El alcalde, Gabriel Echávarri, pasa de investigado (lo que antes era imputado) a procesado porque, de la lectura de los veintidós folios del auto judicial, queda claro que la jueza tiene más que fundadas sospechas de que vulneró la ley para realizar adjudicaciones directas de manera arbitraria para beneficiar a quien consideró. Este incumplimiento de la ley -el fraccionamiento de contratos en Comercio- ha llevado a la magistrada a dejar evidencia escrita de su asombro por un hecho que en el entorno político, periodístico y jurídico viene siendo objeto de comentario desde que Echávarri empezó con sus problemas con la Justicia por decisiones arbitrarias. «Además es abogado en ejercicio», se afirma en el auto, por lo que no puede alegar desconocimiento sobre la imposibilidad legal de delegar sus competencias como concejal de Comercio en un asesor de su grupo político, Pedro de Gea; ni ignorar que la ley no permite a su jefe de Alcaldía, Lalo Díez, también asesor, firmar facturas en nombre del alcalde. Es abogado y, por ello, se le presuponen conocimientos jurídicos más que suficientes para saber que la ley hay que cumplirla. La ley es ley para todos.
