Se entiende por economía colaborativa aquella que permite a los individuos y grupos cubrir sus necesidades a partir de la movilización e intercambio de activos y habilidades subutilizados. Un modelo que pretende la creación de un mercado muy eficiente de servicios a partir de los activos en manos de los individuos.

El concepto tiene, sin duda, mucho interés, pero es necesario regularlo correctamente porque corremos el riesgo de transformarlo en economía sumergida, con consecuencias poco deseables para todos los participantes y afectados por su actividad.

En mi último artículo en esta columna, que titulaba En el top mundial, hacía mención a uno de esos riesgos en relación con el turismo: el turismo vacacional en apartamentos no específicamente turísticos, en una actividad aún insuficiente o incorrectamente regulada, que impacta sobre la consideración, imagen y competitividad del destino, así como en la vinculación a la actividad turística de la población residente.

Quiero profundizar un poco más en este tema, que es uno de los factores que está impulsando esa imagen de «turismofobia» que empiezan a transmitir algunos destinos -insisto, afortunadamente no en nuestra zona, pero no podemos descuidarnos porque, además, si se deteriora la imagen del país, al final terminamos pagando todos el error-.

Los datos aún no definitivos de la temporada de verano y los que arrastramos durante todo el año hablan de un incremento considerable de los turistas extranjeros en nuestro país, que a final de año puede traducirse en más de 82 millones de visitantes, record histórico hasta ahora. Y sin embargo, la ocupación hotelera en nuestra zona no está teniendo un comportamiento acorde con este incremento de turistas.

La explicación más razonable de este fenómeno debemos buscarla en el aumento de la oferta no reglada de apartamentos para alquileres turísticos, lo que provoca, además de competencia desleal para la oferta regulada, problemas por excesiva concentración de turistas en determinadas zonas y edificios no específicamente turísticos, con impactos negativos sobre el territorio por la vía de problemas de vecindad ?los horarios de turistas y residentes, por ejemplo, no suelen coincidir, como apuntaba en aquel artículo, ocasionando problemas de convivencia-, o elevación de precios de las viviendas y alquileres en esas zonas, con dificultades añadidas para la población autóctona, aun tratándose en muchos casos de turismo de bajo coste pero que al multiplicar mucho la ocupación, termina elevando considerablemente los precios de alquiler y compra de vivienda en la zona.

Su impacto sobre la población residente puede llegar a ser tan fuerte que derive en esas situaciones que estamos conociendo este verano de «turismofobia» en algunas zonas, lo que facilita adicionalmente la entrada de grupos antisistema que aprovechan el disgusto popular para tensar la situación sin ningún objetivo concreto salvo el de destruir un sector fundamental para nuestra economía.

Es un tema, como apuntaba en aquel artículo, que no podemos aplazar y que desde la administración debería abordarse de manera global; es decir, desde la regulación de zonas o edificios que pueden albergar los alquileres turísticos, el control de los mismos tanto en ocupación como en calidad, así como en su contribución al mantenimiento del entorno vía impuestos como el resto de actividades y negocios turísticos correctamente regulados.

La Administración Valenciana está dando pasos, en mi opinión, en la dirección correcta, y el anteproyecto de ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad es una herramienta excelente para tratar de regular la industria.

Sin pausa, pero con una cierta prisa.