En un tiempo récord que debería servir de ejemplo (o de vergüenza, según se mire) a algunos de sus colegas, la magistrada María Luisa Carrascosa ha investigado una presunta prevaricación en el Ayuntamiento de Alicante que no sólo acerca a Gabriel Echávarri al banquillo sino que, de confirmar un tribunal todos los extremos a los que la instructora alude en su auto, acaba con la carrera política del regidor. Una resolución contundente y prolija en detalles y referencias jurídicas con la que la juez, además de ponerle difícil la faena a las defensas de cara a conseguir un golpe de timón en la Audiencia, da una lección magistral de lo que debe ser el santo y seña de un responsable público. Asevera Carrascosa para explicar el sentido del castigo penal a la prevaricación que «nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes públicos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos deberían ser los primeros custodios». Una afirmación tan universal que se puede aplicar por igual a quien supuestamente se ha saltado (o ha permitido que otro u otros lo hagan) los procedimientos legalmente establecidos en materia de contratación que a expresidentes autonómicos que han hecho lo propio con las leyes que rigen un Estado de Derecho. Dos actuaciones judiciales sobre las que los afectados bien podrán argüir, como han hecho, que detrás está la política. Y no digo que no sea cierto. Pero ni el primer edil de Alicante estaría en estos momentos en la delicada situación tanto jurídica como política en que se encuentra ni Puigdemont prófugo de la Justicia española si ninguno de los dos hubiera transgredido, presuntamente, las normas vigentes. Puede parecer una simpleza pero a mí se me antoja otra lección.
