Pese a los intentos no intencionados, sólo faltaba eso, de la directora de Casa Mediterráneo por aguarle la fiesta, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, participa hoy en Alicante en una mesa redonda sobre el agua en la que al final, y tras la oportuna marcha atrás de Almudena Muñoz, tendrá entre los compañeros de mesa a un representante de los regantes alicantinos. Y se presenta, oportunamente, para recibir todos los parabienes de esos agricultores y municipios alicantinos que un día sí, y otro también, se despiertan mirando al cielo esperando esa lluvia que nunca llega (paradójicamente hoy puede llover). Arias Cañete logró hace una semana lo que no había logrado nadie. Recibió el visto bueno del Consejo Nacional del Agua a los peliagudos planes hidrológicos del Segura, Júcar y Tajo que previsiblemente serán aprobados como muy tarde en junio por el Consejo de Ministros. Una buena noticia porque, además, los documentos marcan el inicio de la senda para solucionar de una vez por todas esta sequía crónica que padece la todavía cuarta provincia española, que con inteligencia y sentido común ha sabido capear la situación casi desde 1420, cuando se tienen noticias de la primera petición oficial de agua a Valencia.
El memorándum del Tajo, que garantiza los aportes del trasvase al Segura y a la Mancomunidad de Canales del Taibilla -entidad que da de beber a toda la Vega Baja y, entre otras, a las ciudades de Elche y Alicante- y que el Gobierno central haya despejado, al final y tras casi 13 años desde el 13 de julio de 2001, el futuro del Júcar-Vinalopó al aceptar la toma de Cortes de Pallás -ya veremos lo que sucede cuando haya un nuevo cambio de color político en Madrid- son dos logros en el haber de Arias Cañete que, por lo tanto, puede pisar hoy el Casino con la satisfacción del deber cumplido e, incluso, irse a Bruselas, si le apetece o le apetece a Rajoy, sin ningún remordimiento de conciencia.
Pero en una semana en que tras muchos meses los regantes pueden estar tranquilos, vuelve a pesar como una losa el enésimo desembolso económico que vamos a tener que afrontar los administrados, pues, al final, las obras y el agua las paga el contribuyente, para que el trasvase Júcar-Vinalopó pueda arrancar sin problemas. Una infraestructura que se presupuestó en 250 millones de euros, que ya va por los 400 millones y a la que habrá que añadir, como mínimo, otros 60 millones para activar la toma de Cortes de Pallás, aquella que suprimió por capricho Cristina Narbona, y el coste de reparar las fugas del embalse de San Diego. Al final, un canal que debía estar en marcha desde 2007 costará el doble y, como siempre, la pregunta: ¿quién paga esta fiesta? Nuestros padres de la patria no, por supuesto.
