar pie, por desgracia, a situaciones totalmente injustas. Ahora bien, más injusto es que en un Estado de Derecho, en el que uno de los pilares básicos es la separación de poderes, el Gobierno de turno utilice como un privilegio de forma totalmente discrecional y sin control alguno la medida de gracia para enmendarle la plana a los tribunales, sólo porque el condenado en cuestión ha sido ministro, es de este o del otro partido, o simplemente el abogado del reo es un exalto cargo. Así sólo se consigue ahondar en las desigualdades y en la injusticia. Por eso, a lo mejor es un buen momento para, aprovechando el viento de cola, establecer unos límites bien definidos. De lo contrario, flaco favor haremos a la democracia, porque lo que debería ser un corrector de desigualdades seguirá desvirtuándose y manteniendo la esencia con la que nació: la de ser una prerrogativa más propia de monarquías absolutas.
